López Obrador está decidido a investigar crimen de estudiantes
EFE y AFP
El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó ayer su “transformación” del país con ruedas de prensa madrugadoras y la instalación de una comisión de investigación para esclarecer el sonado caso de 43 estudiantes desaparecidos en 2014, conocido como Ayotzinapa.
El izquierdista, ampliamente conocido por sus iniciales como AMLO, ha prometido una ruptura con el pasado, y la inició con una nueva investigación de un caso que es una de las manchas más oscuras del Gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.
“Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, dijo López Obrador tras firmar el decreto que crea la comisión investigadora.
“Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, agregó.
Según la hipótesis que manejó la Fiscalía bajo Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa para maestros rurales estaban en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías locales.
Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.
Sin embargo, el Gobierno de Peña Nieto fue fustigado por el ombudsman de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones de derechos humanos.
La nueva comisión se conformará formalmente en 30 días hábiles y estará integrada por los padres de los estudiantes y miembros del Gobierno, así como expertos y técnicos profesionales.
Retomará las investigaciones y recomendaciones emitidas por el ombudsman y otros organismos, según informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste ni en ningún otro”, añadió López Obrador.
Más temprano, el Gobierno de López Obrador rompió con el estilo más distante de la administración anterior al anunciar reuniones diarias con el gabinete de seguridad seguidas de conferencias de prensa.
“De lunes a viernes, a las seis de la mañana como lo hicimos hoy, nos vamos a reunir con los integrantes del gabinete de seguridad pública porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos”, dijo AMLO durante la conferencia, similar a las que sostenía cuando era alcalde de Ciudad de México (2000-2005).
Las conferencias de prensa abiertas casi no existían bajo el Gobierno de su antecesor, Peña Nieto, quien pocas veces aceptó preguntas de la prensa.
México se ha visto fuertemente golpeado por la violencia ligada al narcotráfico desde que el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) desplegó al Ejército para combatir al crimen organizado.
López Obrador dijo el sábado que mantendrá al Ejército en tareas de seguridad y que creará una guardia nacional que será coordinada por los militares, lo que le trajo críticas de defensores de derechos humanos, quienes sostienen que la participación de las Fuerzas Armadas agrava la violencia.
VENDEN AVIÓN. COSTÓ 218,7 MILLONES DE DÓLARES
López Obrador ordenó la venta del avión presidencial.
El Boeing 787-8, de 57 metros de largo y 60 de ancho, fue adquirido en 2012 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), aunque no llegó a México hasta febrero de 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y entre críticas por su costo de 218,7 millones de dólares.
“OFENSA PARA EL PUEBLO”
El nuevo titular de esta cartera, Carlos Urzúa, revisó personalmente el estado del avión, que tiene una capacidad para 80 pasajeros y cuenta con un baño completo, una recámara y un despacho para el Presidente.
López Obrador siempre señaló que no usaría el avión porque su costo era “una ofensa para el pueblo”.
