Brasil en el laberinto de la corrupción

Nada retrata mejor la situación política brasileña actual que la siguiente expresión popular: “Se corre o bicho pega, se fica o bicho come”, que sería algo como: “si corres el animal te agarra, y si te quedas el animal te come”.  Es decir, que Brasil se encuentra en una encrucijada política que parece no tener una salida.

La teledramaturgia brasileña tan prestigiosa –recordemos el Bien Amado, Doña Beija, Roque Santeiro, Ave. Brasil– ha sido superado por una compleja trama que mezcla traición,  mentiras, poder y dinero. Veamos los capítulos más jugosos.

El origen del problema: la corrupción en la empresa bandera del vecino país, Petrobras, que involucra a la élite política, a altos ejecutivos y a poderosos líderes empresariales. Una descomposición ética que traspasa a la mayoría de los partidos políticos de Brasil. Nadie se salva, ni el oficialismo, encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ni la oposición cuya agrupación más visible es el  Partido Social Democrático (PSD) de Fernando Henrique Cardoso y Aecio Neves, menos aún el PMDB, agrupación con más historia. En el Congreso brasileño, el 60 por ciento de sus integrantes enfrenta algún tipo de proceso por corrupción. En la semana que termina, se descubrió una lista de más de 300 políticos de 24 partidos políticos nacionales y municipales que habrían recibido recursos de una empresa constructora como Odebrecht.   

El modus operandi: financiamiento de campañas electorales por empresas privadas constructoras, contratos sobrefacturados de obras faraónicas de la petrolera estatal para pagar favores, una mafia política y gerencial que distribuía los proyectos y un cartel de empresarios corruptos que se repartían una piñata de miles de millones de dólares. La trama fue descubierta por una policía federal muy profesional y un grupo de jueces implacables e incorruptibles, cuyo símbolo es el magistrado Sergio Moro. El nombre de la operación: Lava Jato (hace alusión a la limpieza profunda de automóviles con mangueras de alta presión). Los resultados de dos años de investigación: más de una veintena de altos ejecutivos de Petrobras, políticos y empresarios en la chirola, que destapan más aún el escándalo porque se delatan y confiesan sus crímenes a cambio de reducir sus penas, aprovechando la figura jurídica conocida como delación premiada.

Hasta hace unos cuatro meses atrás, el pulpo de la corrupción no había alcanzado directamente a la presidente Dilma Rousseff ni al líder histórico Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos negaban las acusaciones que habría nombrado a muchos de los directores y gerentes de Petrobras involucrados en el escándalo y por supuesto, decían que desconocían el esquema de corrupción montado, pero en los últimos 15 días una vorágine de información y denuncias amenazan llevarse por delante la presidencia del Dilma, a través de un Impeachment (proceso de destitución previsto en la Constitución brasileña) y destrozar el prestigio de Lula, quien inclusive podría ir preso. En el medio de la investigación, se descubre que el senador del PT Delcirio de Amara, líder del oficialismo en el Congreso, había intentado interferir con la justicia evitando que un director de Petrobras confesara el involucramiento de políticos y empresarios vinculados a Lula, razón por la cual un senador en ejercicio de la República Federativa de Brasil fue apresado por primera vez en la historia política. Paralelamente, avanza la investigación sobre dos propiedades que pertenecerían al expresidente Lula. Un departamento de tres plantas frente al mar y una finca a las afueras de San Pablo, y que habrían sido reformados, de manera lujosa, por empresa como OAS que participó en el esquema de corrupción de Petrobras. De pasada, cabe mencionar que esta constructora es la que se adjudicó la construcción de la Carretera por el Tipnis. Asimismo, se sospecha que varias empresas constructoras, involucradas en los negociados con la estatal petrolera, habrían financiado al Instituto Lula y pagado varios millones de dólares a una empresa del expresidente que se dedicaba a dar charlas. Según él, cobra un millón de dólares por presentación.

Estas sospechas llevaron al juez Moro a llevar, de manera coercitiva, al líder brasileño para que declarase por tres horas. A inicios de marzo se conoce que el senador Amaral firmó una delación premiada donde señala que tanto la Presidenta Dilma y Lula eran responsables por el nombramiento de varios ejecutivos de Petrobras, y que, además, conocían del esquema de corrupción de la empresa. Una bomba política y por supuesto desmentido de las autoridades. Frente a la inminencia del apresamiento de Lula, el gobierno nombra al expresidente Ministro de la Casa Civil. (Ministro de la Presidencia en nuestra jerga). El argumento oficial, Lula ayudaría a la recomposición de la base aliada en el Congreso. El panorama se complica porque se saca a la luz grabaciones de conversaciones entre la presidenta Dilma y Lula que parecen confirmar la entrega de salvoconducto para evitar a Moro. Se inicia una batalla legal que impide la posesión de Lula en su nuevo cargo. 

Con estos antecedentes se inicia el Impeachment por un Congreso cuestionado y sin autoridad moral para llevar adelante este proceso porque buena parte de él también estaría involucrado en el esquema de corrupción. El oficialismo habla de golpe de estado. La línea sucesoria está totalmente cuestionada. El Vicepresidente Temer es acusado de un negociado con etanol, el Presidente de Diputados es sospechoso de recibir 40 millones de dólares en sobornos. Renan Calheiros, presidente del Senado, también habría recibido dineros sucios de Petrobras. No sería extraño que en la sucesión, la Presidencia caiga en las manos de la cabeza del Tribunal Supremo Federal. No se pierda los próximos capítulos de la apasionante novela: Brasil en el laberinto de la corrupción

El autor es economista.