Vergonzoso récord mundial: La fallida reelección en modo didáctico

En fechas recientes se celebró desde el oficialismo la longeva permanencia en la presidencia de Morales Ayma; empero aquí quiero mencionar otro récord grosero, el que siendo elegido por procedimientos democráticos, las urnas en el marco de una competencia más o menos limpia, luego, cuando esas mismas urnas ya no le son favorables las desconozca. El caso del 21F es ese y que se sepa, en democracia es el primer caso mundial, de pretender hacer valer “el derecho humano” a la reelección habiendo referéndum popular explícito en contra. Si hasta parece broma de muy mal gusto. Pretender con el dictamen de media docena de individuos  a punto de dejar el cargo que deben al caudillo, que un argumento de derechos humanos, justo esta protección del Estado para los ciudadanos se aplique preferentemente a los máximos representantes (temporales) del Estado es mucho descaro, y tampoco tiene atribución para semejante modificación o “interpretación”.

Por supuesto que el grueso de la ciudadanía boliviana no se iba a comprar semejante engendro. Obnubilados por los placeres visibles del ejercicio del poder los operadores del masismo soñaron que los y las bolivianas aceptaríamos esa chicana. A estas alturas es claro que no, que la soberanía del pueblo sigue teniendo el valor decisorio mayor porque no es un regalo de nadie, es fruto de esfuerzos sociales de varias generaciones, las más antiguas pagaron eso a precio de sangre. Por ello es ofensivo –aunque de supina ignorancia– eso que la ministra de comunicación salga sosteniendo que la alternancia es un “invento” para aplicar al modelo democrático. Pues, en todo caso es un invento que opera a escala mundial, antes que ella haya escuchado jamás la palabra democracia.

Es conocida la referencia de los EE. UU. en relación a la figura presidencial en democracia. Me apresuro a decir que en la Ciencia Política actual esa referencia no es porque sea fuerte, sino porque es institucional. El sociólogo político Seymor M. Lipset cita a un estudioso judío alemán fugado de las hordas nazis (Leo Strauss) para afirmar que la figura  presidencial estadounidense fue diseñada como opuesta a la imagen del príncipe de Maquiavelo, con muy poco poder. Sin embargo, por su rol activo (cabeza de ejecutivo) terminó restringiéndose a una única reelección desde mediados del siglo XX y cumplida rigurosamente, no importa el grado de popularidad del que gozara al fin de su limitado mandato. Gran parte del arreglo republicano es, precisamente,  para limitar el poder por excelencia del presidente que concentra funciones y roles similares a las que en el pasado desempeñaron reyes, hoy en el constitucionalismo occidental los monarcas tienen funciones simbólicas, importantes pero no amenazantes y el jefe del gobierno (en regímenes parlamentaristas) sujeto a censura en cualquier momento  por su pares parlamentarios y por ello también posible que tenga repetidas prolongaciones de mandato como la Sra. Merkel ahora.

Es igualmente interesada y desubicada la posición de los acólitos del régimen cuando se refieren a sucesivas candidaturas de otros que no han ocupado previamente el sillón presidencial. Pues ellos no concentran poder sobre instituciones públicas. Del mismo modo, hay una enorme desproporción cuando autoridades ejecutivas subnacionales (alcaldes y gobernadores) deben renunciar para poder presentarse para un nuevo mandato, cuando habiendo efectivo poder inherente a sus cargos, no es comparable al inmenso de nuestro hiperpresidencialismo hoy al borde de la tiranía.

Es por lo dicho al inicio de este artículo que el MAS necesita darle alguna aura de voto popular a sus apócrifos candidatos y está echando mano de la nueva Ley de Organizaciones Políticas que incluye las elecciones primarias, para servirse del mandato vinculante. Felizmente el comunicado del Tribunal Supremo Electoral ha advertido oportunamente que “asumirá competencia”, precisamente por el carácter de obligatoriedad de los eventuales candidatos; i.e., no podrán ser postulados los ya prohibidos por Constitución y referendo.

El autor es politólogo, profesor de postgrado en teoría y filosofía política.