Abril y la Participación Popular

Hace un cuarto de siglo los municipios iniciaron el proceso de empoderamiento y desarrollo local. Un 20 de abril de 1994 se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP) o Ley 1551, que promovería la descentralización. Un elemento fundamental de dicha norma fue la recepción de recursos económicos por concepto de coparticipación tributaria en el país. Antes de esta ley, los municipios percibían escasos recursos y desempeñar el cargo de alcalde era un hecho honorifico y nominal.

Sin duda que el panorama del país cambió en la década de los noventa, pues el número de municipios ascendió, de 24 existentes en ese entonces, a 311.  Se transfirieron responsabilidades y competencias a los gobiernos locales, descentralizando áreas como la de salud, educación, cultura, riego y atención de caminos vecinales.  Ahora tenía más sentido que estos servicios estuvieran a disposición de los habitantes de a pie de los municipios, solo basta imaginar lo tortuoso que era antes de la Ley de Participación Popular que el Estado central atendiese todos estos ámbitos. La descentralización era necesaria al igual que la repercusión de que el Estado llegue y se haga presente a lo largo y ancho del territorio boliviano.

Y ese no fue el único cambio de impacto. Se dio una dinámica en los liderazgos de los gobiernos municipales. Ahora era apetecible llegar  a la alcaldía. A esto se añadió que la ley preveía un rol vital de las comunidades locales de base, denominadas Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Estas adquirieron un papel protagónico en la priorización de necesidades y en la fiscalización de los recursos económicos por medio del Comité de Vigilancia. Se reconocieron más de veinte mil OTBs.

Todos estos elementos dan cuenta de la pretensión de la ley de que se genere una participación de sectores populares. La dinamización fue tal que, por ejemplo, en el ámbito educativo, los padres de familia conformaron las juntas escolares y lo mismo sucedió en el ámbito de la salud. Si bien la hermenéutica de funcionamiento de toda la ley no fue impecable, el grado de inmersión de la población en las obras y el seguimiento estrecho a la inversión en las necesidades priorizadas fueron ineludibles.

El rostro de la gestión pública dio un viraje. La Ley de Participación Popular iniciaba un proceso que no tendría retorno y más bien iría avanzando y consolidándose. Pues, de esta manera, la LPP sería el antecedente de la Bolivia autonómica contemporánea. Por tanto, esta norma es una muestra de la historia que nos refresca la memoria y evita que nos olvidemos que cada conquista y avance tiene su huella en procesos anteriores que se sedimentan y que incluso fueron llevados a cabo en gobiernos neoliberales.

La autora es socióloga y antropóloga.