Experiencia en cabeza ajena

La amazonía, que comprende a ocho países (Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Suriname), alberga a 3 millones de indígenas con 250 lenguas diferentes, siendo de ellas las más numerosas las familias lingüísticas aruak, karibe y tupí-guaraní, y, además, concentra entre el 30% y el 50% de la fauna y flora mundial.

Contrariamente a lo sucedido en otras regiones, todavía la nuestra conserva en gran medida su parte de ese valioso tesoro natural. En el resto, hoy la amazonía es devorada por empresas madereras y papeleras, por compañías petroleras y mineras, hidroeléctricas, farmaceúticas, agroindustriales y grandes carreteras que cortan las selvas y territorios de los pueblos indígenas que en ellas habitan.

Las mafias del narcotráfico se hicieron dueñas de la región y controlan ejércitos de pistoleros y mercenarios dispuestos a cualquier cosa. Los más afectados en estos procesos son los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la región.

Esa realidad que afecta en alto grado a los otros países del área debería servirnos de ejemplo para una lucha frontal contra proyectos que están en vías de ejecución con grave desconocimiento de disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, que obliga a los gobernantes a conservar y proteger los derechos de comunidades aborígenes, la integridad de territorios indígenas originarios, y los recursos naturales.

Uno de esos proyectos es el de instalación en el Departamento del Beni de represas hidroeléctricas en zonas de la serranía del Chapete (Territorio Indígena de Pilón-Lajas) y en la encañada del Bala (Parque Nacional Madidi) para instalación de plantas hidroeléctricas. Autoridades del Gobierno central están empeñadas en ejecutar su plan.

Entre las más notables exposiciones de alerta acerca del tema es el que expuso hace treinta años en México nuestro compatriota Oscar Arze Quintanilla, que entonces ejercía el cargo de Director del Instituto Indigenista Interamericano, quien publicó un valioso ensayo titulado “El impacto social de las represas hidroeléctricas en los grupos étnicos americanos”, en el que explica que en otros países del área amazónica el desalojo y traslado de poblaciones indígenas fue causante de profundos desequilibrios en sus vidas poniéndolos en riesgo de extinción, sin respeto de su forma peculiar de relación con la naturaleza ni su particular organización social y económica.

El otro proyecto de gravísimo impacto por ser igualmente ocasión de daño irreparable, es el de construcción de una carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), destinada a quebrantar el Territorio Indígena comprendido en el Parque Nacional Isiboro-Sécure, pese a la Ley 180 de 24 de octubre de 2011 promulgada por el presidente Evo Morales, que otorga al indicado Parque Isiboro-Sécure el carácter de “patrimonio socio-cultural y natural, zona de protección ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas chimán, yuracaré y mojeño; indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable, irreversible e intangible”.

Lamentablemente, está en estudio en la Cámara de Senadores un plan para anular esa ley protectora a fin de dar lugar al arrasamiento de esa zona.

 El autor es abogado