¿Revocatorio a Leyes? ¡Qué dilema!

En días pasados, varios tribunales departamentales electorales habilitaron más de media centena de solicitudes para la impresión de libros de adhesión ciudadana para impulsar la revocatoria de mandato a similar cantidad de autoridades electas en todo el país. Entre ellas, para el municipio del Cercado de Cochabamba, a cargo del Dr. José María Leyes. Ya salieron personeros de su entorno a defenderlo y denunciar que se trata de una estrategia –venganza– del Gobierno para acortar su gestión. Voces ciudadanas pronunciaron su respaldo, algunas otras, indican que debe irse.

Por k’ochala y contreras,  en lugar de alegrarme (bien tirado) o encabronarme (que miÉchica), me parece una buena noticia. Comparto el criterio de varios analistas sobre que la revocatoria del mandato se ha instrumentalizado de manera tal que obedece únicamente al cálculo político y no al interés ciudadano, pero, en el caso de Cochabamba, me parece muy oportuna.

Las elecciones del 2015 me dejaron tres grandes dudas. Primero, una encuesta de Ipsos (coincidente con varias) de febrero de 2015, mostró una tendencia favorable a Rebeca Delgado (37%) cuando ella todavía figuraba como candidata por Único; el segundo lugar lo ocupó el candidato del Gobierno (28%), y el de Demócratas (Dr. Leyes) no aparecía en dicho estudio.

En segundo lugar, la triste circular 071 del Tribunal Supremo Electoral, que inhabilitó a la candidata de Único, y a varios otros en el resto del país, así como la pésima elección del candidato de reemplazo del partido gobernante, provocaron una suerte de rebeldía cochabambina que terminó decantándose por el actual alcalde. Tercero, creer que el resultado de las elecciones municipales del 2015 se debió a una magnifica estrategia electoral (salvo que haya estado contemplado inhabilitar a Rebeca Delgado) por parte de Demócratas, me parece un criterio peligrosamente autocomplaciente.

Por otra parte, es inocultable que tras el comedimiento de quienes impulsan la revocatoria del alcalde Leyes existe un interés subyacente non sancto. Precisamente, esa es la razón por la que creo que la determinación del Tribunal Electoral de Cochabamba es oportuna.

Desde la posesión del Alcalde (junio de 2015), ha transcurrido el tiempo suficiente para que la ciudadanía cochabambina les diga, a él y a los revocadores, si aprueba o no su gestión al frente del ejecutivo edil. Si las cosas se están haciendo bien, saldrá fortalecido, por tanto, ni el burgomaestre ni sus subalternos, debieran sentirse nerviosos o amenazados.

Ya no se trata de una encuesta preelectoral, sino de un verdadero examen y se toma sobre lo avanzado. Aprobar un examen de este tipo, en términos “weberianos”, es relativamente fácil si se ha hecho una buena gestión (el electorado premia), si no se hizo la tarea correctamente, es peligroso (el soberano castiga). El voto nos da ese poder y ese derecho.

Los revocadores deben sortear todavía varios escollos, el primero lograr la adhesión del 30% del electorado del Cercado. Si no lo logran, se embromaron. Si lo hacen, en el lado edil habrá razones para preocuparse por “hacer las cosas bien” (eslogan de campaña). La catarsis no mata.

Es cierto que promover y ejecutar un proceso revocatorio es costoso (nos cuesta a nosotros los ciudadanos)  y  puede ser manipulado, pero también es verdad que quien hace las cosas bien no debe temer, sino enfrentar estos desafíos con altivez, sin victimizarse. En este escenario, una buena gestión es la mejor presentación.

Si finalmente toca ir a un proceso revocatorio, evaluaré despojado de pasiones al alcalde Leyes y su equipo, sus acciones y proyectos, también a los revocadores. En términos constitucionales, me fijaré biencito en qué lado hay llulas, k’ellas, suas (especialmente estitos) y llunk’us. Qué dilema.

El autor es abogado.