Fuerzas debilitadas
Las Fuerzas Armadas de la Nación empezaron a debilitarse cuando admitieron sumisamente utilizar como emblema una divisa con amenaza de muerte a quienes no comulguen con la posición ideológica de políticos en funciones de gobierno. Su decaimiento iniciado entonces los tiene postrados como consecuencia de actos de corrupción que ocasionaron al Estado la pérdida de 40 millones de dólares.
Uno de esos actos es el de inversión de 26 millones de dólares para adquisición en la China de 16 barcazas (lanchones para trasladar carga de los buques a tierra y viceversa) y de dos artilugios denominados “empujadores”, todos los cuales nunca fueron entregados a la Armada Boliviana. También respecto a la Armada se informó que en su seno se gastaron 3 millones de bolivianos sin descargo alguno.
Otro caso es el de inversiones en el seno del Ejército Nacional por un monto de 61 millones de dólares para construcciones en distintas regiones del país, que jamás se realizaron. A ello se añade el gasto de 10 millones de bolivianos, igualmente en el Ejército Nacional, para adquisición de cemento asfáltico que nunca se concretó.
En la Fuerza Aérea se perdieron 5 millones de bolivianos por suscripción de contratos calificados como lesivos al Estado. Se sabe que, además, hay 300 procesos contra militares en la vía civil y coactiva fiscal.
Nada se ha dicho en torno a la información proporcionada por el Ministro de Defensa en abril de 2012 sobre el hecho de que el 20% de barcos con bandera boliviana fue detenido por irregularidades, ni sobre el descubrimiento en septiembre de 2015 en costas de Grecia de un buque con bandera boliviana que llevaba un cargamento de armas destinadas a Libia, ni sobre la noticia publicada en enero de 2016, según la cual en Turquía se capturó un barco de carga con bandera boliviana que transportaba droga en inmediaciones del puerto de Tobruk.
Según el Decreto Supremo 27023 de 23 de marzo de 2003, la autorización para conducir barcos con bandera boliviana está confiada a una entidad desconcentrada del Ministerio de Defensa denominada “Registro Internacional Boliviano de Buques”, con obligación de cumplir y hacer cumplir normas nacionales e internacionales, acuerdos o convenios suscritos por Bolivia sobre navegación marítima. La tuición plena de esa entidad está confiada a un Directorio conformado por el Ministro de Defensa, el Ministro de la Presidencia, el de Desarrollo Económico, el de Comercio, y el Comandante de la Fuerza Naval.
Todos ellos den explicaciones al respecto, correspondiendo al Gobierno proceder inmediatamente a derogar ese decreto.
El autor es abogado
Columnas de JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES