El caso Quiborax comienza con la “Ley Valda”
La Fiscalía General del Estado decidió acusar al expresidente Carlos Mesa por la presunta comisión de tres delitos cuando anuló las concesiones que la empresa chilena Quiborax tenía en el salar de Uyuni a través de terceros.
Por la forma en que fue planteado, este caso es más político que jurídico y la decisión de una Fiscalía General del Estado enmarcada en la hegemonía masista era más que previsible.
La decisión del Ministerio Público será ratificada en el Órgano Legislativo que, como se sabe, ya no es un colectivo para la discusión y el debate, sino simplemente el espacio donde los legisladores de la abrumadora mayoría oficialista sólo saben levantar la mano o aplaudir a ministros interpelados cuando éstos se libran de ese acto de fiscalización, hasta ahí nada nuevo.
Lo que sí aparece como nuevo es que un diputado del MAS, Víctor Borda, anuncia que el ahora denominado “caso Quiborax” no se limitará a la acusación y el inminente juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, sino que dará pie a investigar quiénes fueron los responsables de que empresas chilenas, como Quiborax, hayan obtenido concesiones en un área del salar de Uyuni que antes era reserva fiscal.
La reserva fiscal del salar fue reducida como consecuencia de la promulgación de la Ley 1854, el 8 de abril de 1998. Hasta antes de esta ley, dicha reserva era de 2.362.000 hectáreas y, tras su promulgación, se redujo a 1.344.000 hectáreas.
La Quiborax, asociada con el boliviano David Moscoso Ruiz, consiguió sus concesiones cuando se redujo la reserva fiscal. Por tanto, al buscar responsables de lo sucedido, lo más coherente es identificar a los autores de la Ley 1854. Los firmantes fueron Hugo Banzer Suárez, como presidente de la República; Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner, como ministros, y Walter Guiteras Denis, Hormando Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio, Edgar Lazo Loayza, Guido Roca Villavicencio, Jhonny Plata Chalar, en su condición de parlamentarios.
Pero no fueron los únicos. Los proyectistas de la Ley 1854 fueron los entonces senadores Gonzalo Valda Cárdenas, del MIR, y Walter Zuleta Roncal, del MNR. Sus nombres no aparecen en la ley porque, a sabiendas de lo que ocasionaría, se ausentaron para no firmarla.
Como se ratificó a lo largo de estos 20 años, el autor intelectual de la reducción de la reserva fiscal del salar de Uyuni fue Gonzalo Valda, exdirigente del MIR —y posteriormente de la UCS— así que, por ello, se denominó “Ley Valda” a la 1854.
Cualquier investigación sobre este escabroso tema tiene que incluirlo, al igual que a Moscoso.
