Declaración

Los ciudadanos que firman la “Declaración conjunta en defensa de la democracia y justicia” no son desconocidos para los bolivianos. Cada uno de ellos posee un pasado político, un presente, y se podrá compartir sus ideas, discrepar con sus posturas, con su forma de administrar la cosa pública, pero el documento de referencia es una señal que no dejará indiferente a nadie.

Cabe destacar que en el texto no se habla de ideología ni de pactos, y nada hace pensar que en el futuro haya una profundización de lo que para el oficialismo es un acto de oposición política; que mereció una respuesta que no llega al fondo de lo que allí se pide y se denuncia.

La judicialización de la política es algo que el ciudadano de a pie lo percibe, le preocupa pues ve que con esa actitud el Gobierno asume posiciones en contra de la independencia de poderes, lo que en última instancia afecta su vida y por ello quiere cambios que permitan a los jueces, fiscales, ejercer con apego a la ley. En este punto, es conveniente dar señales claras al ciudadano para que este no dude de que está vigente la separación de poderes. Quizás la elección y reelección por voto popular de los fiscales departamentales sea una de ellas.

El Fiscal de Distrito electo debería responder al ciudadano y no al poder de turno, como sucede a ahora ya que su permanencia en el cargo depende de que acate las órdenes políticas.

La elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resultó un fracaso porque la selección política previa, fruto del cuoteo de las organizaciones sociales, no fue una buena opción como lo reconoció el Vicepresidente de la República. El Gobierno tiene en sus manos el mecanismo para satisfacer esa demanda, antes de que se lleve a cabo el proceso para habilitar a los abogados que se postularán al TSJ. Si se reconoció que el cuoteo fracasó, pues solo queda crear mecanismos que garanticen transparencia para tratar de salvar el sistema de justicia; porque sin justicia no habrá democracia. 

La manera de recuperar la confianza es conseguir la participación ciudadana más allá del voto, previa al mismo tal como se hace con la socialización de algunos proyectos que interesan al poder.

Los expresidentes, un ex vicepresidente y líderes políticos, también se pronunciaron a favor que se respete el voto de los bolivianos en el referendo del 21 de febrero de 2016, quienes negaron la posibilidad de una nueva reelección del presidente Morales. Sustentan el mismo en que no hacerlo implica una violación de la soberanía popular y de la Constitución. Aquí una espina difícil de no sentirla en el centro del poder. Quizás por eso la reacción descalificadora de los individuos antes que el análisis sereno del documento; que tal vez se de en los próximos días porque es necesario el diálogo constructivo que nos permita avanzar como sociedad organizada.

La decisión de hacer una declaración de este tipo ha causado sorpresa en diferentes sectores, mas ella no se la debe ver como un acto de unidad de opositores. Es una obligación de quienes han cumplido  un rol en la vida pública, quienes son jefes de partidos políticos, pues la democracia y la justicia son valores fundamentales para que una sociedad se desarrolle. Hay que preservar la nación que es la casa grande.

Quizás el haberse preocupado por un problema más hubiese dado mayor fuerza al documento publicado este pasado jueves 13 de abril, y es la corrupción que nos corroe los cimientos de la institucionalidad. Aquí también se precisa un pacto, una defensa cerrada del dinero de todos, que permita tener esperanza de que nuestros impuestos no irán al bolsillo de políticos ladrones y empresarios corruptos.

El autor es periodista.