¿Estimulará realmente el Plan de Trump la demanda en EEUU?
CAMBRIDGE – Desde el momento en que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la prensa y los mercados financieros se han centrado en su propuesta de reducir impuestos y gastar 1 millón de millones de dólares en infraestructura, durante el transcurso de la próxima década. La expectativa de que estas políticas vayan a incrementar la demanda agregada ha elevado las tasas de interés a largo plazo en 50 puntos básicos.
Sin embargo, el supuesto de que las políticas de Trump conducirán a precios y salarios más altos no cuadra con los detalles de sus propuestas. Cualquier persona que escuchó sus discursos o leyó el material de su campaña debería haber notado que Trump no estaba proponiendo que el gobierno federal llevara a cabo la inversión en infraestructura. No estaba pidiendo un estímulo fiscal keynesiano basado en el gasto deficitario. En vez de ello, la campaña de Trump propugnó un “sistema de créditos de impuestos por infraestructura que tenga efecto neutral sobre el déficit”, el propósito de dicha propuesta es proporcionar incentivos a las empresas privadas para que ellas emprendan proyectos de construcción de carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, etc.
Por supuesto, no hay seguridad sobre la aceptación del Congreso de nuevos créditos de impuestos en tales magnitudes. E incluso, si el Congreso los acepta, no está garantizado que las empresas vayan a responder según se espera que lo hagan.
Los tradicionales créditos de impuestos por inversiones se utilizaron con éxito en el pasado para incentivar a las empresas, para que ellas, a su vez, amplíen su capacidad para producir los productos que fabrican y venden. Pero, ¿cómo percibirán ingresos las empresas por poseer carreteras, puentes y túneles? E incluso, cuando sí se perciban ingresos, como podría suceder en el caso de los aeropuertos, las empresas podrían desanimarse por la necesidad de contar con acuerdos de precios a largo plazo.
También es fácil caer en la trampa de pensar en las reducciones de impuestos como una forma de estimular la demanda agregada. Pero los republicanos del Congreso pueden insistir en pagar por las reducciones en el impuesto sobre la renta personal mediante la limitación de las deducciones que las personas usan ahora para bajar sus facturas de impuestos. El plan de impuestos presentado en nombre de los republicanos por Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, propugna que se eliminen todas las deducciones que no sean las otorgadas por contribuciones benéficas e intereses hipotecarios. Ese cambio elevaría los ingresos a un nivel equiparable a aproximadamente el 1 por ciento del PIB, lo suficiente como para pagar por reducciones muy sustanciales en las tasas impositivas individuales.
La famosa Ley de Reforma Fiscal del año 1986 de Ronald Reagan fue una política orientada a la oferta, misma que fue diseñada para mejorar los incentivos, en lugar de ser una política tradicional orientada a la demanda que se diseña para poner más dinero en los bolsillos de las personas. El plan tributario de Reagan utilizó cambios en las deducciones y en otras reglas contables para pagar por las importantes reducciones en las tasas impositivas, mismas que bajaron la tasa máxima de impuestos del 50 al 28 por ciento. Las tasas impositivas marginales más bajas indujeron a los individuos a trabajar más y a recibir más de sus ingresos potenciales en dinero en efectivo sujeto a impuestos, en lugar de recibir pagos en beneficios complementarios y otras formas de compensación que no están sujetas a impuestos.
Si los individuos no hubieran respondido a los incentivos cambiados, la reducción de impuestos de Reagan habría sido neutra con respecto a los ingresos. Pero, debido a que los contribuyentes sí respondieron a los incentivos mejorados, los ingresos reales antes de impuestos aumentaron en los hechos y la recaudación de impuestos también aumentó. Sería aconsejable que el Congreso de mayoría republicana modelara las reducciones tributarias de Trump siguiendo las políticas del lado de la oferta de Reagan.
En los 30 años transcurridos desde la promulgación de las reducciones de impuestos de Reagan, las tasas impositivas han aumentado sustancialmente, particularmente para los contribuyentes de ingresos más altos. La tasa máxima se ha incrementado del 28 a 39,6 por ciento en el caso de sueldos y salarios, y a más del 43 por ciento para algunas formas de ingresos provenientes de inversiones.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la tasa impositiva efectiva disminuyó para la mayoría de los grupos de ingresos en los 30 años que transcurrieron entre el año 1984 al 2013, pero aumentó sustancialmente para el 1 por ciento en la parte superior. Más específicamente, para los hogares del quintil más bajo, la tasa impositiva efectiva en el año 2013 fue del 3,3 por ciento, aproximadamente la mitad de lo que fue, en promedio, en los últimos 30 años.
En este contexto de alzas en tasas impositivos y desplazamiento en la carga impositiva a los que tienen mayores niveles de ingresos, no sería sorprendente que el Congreso redujera las tasas impositivas máximas y ampliara la base impositiva en una forma neutral con respecto al nivel de ingresos.
Por supuesto, no hay razón para buscar un aumento en la demanda agregada en este momento. La economía ha alcanzado esencialmente el pleno empleo, con una tasa de desempleo de 4,9 por ciento en octubre. El mercado laboral ajustado causó que el índice de precios al consumidor (que excluye alimentos y energía) subiera en un 2,2 por ciento el año pasado, frente al 1,9 por ciento del año anterior. Y los salarios de los trabajadores de la producción aumentaron en un 2,4 por ciento, un aumento más rápido en comparación con el aumento de los precios. La Reserva Federal puede comenzar el proceso de elevar las tasas de interés en diciembre sin tener la necesidad de un impulso fiscal compensatorio para impulsar la demanda.
El autor es profesor de Economía en la Universidad de Harvard y presidente emérito de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan entre 1982 y 1984.
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