El destino de Goni y Evo

Ser presidente de un país es el más grande honor al que puede aspirar una persona. Y es también un cargo de altísima responsabilidad. En Bolivia, un país con proclividad a las protestas y la inestabilidad, esa responsabilidad es aún mayor, porque el Presidente suele estar entre dos polos: por un lado, la necesidad de tomar medidas que considera necesarias y, por otro, el eventual rechazo que enfrentará de diferentes sectores. Como en Bolivia una buena parte de los ciudadanos no tiene claro que la ley debe respetarse, la posibilidad de que surjan protestas e inestabilidad es mayor, atizada por otras situaciones, como la elevada pobreza del país y su debilidad institucional.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada vivió esa experiencia en sangre propia. Creyó que unas determinadas decisiones eran necesarias, pero chocó contra protestas sociales, muchas de ellas legítimas, pero otras motivadas por las “minorías efectivas” que defendían evidentes intereses sectarios. Su lógica fue que su Gobierno tenía la legitimidad surgida de las urnas y de la CPE y trató de quebrar esas manifestaciones. Un gobierno, efectivamente, puede usar la fuerza estatal para intentar reponer el orden y la normalidad. La cosa es hasta qué grado y cómo.

Sánchez de Lozada y su funesto exministro Carlos Sánchez Berzaín, debilitados como estaban por sus bajísimos respaldo y popularidad, sólo pudieron recurrir a las armas para poder mantenerse en el poder. Y con cada muerto de septiembre y octubre, en vez de lograr calmar la tensa situación, la empeoraron. Hasta que fugaron en helicóptero. Hicieron un uso inaceptable, desproporcionado y contraproducente de la represión policial y militar. No tuvieron ni la inteligencia ni la sensibilidad ni el olfato político para darse cuenta de que su estrategia era errada. Y así les fue.

Ejerciendo como periodista escribí muy duras críticas contra ambos entre 2002 y 2003, sobre todo contra Sánchez Berzaín, uno de los políticos más nefastos de nuestra historia, que nada bueno le ha dado a Bolivia. Nada. Desde sus inicios como cuestionado abogado en Cochabamba hasta terminar usando al Ejército contra la población.

Un juicio civil en EEUU acaba de terminar con un fallo en su contra. Ambos son “responsables” de las muertes ocurridas en 2003, ha señalado un jurado independiente conformado por ciudadanos estadounidenses. Y los ha sentenciado a pagar 10 millones de dólares a las familias de ocho de las víctimas. Para ambos, ese dinero no representa una cifra elevada, pero su importancia radica en el símbolo político del fallo. El juicio fue posible porque una norma en EEUU permite acusar a extranjeros de delitos de lesa humanidad aunque sus supuestos delitos hayan sido cometidos fuera de ese territorio.

Pero este veredicto deja claro que nadie está libre de poder ser juzgado por sus actos. El Presidente boliviano actual ha tomado decisiones equivalentes a las de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Ellas van desde su responsabilidad en la represión en Chaparina hasta haber ordenado el operativo policial del hotel Las Américas, en el que se produjeron las ejecuciones extrajudiciales de tres personas. Y luego su Gobierno hizo que dirigentes opositores pasaran años detenidos de manera ilegal.

En ese marco, una primera mala noticia para Evo Morales llegó el martes 3 de abril en la mañana, cuando precisamente la CIDH aceptó un proceso contra él por las ejecuciones extrajudiciales mencionadas. No habíamos tenido algún presidente en Bolivia bajo esas circunstancias. Al conocer la decisión de la CIDH, el ministro Carlos Romero no negó la matanza y sólo dijo que defenderá al Presidente “que salvó la unidad de la patria” de “peligrosos separatistas”.

La CIDH aceptó la denuncia de que a raíz de los hechos del hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones indebidas, secuestro judicial y torturas. Los tres fallecidos eran de nacionalidad extranjera y murieron en suelo boliviano.

La segunda mala noticia para Evo llegó horas más tarde, el mismo día: también Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron hallados responsables por “ejecuciones extrajudiciales”.

El exdictador Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 2009 durante una visita privada por orden del juez español Baltazar Garzón, entre otras razones, por la ejecución extrajudicial de un diplomático español sucedida en suelo chileno en los años 70. Fue la primera vez que jueces europeos aplicaban el principio de “justicia universal”, en sentido de que los delitos de lesa humanidad pueden ser juzgados en un país diferente del que fueron cometidos. Ello, más la decisión de EEUU, hace que los dictadores tengan menos lugares donde esconderse.

Ser presidente es el mayor honor de una persona. Pero ese alto cargo debe ser desarrollado no sólo con intuición política ni obsesión por la popularidad, sino con responsabilidad y grandeza.

El autor es periodista.
Twitter: RaulPenaranda1