“U”: Objetan suspensión de caso Copaga y apelan
La familia del estudiante Jhon Copaga Vargas (23), herido con una granada de gas en el rostro en el conflicto de 2015 en la UMSS y actualmente con daño cerebral, apeló el sobreseimiento o suspensión del proceso por falta de pruebas contra el policía Jhonny Salazar.
El fiscal de Distrito, Ever Veizaga, tiene cinco días para pronunciarse sobre la objeción al sobreseimiento a favor de Salazar, detenido por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves al estudiante.
La abogada de la familia Copaga, Ruth Torrico, además presentó una denuncia contra los fiscales que indagaron el caso: Lizeth Martínez, Rubén Arciénaga y otros dos, por la comisión de faltas graves por la mala valoración de las pruebas.
Torrico denunció que los fiscales emitieron la suspensión del proceso sin haber agotado todas las actuaciones, entre ellas la inspección al lugar de los hechos. El sobreseimiento se sacó el 4 de marzo y la inspección se programó recién para el 7. Asimismo, observó que las declaraciones, filmaciones, las publicaciones y testimonios que identifican “plenamente” al policía no se tomaron en cuenta.
Además, uno de los peritos argumentó que no se pudo individualizar al uniformado porque la imagen sale pixelada, lo que contradice al informe del Comando que identifica a Salazar.
El abogado del policía, Edwin Montaño, puso en duda que Salazar fue quien disparó la granada. “No es él quien ha disparado, ésa es la bronca con el Comando porque no se dejan de encubrir a algunas personas y por qué los ofrecimientos de que se te va a dar una mano”, aseveró.
El dirigente de la FUL, Jarlin Coca, dijo el sobreseimiento “tiene dos explicaciones: corrupción e intervención política. Corrupción, porque justo cuando Waldo Jiménez tiene que declarar viene el sobreseimiento de la Fiscalía y en lo otro influencia del Gobierno”.
Exrector
La abogada de Copaga, Ruth Torrico, amplió el proceso contra el exrector de la UMSS, Waldo Jiménez, por lesiones graves, leves y tentativa de homicidio.
Jiménez acudió ayer para declarar en la Fiscalía Corporativa de Delitos Contra la Vida, pero salió inmediatamente. “Este acto quedó anulado por la resolución de sobreseimiento en el que los actuados posteriores no sirven”, explicó su abogado, Bladimir Valdivia.
El exrector tildó la acción legal como “una acusación temeraria” porque no tuvo contacto con la Policía, que “tomó una conducta de no meterse en los conflictos universitarios” y dijo que es “absurdo” acusarlo como autor intelectual.
