Acción popular contra proyectos hidroeléctricos

El Parque Nacional Madidi, área protegida calificada por “National Geographic” como la mayor reserva ecológica y biológica del planeta, con riqueza que comprende miles de especies diferentes tanto en fauna como en flora,  alberga en zonas aledañas al río Beni, entre  los Departamentos del Beni y de La Paz,  a comunidades originarias de Mosetenes, Lecos, Tacanas, Araonas, Chimanes, Uchupiamonas.

Se sabe que desde hace más de 60 años fueron presentadas sendas propuestas de construcción de una represa para proyecto hidroeléctrico en la encañada del Bala, en pleno Parque Madidi, todas las cuales fueron rechazadas por su negativo impacto en el orden ambiental.

 Ese proyecto fue desempolvado por el actual Gobierno, no para una represa sino para dos (Encañada del Bala y Serranía del Chepete), a sabiendas de que afectará directamente a las áreas protegidas no solamente del Parque Nacional Madidi  sino también de la denominada  “Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón-Lajas”, extendida entre los Departamentos de La Paz y el Beni, que forma parte de un extenso corredor biológico entre Perú y Bolivia, habitado principalmente por comunidades Chimán, Mosetén y Tacana, con las mismas características del Parque Madidi en riqueza de fauna y flora.

Según estudios efectuados, las represas del Chepete y del Bala inundarán en conjunto 771 kilómetros  cuadrados de la Amazonia, y darán como resultado la deforestación de más de 80.000 hectáreas, y el traslado a otras zonas de varios miles de personas de esas regiones.

La Constitución Política del Estado, promulgada por el actual Gobierno el 7 de febrero de 2009, señala en su artículo 30 que los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados cada vez que se emitan medidas legislativas susceptibles de afectarles. Habiendo las autoridades centrales considerado de prioridad nacional la construcción de esas dos represas, no dieron cumplimiento para ese efecto a la indicada norma. Al respecto, el Presidente de la República dijo: “Las consultas perjudican al Gobierno”.

Pese a la fuerte resistencia  a ese proyecto por parte de habitantes de todas las zonas afectadas, el Gobierno sostuvo que no desistirá de su propósito.  En respuesta a tal determinación, a fin de hacer prevalecer sus derechos, 20 comunidades comprendidas entre los Departamentos del Beni y de La Paz han optado por recurrir a la denominada “Acción Popular”  establecida por los artículos 135 y 136 de la actual Constitución Política del Estado.

 La Acción Popular, aplicable con el mismo procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional, procede contra  actos u omisiones  que violen o amenacen violar derechos e intereses colectivos, relacionados, entre otros, con el espacio, la seguridad, y el medio ambiente. Puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza, sin que para ello sea necesario agotar la vía judicial o administrativa, por cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio,  por el Ministerio Público y por el Defensor del Pueblo cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos.

El autor es abogado.