Nacionalizaciones buenas o malas

El caso Quiborax ha traído a colación una serie de aspectos que van más allá de las connotaciones de orden legal que involucran todo lo que pudo haber acontecido en el arbitraje internacional. El tema tiene incidencia electoral, independientemente de la manera como se desarrolló el arbitramento, la forma cómo se condujo la procuraduría y el pago final, distante en términos cuantitativos –según se denunció– a la suma dineraria que inicialmente estaba prevista. Y anoto electoralmente, porque el caso Quiborax ha saltado a la palestra pública con un actor principal, Carlos Mesa. Y así ha sido, porque el gobierno desde un inicio ha utilizado este asunto, además, en términos electorales, sin medir adecuadamente cómo iba a reaccionar Mesa y qué información tenía o podía conseguir, incluidos medios de prensa.

Probablemente hayan considerado que el solo anuncio de atribuirle responsabilidad por haber emitido el DS 27589 y su contenido, respecto a los efectos posteriores de la salida de la empresa chilena, iba a ser suficiente móvil para arrinconarlo ante episodios que han causado estupor generalizado. No fue así. Mesa dio batalla y se han develado hechos que de a poco colocan varios signos de interrogación que afectan a la verdad material como premisa básica si es que se quiere esclarecer lo acontecido.

Lo cierto es que más allá de si el decreto de Mesa contenía disposiciones erradas (constitutivas de daño económico al Estado, según el gobierno)  o si el decreto de Rodríguez Veltzé buscó corregir esos yerros –de haber existido– ratificando la expulsión del inversor (por falta de inversión) y la anulación de la concesión conferida, todavía no queda claro cómo se pudo llevar a cabo un proceso arbitral ante Ciadi sobre la base de un decreto –el de Mesa– dejado sin efecto por el DS 28527.

En todo caso, toda la temática legal será parte de un largo debate y con seguridad irán aflorando más sucesos y hechos relevantes que permitirán establecer, como anoté supra, la verdad material. Ahora bien, el efecto inmediato que se buscaba con neutralizar a Mesa, no ha dado resultado. La estrategia del gobierno ha variado y ello lo demuestra el anuncio de frenar el tratamiento en la AL de la autorización de enjuiciamiento.

Como muchos, estoy convencido de que Mesa será candidato. Es un candidato que puede hacerle frente al MAS y ellos  lo saben. El debate de si Evo puede o no puede terciar, está bien para lo mediático. También todos saben que no habrá poder humano que evite su candidatura, así sea ilegal. Algo extraordinariamente poderoso tendría que acontecer o develarse, para que en las elecciones del año entrante el candidato oficialista no sea Evo.

El 21-F está bien como campaña y para unir a una oposición dividida. Por eso creo que el ataque a Mesa lo único que ha conseguido es que la oposición ciudadana al gobierno gane más adeptos. También conseguirá que la oposición política haga el esfuerzo de buscar un solo candidato, dejando de lado egos que en política son fatales.

Bajo ese enfoque, el caso Quiborax puede constituirse, tranquilamente, en un bumerán político que el gobierno no midió en su momento. Sigo pensando que a Mesa se le acorta el plazo para oficializar su candidatura, más allá del discurso de si Evo debe o no debe ser candidato. Hacerlo así, tampoco significaría electoralizar un ambiente que desde el 21-F está electoralizado, ni avalar la candidatura de Morales.

Finalmente, Mesa ha hablado de nacionalizaciones buenas y malas, en referencia a lo obrado en su gestión y a lo llevado a cabo por Morales Ayma con idénticos efectos en cuanto al propósito de gestión. Ahí nace la debilidad del gobierno en este tema. Su propio discurso les jugó una mala pasada. Simple: encomiar y enaltecer sus nacionalizaciones, y criticar la llevada a cabo por su vocero marítimo y rival político. Mucha dosis, en tiempos electorales.

El autor es abogado.