Aumento salarial, incentivos perversos

Durante los últimos 10 años, la gran cantidad de recursos que el país ha percibido, han permitido al gobierno la aplicación de políticas públicas ineficientes y hasta destructivas de las bases económicas sobre las que se sostiene una economía estable en el largo plazo.

Una ejemplo claro es la política salarial y laboral, que en conjunto han establecido un esquema de incentivos perversos que, hoy, ante la ya innegable desaceleración de la economía, tendrán sus efectos en el corto y mediano plazo. Para explicar qué se ha hecho mal, es necesario partir de lo que sucedería en un mundo ideal a la hora de negociar un incremento al salario.

En primer lugar, los empleadores evaluarían la pertinencia o no de un incremento salarial en función de dos elementos: la variación de costos que han enfrentado y la productividad de sus trabajadores. Si esta última variable muestra incrementos más altos que los observados en los costos que enfrenta el empleador, éste tendrá ganancias extraordinarias y por lo tanto podrá incrementar los salarios manteniendo un margen de utilidad. De lo contrario, cualquier incremento al salario sólo sube sus costos, reduciendo su capacidad para invertir en el futuro.

Los trabajadores, por su parte, determinarán un rango para sus exigencias: el incremento mínimo que pedirán está en función de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, mientras que el techo debería ser una cifra tal que les permita obtener el máximo incremento posible sin generar desempleo. Al fin y al cabo los sindicatos defienden a los trabajadores (no a los desempleados), pero aún en ese contexto, exigencias demasiado altas pueden llevar al cierre de empresas, lo que reduciría la cantidad de sus afiliados.

Finalmente, el Gobierno, debería determinar un incremento salarial que permita dinamizar la economía sin recalentarla; es decir, sin generar una inflación que no esté explicada exclusivamente por factores productivos o tecnológicos.

En esta situación, la del “deber ser”, se puede observar que todos los que intervienen en la negociación tienen incentivos y restricciones, hecho que nos mantiene en el terreno de la racionalidad y que es precisamente del que nos ha alejado el gobierno con su política económica.

En primer lugar, se han eliminado casi por completo las posibilidades de los empresarios para despedir trabajadores, lo que a priori parece un elemento positivo que cumple con el principio de la “estabilidad laboral”.

Sin embargo, no poder despedir no significa que las empresas no puedan cerrar, o peor aún, que aquellas empresas que estaban por abrirse decidan no hacerlo o lo hagan al margen de las regulaciones. Por lo tanto, a nivel social, este tipo de medidas lo único que hacen es proteger a un pequeño grupo de asalariados, en desmedro de las posibilidades de más y mejor empleo para el resto de la sociedad.

Por otro lado, la negociación “ideal” es tripartita; es decir, intervienen el Estado, los empleados y los empleadores. ¿Por qué? Porque sólo así se asegura incluir en la discusión el factor de la productividad, sin embargo, en los últimos 10 años, el Gobierno ha eliminado de la discusión a las empresas, dictando incrementos salariales que han elevado considerablemente los costos laborales.

Ahora bien, si los incrementos salariales han sido excesivos, y la productividad no ha subido, usted podría preguntarse ¿por qué la inflación no se ha disparado? La respuesta es simple: se ha mantenido un tipo de cambio bajo para, entre otras cosas, compensar los incrementos en los precios de los bienes nacionales con importaciones relativamente más baratas.

Esta forma de encarar la negociación salarial ha sido muy rentable en términos políticos, pero es sumamente peligrosa para la sociedad, porque no contempla la creación de empleo o mejorar la calidad del mismo. El Gobierno tiene la oportunidad de establecer políticas públicas menos rentistas y más enfocadas en el largo plazo.

El autor es  economista.