Solicitud de visita in loco
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de noviembre de 2019
Al Sr.
Lic. Paulo Abrão
Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.
Ref.: Represión y violencia social en Bolivia.
Solicitud urgente visita in loco
Señor Secretario Ejecutivo:
Las organizaciones de derechos humanos, representantes de partidos políticos, sociedad civil organizada, legisladoras y legisladores e intelectuales, nos dirigimos a esta Ilustre Comisión para solicitar con carácter urgente la realización de una visita in loco en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Desde el pasado 21 de octubre, en todas las localidades más importantes del país, se vienen desarrollando masivas manifestaciones en repudio al probable fraude con el que se pretende alterar los resultados dictaminados por el voto ciudadano en las elecciones generales de Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados y de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, el 20 de octubre de 2019.
La masiva protesta ciudadana se mantuvo durante siete días, sin que se hayan tenido que lamentar hechos de violencia o de intolerancia, racial o política, de importancia. Lamentablemente, la respuesta del Presidente del Estado ante esta situación, fue la de llamar a su principal oponente “cobarde y delincuente” (1), calificar la protesta como un “golpe de Estado” y, de convocar a los movimientos sociales afines a su partido político a que salgan a las calles a defender el voto de los campesinos, induciendo de manera maliciosa a pensar que se lo estuviera desconociendo (2); convocatoria que constituyó una invitación al enfrentamiento y a la violencia.
A partir de esa errada determinación del presidente del Estado, se han generado innumerables acciones de violencia, protagonizadas por grupos afines al gobierno en contra de la ciudadanía que bloquea las calles, violando los derechos humanos a la integridad física y psicológica, a la salud de los ciudadanos y ciudadanas movilizados pacíficamente, así como a la libertad de expresión y reunión de los ciudadanos movilizados como de los periodistas y trabajadores de la prensa.
La renuncia y posterior exilio del ex presidente Morales y del ex vicepresidente García, no logró disminuir el nivel de la violencia y la tensión. Varias viviendas pertenecientes a funcionarios del MAS, así como del ex Defensor del Pueblo, periodistas, parlamentarios y dirigentes indígenas que pedían la renuncia del Morales, fueron incendiadas. Asimismo, la noche del domingo 10 y el lunes 11, hordas delincuenciales procedieron a incendiar módulos policiales, 64 buses de transporte municipal y a saquear negocios y viviendas particulares. En general, el clima de violencia aumentó y las fuerzas policiales se vieron superadas por lo que, conforme a lo dispuesto en la constitución, las fuerzas militares salieron a las calles para ayudar al restablecimiento del orden y la tranquilidad públicos.
Hasta el momento, se tiene que lamentar la muerte de 10 personas, ocho de ellas por impacto de bala, así como centenas de heridos de diversa gravedad, varios de ellos producto de impacto de bala, muchos también presentan múltiples fracturas producto de las golpizas con palos y piedras que reciben de parte de las fuerzas simpatizantes del partido en función de gobierno. Como quiera que los conflictos continúan y arrecian, es muy difícil precisar el número exacto de víctimas.
La visita in loco de esta Ilustre Comisión permitirá tomar conocimiento directo de la situación de vulneración de derechos humanos en el país, especialmente mediante el recorrido de los espacios de detención, la entrevista de defensores de derechos humanos y autoridades públicas, el monitoreo de las acciones desplegadas por las fuerzas policiales, entre otros. También permitirá que esta Comisión pueda tomar conocimiento directo de denuncias individuales sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, vejámenes y actos de racismo, xenofobia, intolerancia, criminalización del derecho a la protesta, violación a los derechos de libertad de expresión y asociación, al derecho de circulación y ejecuciones extrajudiciales de parte de grupos paraestatales o parapoliciales.
1. Antecedentes del Sistema Interamericano
En las últimas décadas, el Sistema Interamericano avanzó considerablemente en la labor de promoción, defensa y protección de los derechos humanos, estableciendo estándares mínimos para la garantía de derechos humanos por parte de regímenes democráticos, frente a las violaciones por acciones u omisiones de los Estados parte.
Cabe señalar que, gran parte de las violaciones de derechos humanos en democracia sigue teniendo origen en la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, con uso desproporcionado de la fuerza pública; razón por la que, la Comisión y la Corte Interamericana vienen estableciendo una serie de estándares sobre la necesidad de la proporcionalidad del uso de la fuerza.
A través de la jurisprudencia, documentos, recomendaciones y comunicados, el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, ha reiterado que las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales, constituyen un tema de preocupación y seguimiento permanente del sistema.
De otro lado, el sistema interamericano ha subrayado que la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.
El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido claramente que, una de las responsabilidades fundamentales del Estado es la de proteger la vida, y la violación de este derecho por los propios agentes estatales representa un incumplimiento particularmente grave de su deber, que suscita dudas en cuanto a que dichos agentes puedan evitar de manera eficaz que otros cometan violaciones. Por consiguiente, el primer paso para salvaguardar el derecho a la vida consiste en establecer un marco jurídico adecuado para el uso de la fuerza por la policía, en el cual se establezcan las condiciones que justifiquen el uso de la fuerza en nombre del Estado y se prevea un sistema de depuración de responsabilidades para los casos en que se traspasen esos límites.
Sin embargo, cuando la policía recurre a la fuerza, no solo entran en juego las violaciones del derecho a la vida. Las facultades ilimitadas y no controladas de la policía resultan intimidatorias y representan un obstáculo para quienes desean ejercer otros derechos y libertades. La laxitud en cuanto al uso de la fuerza por la policía suele ser característica de regímenes autoritarios en los que impera la ley del más fuerte. Hoy en día se reconoce ampliamente que, como parte de una práctica policial democrática, los agentes del orden deben rendir cuentas ante la población. Son ciudadanos uniformados, que desempeñan una función en nombre de otros ciudadanos y, por consiguiente, sus facultades deben estar limitadas.
Ante el aumento de la prevalencia de las manifestaciones como método de participación política y social, resulta especialmente importante determinar si existen límites adecuados a las facultades de la policía. Cuando la forma en que se gestionan las manifestaciones conduce a una intensificación de la violencia ejercida por todas las partes, se pierden vidas innecesariamente en todos los bandos de la contienda, incluido el de la policía. Si no se controlan adecuadamente las facultades de la policía, las libertades políticas y de otro tipo pueden verse amenazadas y puede llegar a peligrar la seguridad del Estado.
Por otro lado, en el informe: Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua(3) la CIDH pone especial atención y denuncia a la utilización de grupos parapoliciales (paraestatales en el lenguaje de los informes de la ONU), es decir, de aquellas grupos de choque integrados por simpatizantes de las autoridades gubernamentales que actúan con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades policiales y estatales, utilizados para poner en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones, patrón de conducta que se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores antes mencionados.
Recordamos que la expresión “grupos paraestatales” hace referencia a los diversos grupos de personas que asumen funciones represivas sin identificarse como funcionarios policiales o estatales, pero que actúan de manera coordinada con la Policía Nacional.
En dicho informe, la CIDH propone la disolución y desarme inmediato de los grupos armados paraestatales y proteger a la población de todo acto ilegal y violento; al tiempo de determinar a través de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes si éstos han participado en hechos delictivos, especialmente en atentados contra la vida y otros derechos fundamentales, y en su caso procesarles y juzgarles.
Por otra parte, la libertad de expresión representa uno de los derechos esenciales para el desempeño de una sociedad democrática. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos así lo ha reconocido, consagrándolo en diversos instrumentos de la región como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo IV-, y la Carta Democrática Interamericana –Artículo 4.
La importancia de la libertad de expresión ha sido subrayada por la Comisión y la Corte Interamericana resaltando que deriva también de su relación estructural con la democracia. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado (4). En este mismo sentido, la jurisprudencia ha enfatizado que la función democrática de la libertad de expresión, la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la autodeterminación personal y colectiva (5) y para hacer operativos los “mecanismos de control y denuncia ciudadana”(6). En tercer lugar, la jurisprudencia interamericana ha explicado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad no sólo entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos (7).
Una de las vías para constatar la violación de los derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza pública del Estado, fue y será las visitas in loco realizadas por la Comisión; pues esa vía, permitida por el art. 48.d) de la convención y 18.g) del Estatuto de la Comisión, se constituye en la más apropiada para obtener la información y el material sustantivo para adoptar medidas de defensa y protección de los derechos humanos.
Entendemos que la comisión decide realizar una visita in loco teniendo en cuenta la gravedad de la situación que pone en grave riesgo de violación masiva de derechos humanos y cuando recibe un gran número de denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en un determinado Estado.
En el caso que motiva nuestra solicitud, estamos frente a una situación muy grave de violación sistemática de derechos humanos, por acciones y determinaciones del gobierno del Estado que, con el uso de fuerzas estatales y paraestatales, viene violando y poniendo en amenaza grave de violación de derechos humanos de bolivianos y bolivianas.
2. Contexto de la solicitud
Ante estos graves indicios de fraude electoral, corroborados por la Misión de Observadores Electorales de la OEA, MOE-OEA(8), junto a las pruebas aportadas por profesionales informáticos de la sociedad civil(9), los ciudadanos y ciudadanas bolivianos que votaron por candidaturas diferentes a las de la candidatura oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron la determinación de salir a las calles manifestándose pública y pacíficamente, contra de la manipulación de los resultados electorales y exigiendo se respete su voluntad expresada en las urnas.
Esta protesta también estuvo motivada en la decisión del candidato oficialista, hecha pública el mismo lunes 21, de declararse ganador de las elecciones, pese a no haber concluido aún el irregular proceso de cómputo nacional, luego de hallazgos de material electoral en casas y vehículos particulares y de la inexplicable suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que, con casi el 85% de las actas escrutadas, mostraban una clara tendencia respecto a que ninguno de los participantes alcanzaría los votos necesarios para ser declarado victorioso en primera vuelta y que sería necesario definir la contienda electoral en una segunda vuelta. Luego de casi 24 horas de suspensión, inexplicablemente e insosteniblemente cambió esa tendencia otorgando una estrecha pero suficiente ventaja al binomio del MAS, descartando así una segunda vuelta entre los candidatos más votados.
Estas irregularidades motivaron que, las observaciones inicialmente planteadas por la MOE-OEA, se sumaran iguales comunicados de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) sugiriendo que la mejor opción para Bolivia en este momento es una segunda vuelta electoral(10).
Igual reacción asumieron los gobiernos de países que observaban de cerca el proceso electoral boliviano. Christopher Pincher, Viceministro de la Cancillería británica, manifestó su preocupación por este hecho, recordando que es “esencial para la confianza del público en la democracia boliviana que el conteo debe continuar con total transparencia”. En la misma línea, los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos, en sendos comunicados de prensa, manifestaron su malestar y preocupación por los hechos irregulares cuya responsabilidad recae en el TSE(11).
La noche del lunes, en un hecho que se deberá esclarecer, la Policía Boliviana retiró sus contingentes de resguardo y protección de las sedes de los Tribunales Departamentales Electorales de Sucre, Potosí, Trinidad y Cobija, instalaciones que fueron saqueadas y destruidas, sin que, en varios de esos hechos, se haya dado con los autores. Más bien existe una creciente sospecha en torno a los verdaderos autores pues, el fraude masivo del que se acusa al TSE, parecería haberse cometido en al menos dos de las entidades incendiadas, donde se habrían quemado las actas de votación.
El martes 22 por la noche, luego de un Cabildo masivo en la ciudad de Santa Cruz, los ciudadanos decidieron iniciar un paro cívico a nivel nacional con paralización de actividades públicas y privadas como expresión de protesta. Este paro cívico movilizado, desde sus inicios, estuvo marcado por su carácter no violento, como lo reflejan las informaciones de prensa, tanto nacional como extranjera,.
Días después y ante la abrumadora evidencia que apunta hacia la consumación de un gran fraude electoral, cuya comprobación genera vicios de nulidad, amplió su petición a que se declaren nulas las elecciones generales, que todos los Vocales del TSE renuncien a sus cargos y se llame a una nueva elección con un nuevo árbitro electoral.
Lamentablemente, la respuesta del Presidente del Estado ante esta situación fue la de llamar a su principal oponente “cobarde y delincuente”(12) , calificar la protesta como un “golpe de Estado” y, de convocar a los movimientos sociales afines a su partido político a que salgan a las calles a defender el voto de los campesinos, induciendo de manera maliciosa a pensar que se lo estuviera desconociendo(13); convocatoria que constituyó una invitación al enfrentamiento y a la violencia.
Además, se debe resaltar el discurso de odio manejado por altas autoridades del Estado, en el cual pretenden distorsionar el pedido de la población y los líderes cívicos, apuntando a que la verdadera razón, supuestamente sería el racismo o discriminación en contra de ciertos grupos marginados o pueblos indígenas. Esta táctica para exacerbar la violencia la realiza a través de medios de comunicación estatales y a través de spots publicitarios solventados por el Ministerio de Comunicación que generan un sentimiento de discriminación infundada. Es decir, se utiliza el discurso de odio, por un lado para generar violencia y por otro para estigmatizar a la protesta social.
A partir de ese momento se suceden innumerables acciones de violencia, protagonizadas por grupos afines al gobierno en contra de la ciudadanía que bloquea las calles, violando los derechos humanos a la integridad física, psicológica y moral, a la salud de los ciudadanos y ciudadanas movilizados pacíficamente, en los que se ha debido lamentar ejecuciones extrajudiciales, por parte de simpatizantes del gobierno quienes habrían actuado con la complacencia de las fuerzas policiales desplazadas en los lugares.
A partir de la arenga presidencial, simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a lo largo de todo el país, anunciaron públicamente la decisión de “cercar el Departamento de Santa Cruz como lo hemos hecho el 2003 y el 2008(14)”, si es que las medidas de protesta pacífica no eran suspendidas Varios accesos a las principales ciudades fueron bloqueadas para evitar el ingreso de alimentos e insumos, como el ocurrido en el puente sobre el Río Ichilo, en la carretera que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba(15).
El anuncio del cerco comenzó a efectivizarse el lunes 28 de octubre (video disponible(16)) , con los bloqueos de las principales carreteras de ingreso a las ciudades del país por las que se abastece a los centros urbanos de alimentos, protagonizados por las organizaciones sociales afines al gobierno(17). De acuerdo a los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otras instancias, se registran al menos 30 barricadas en carreteras que conectan cinco departamentos, siendo estos Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y La Paz Asimismo, dos puntos de bloqueo están instalados en las zonas fronterizas con Argentina y Paraguay, concretamente en las ciudades fronterizas de Yacuiba y Villamontes.
Paralelamente a las acciones de cerco, grupos que se identificaban como partidarios del MAS, arremetieron violentamente en contra de los ciudadanos que se encontraban ejerciendo su protesta en distintos puntos de la ciudad (video disponible en la nota de prensa(18) (19)). La queja generalizada de las personas que estaban en el lugar, fue de la ausencia o lentitud con la que actuaron las fuerzas policiales para evitar estos hechos criminales (video disponible)(20). En la jornada más violenta vivida en Santa Cruz, se tuvo que lamentar la muerte de dos personas producto de impactos de bala. La Policía identificó a Deisy Judith Choque Arnez como la autora intelectual de las muertes de las dos personas. Esta mujer fue electa como diputada de esa región por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su hermano, Vismark Choque Arnez, como el autor material de los decesos(21).
Ese mismo día en la ciudad de La Paz, sede del gobierno, centenares de mineros sindicalizados y un grupo de la Federación de Cooperativistas (Fencomin) de La Paz, bajo la mirada pasiva de las fuerzas del orden, marcharon por las principales calles del centro de sede de gobierno munidos de cartuchos de dinamita, haciéndolos detonar para sembrar temor en la ciudad(22), pese a la prohibición de uso de dinamita en protestas, expresada en el artículo dos del Decreto Supremo 2888. A diferencia de otras movilizaciones en las que se hizo uso de estos artefactos, la Policía no detuvo a ninguna persona (2 videos disponibles en la nota de prensa)(23). De la misma manera, permitió el acceso a los mineros a las inmediaciones de la Plaza Murillo, lugar donde por norma, tampoco se permite el paso de manifestaciones. En estos actos violentos, se pudo identificar a dirigentes del MAS e incluso candidatos a diputados uninominales, como Jesús Vera, impulsando a sus masas para atacar las personas que bloqueaban(24). El uso de la dinamita puede ser observado en el siguiente video(25).
Luego de finalizadas las acciones vandálicas del contingente de los mineros iracundos, Juan Carlos Huarachi, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, advirtió con mayor violencia contra los paceños. “Hoy (lunes) los mineros han dicho basta, alto, han realizado una pasadita, un calentamiento. Les vamos a dar cátedra de cómo se hace un paro, un bloqueo, vamos a cercar La Paz”, sostuvo durante el acto de proclamación de Evo Morales como ganador de los comicios del 20 de octubre(26). Ese acto, que se realizó en la ciudad de El Alto, José Domingo Vásquez, dirigente de los trabajadores petroleros, adelantó la llegada de 40.000 mineros que “a punta de dinamita” levantarán los bloqueos(27).
Por su parte, la Ministra de Salud y alta dirigente del MAS, Gabriela Montaño instigó activamente a los grupos oficialistas que intentaban levantar los bloqueos organizados por los ciudadanos en protestas (28) Utilizando un discurso estigmatizante identificando a los ciudadanos que protestaban como golpistas, bajo el estribillo de: “Los golpistas no pasarán”(29) , dicha ministra dejó de lado sus normales actividades, a pesar de que oficialmente el gobierno negó que haya instruido a sus militantes salir a protestar o participar de actos de protesta.
A su turno, Gustavo Torrico, asambleísta departamental del MAS en La Paz, amenazó a los jóvenes que se movilizan en el país en rechazo a los resultados de las últimas elecciones, sobre las que pesa la sospecha del fraude. Indico: “Aquí sólo falta ver, en este panorama oscuro que se presenta, si las madres, los padres, están dispuestos a tener a sus hijitos en las calles cuando haya enfrentamiento. No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es sentir la muerte de tu hijo, que no es lo mismo, que la muerte de tus padres (...) A ver que se te muera tu hijo de 20 o 18 años, quién aguanta ese dolor”, “No piensen, se los digo de frente a la cámara, no piensen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea”, amenazó(30).
Luego, el máximo dirigente de los llamados “interculturales” (ex colonizadores, campesinos y pobladores urbanos del occidente que desde 1960, reciben dotaciones de tierras fiscales en las zonas del oriente del país) dieron a los paceños un plazo de 48 horas para que levanten sus medidas de presión, de lo contrario -aseguraron- cortarán la provisión de agua. “Damos 48 horas para que levanten sus supuestos paros, bloqueos que están en las calles: dos, tres personas con sus pititas perjudicando a la ciudadanía, al desarrollo. Nosotros vamos a cortar el agua que va hacia la ciudad de La Paz”
Ante estos ataques, ciudadanos que protestaban en el macrodistrito paceño de San Antonio, acudieron a las instalaciones policiales para pedir resguardo policial. Los uniformados hicieron caso omiso a las súplicas de las personas. “Ayuda, ayuda, la Policía no quiere ayudar en nada aquí. Salga pues, hay gente herida. Por favor”, se oye en un video que circula en redes sociales(31).
La ciudad de Cochabamba también sufrió durísimos episodios de violencia desatada por simpatizantes del partido en función de gobierno. En el Municipio de Tiquipaya - Cochabamba, ese día una turba de 50 trasportistas afines al partido de gobierno, que pretendían realizar desbloqueos atacó brutalmente con palos a un ciclista, a quien confundieron con una persona que bloqueaba las calles (video disponible)(32).
El mismo lunes 28 de octubre de 2019 llegó en la noche al Municipio de Quillacollo- Cochabamba un grupo de mineros afines al partido de gobierno escoltados por motocicletas de las policía (ver video disponibles en la nota de prensa)(33) . En el video se ve como en el sector de “El Calvario”, una volqueta que transportaba mineros está siendo escoltada por varias motocicletas de la policía después de llegar a Quillacollo para levantar los bloqueos en la avenida que une ese municipio con la capital del departamento.
La violencia en Cochabamba se registró en tres puntos: la avenida 6 de agosto (sur), el Cruce Taquiña (norte) y la Muyurina (este). Lo grave del caso es que estos grupos paraestatales compuestos por: transportistas, cocaleros y campesinos armados con palos, machetes, piedras y petardos salieron a las calles, por segundo día consecutivo, a desbloquear las vías en la ciudad de Cochabamba ante la mirada pasiva de la policía; por esta razón se criticó su tardía intervención para dispersar a los manifestantes en el puente Cala Cala y de la Muyurina(34) .
Un reporte periodista en un video, da cuenta que cientos de Mineros ingresaban a Quillacollo escoltados abiertamente por fuerzas policiales(35). El soporte y aquiescencia del Estado a través de la Policía Nacional se corrobora con la orden del Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba, Raul Grundy, de no actuar en el enfrentamiento de la Zona de la Muyurina Cochabamba, instrucción que fue denunciada por oficiales policiales de base. Cuando policías de otras unidades acudieron al llamado desesperado de los vecinos y cumplieron su deber de gasificar a los atacantes, fueron reprendidos y humillados por el comandante Grandy, de acuerdo a la denuncia de policías que fueron testigos del abuso.(36)
Las polémicas y parcializadas actuaciones de este comandante de policía, pueden corroborarse en los dos videos que se adjuntan (37) (38) . En el primero se observa al comandante anunciando que está cumpliendo órdenes directas del “hermano Evo” y del “hermano Andrónico” y en el segundo, se lo ve en una actitud prepotente y fuera de las formalidades policiales, arremeter contra un grupo de vecinos que ejercen su derecho a la protesta.
El 4 de noviembre pasado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, entidad cívica que lidera las protestas ciudadanas, fue impedido de ingresar a la ciudad de La Paz, retenido sin ninguna orden en el aeropuerto y devuelto nuevamente a la ciudad de Santa Cruz (39).
La actuación del personal de seguridad del aeropuerto se escudó en el hecho de que grupos paraestatales o parapoliciales denominados “Pochos Rojos” y “Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - FSTMB” públicamente profirieron amenazas contra su vida y su integridad física. "Nosotros como provincia Omasuyos hemos venido para que nos entreguen a Camacho, pero mala suerte se ha escapado el Camacho” sostuvo a los medios de prensa el dirigente de los Ponchos Rojos Freddy Huanca. En el video que se acompaña(40), se observa a otro dirigente de este grupo paraestatal, proferir una amenaza directa de muerte(41). A su turno, el secretario ejecutivo de FSTMB, Orlando Gutiérrez, manifestó el martes 5 pasado, que el pueblo y los mineros buscarán hasta en el último rincón al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al que calificó de “otro títere del imperio estadounidense”(42).
3. Violaciones graves a los derechos humanos
El Estado Plurinacional de Bolivia ha incumplido los compromisos y obligaciones que asumió en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha violado los derechos humanos de las víctimas, los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran movilizados pacíficamente en las calles; derechos que identificamos a continuación:
Se ha incumplido el compromiso de respetar los derechos humanos y de garantizar el libre y pleno ejercicio de ellos; ya que, sus autoridades políticas, como el Presidente del Estado, Ministros de Gobierno y de Defensa, personas privadas paraestatales están violado los derechos humanos de las víctimas y amenazan aún violar otros derechos; por lo tanto el Estado ha incumplido con la norma prevista por el art. 1 de la Convención.
Se han violado los derechos humanos a la reunión y manifestación pública, reconocido por el art. 15 de la Convención; ya que, ante la manifestación pacífica expresada en las calles, han desatado represalias violentas con personas que integran las organizaciones y movimientos sociales afines al gobierno nacional, con personas convocadas y contratadas por el Movimiento Al socialismo, vertiendo además amenazas de cercar las ciudades capitales de Departamento, para impedir el suministro de productos alimenticios a la población de esas ciudades; asimismo realizar el corte de suministro de agua.
Se han violado los derechos a la integridad física y psicológica, reconocidos por el art. 5.1. de la Convención, ya que los agentes estatales (policías) y paraestatales (personas de organizaciones y movimientos sociales afines al MAS), han procedido a dispersar las manifestaciones públicas y levantar los bloqueos golpeando a mujeres, jóvenes y personas adultas mayores con palos, con piedras, hasta con armas blancas y armas de fuego; al grado que a la fecha existen más de 100 personas heridas, muchos de ellos de extrema gravedad al tener cuadros de Traumatismo Encéfalo Craneano o heridas de armas de fuego.
Se ha violado el derecho a la vida protegido por el art. 4 de la Convención en las personas de Mario Salvatierra, de 56 años, y Marcelo Terrazas Seleme, de 48, las dos personas que fueron muertas con disparos de armas de fuego, por personas del grupo de organizaciones y movimientos sociales afines al gobierno nacional. Y más recientemente, el ciudadano Limbert Guzmán, de 20 años de edad, en inmediaciones del municipio de Quillacollo, departamento de Cochabamba, perdió la vida por muerte cerebral ocasionado a golpes de palos y piedras por personas que integran las organizaciones sociales afines al MAS, que fueron movilizados por instrucción del gobierno nacional. Es importante destacar que la jurisprudencia de la Corte-IDH dispone que los Estados tienen la obligación de garantizar las condiciones necesarias con objeto de que no se produzcan violaciones del derecho a la vida y, en particular, de impedir que sus agentes atenten contra él.
También se viene violando de manera sistemática el derecho a la libertad de expresión, reconocido por el art. 13 de la Convención; derecho de los ciudadanos y ciudadanas movilizados en las calles protestando por el desconocimiento, por segunda vez, de su voluntad política expresada en las urnas a través del voto; pues los agentes estatales y paraestatales los reprimen con uso desproporcionado de la fuerza pública y la fuerza material de los privados, para impedir que sigan manifestándose en las calles; también vienen violando el derecho de los periodistas, trabajadores de prensa y los medios masivos de comunicación social, impidiendo la cobertura de los sucesos, tildándolos de estar parcializados con los manifestantes.
En cuanto a las amenazas y acciones concretas de violación los derechos al agua y la alimentación, más allá del rotundo rechazo que produce la conducta del Presidente del Estado y las organizaciones sociales afines al gobierno por proponer acciones de cerco a las ciudades, para evitar la provisión de productos alimenticios y acceso al agua, estos anuncios en sí mismos ya constituyen graves violaciones de derechos humanos y en la medida en que se vayan efectivizando, se convertirán en crímenes de lesa humanidad, puesto que, aislar una zona para desabastecerla o causar hambruna, no es permitido ni siquiera por el Derecho Internacional Humanitario.
4. Marco normativo boliviano
4.1. El derecho a la reunión y manifestación pública
El derecho a la reunión y manifestación pública está reconocido por el art. 21.4 de la Constitución y en ejercicio de este derecho, es legítimo que las personas expresen sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, mediante manifestaciones públicas, sin temor a represalias o a ser amedrentadas, hostigadas, lesionadas, golpeadas, detenidas y recluidas de manera arbitraria, ni torturadas.
Los ciudadanos y ciudadanas están ejerciendo ese derecho, al reunirse en cabildos y asambleas públicas, y manifestándose pacíficamente en las calles, reclamando el respeto de su derecho al voto y la voluntad política y preferencia electoral expresada a través del voto, asimismo exigiendo el respeto del principio de soberanía popular, proclamado por el art. 7 de la Constitución, que fue desconocida, al habilitar la candidatura del presidente y Vicepresidente a una tercera reelección, pese a que el 51.30% de los ciudadanos rechazó la reforma del art. 168 de la Constitución y la pretensión de habilitación de esos altos dignatarios de Estado, en el Referendo Constitucional Aprobatorio de 21 de febrero de 2016; asimismo, es desconocida con las graves irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en la realización del cómputo nacional de las elecciones generales realizadas el domingo 20 de octubre de 2019.
Como la mayor parte de las violaciones ha sido realizada por grupos paraestatales en contra de lo ciudadanos, ante el llamamiento y soporte de agentes estatales, cabe recordar que, en cuanto a la participación de terceros en acciones de control interno, la CIDH ya ha advertido que “la población no debe ser incorporada en ningún tipo de estrategia de defensa interna” y que, por el contrario, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir la creación de grupos de terceros armados, además de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables, una vez que estos ocurren. El Estado debe abstenerse de toda forma de aquiescencia, colaboración o actuación conjunta con tales grupos, además de adoptar todas las medidas para desarticularlos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el Estado es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan particulares que colaboren o participen en el ejercicio de ciertas funciones que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante, como las relativas al control del orden público, “más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones” .
En ese sentido, la CIDH ya en el caso de Nicaragua reiteró que los Estados tienen la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.
4.2. El derecho a la libertad de expresión
Este derecho está reconocido por el art. 21.5 de la Constitución, cuyo ejercicio permite a los ciudadanos y ciudadanas movilizados en las calles expresar sus ideas, opiniones y pensamientos críticos frente a la conducta del gobierno nacional y del órgano Electoral Plurinacional, que sistemáticamente han desconocido y pretenden desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Asimismo, este derecho permite a los periodistas, trabajadores de la prensa y medios masivos de comunicación social cubrir la información con veracidad, objetividad e imparcialidad, sin que por ello tengan que ser víctimas de acciones de represión directa e indirecta por parte de los agentes del Estado y los agentes paraestatales.
4.3. Derecho a la vida, integridad física y psicológica
Estos derechos están reconocidos por el art. 15 de la Constitución, y generan obligaciones positivas y negativas para el estado que debe resguardar, proteger y garantizar su pleno goce y ejercicio efectivo; lo que impide el uso desproporcionado de la fuerza pública, con el pretexto de resguardar el orden público.
4.4. Derecho a la alimentación y al agua
Estos derechos están reconocidos por el art. 16 de la Constitución, generando obligaciones positivas y negativas para el Estado, como las de garantizar el acceso, en igualdad de oportunidad y en condiciones de inocuidad, a la alimentación y el agua; y el de no privar ese acceso, menos por razones políticas o como medio de represión por la manifestación pública.
4.5. El principio de soberanía popular
Está proclamado por el art. 7 de la Constitución, lo que significa que el poder político nace y se fundamenta en la voluntad delos ciudadanos y ciudadanas; pudiendo ejercer ese poder político de manera directa a través de los mecanismos previstos por la propia Constitución, o delegando su ejercicio a sus mandatarios y representantes en elecciones libres, pluralistas, igualitarias y ampliamente informadas.
4.6 La misión de la Policía Boliviana
Por previsión expresa del art. 251.I de la Constitución, “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. Misión que al presente no está cumpliendo a cabalidad, ya que no está defendiendo a la Sociedad en su conjunto, sino a las organizaciones y movimientos sociales afines al gobierno nacional de turno, reprimiendo duramente a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran movilizadas en protesta por el desconocimiento de su voluntad política expresada en las urnas, con uso desproporcionado de la fuerza pública, y asumiendo una conducta pasiva y omisiva frente a las acciones de violencia desplegadas por los agentes paraestatales.
5. Petición
Ante lo expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana la urgente realización de una visita in loco a Bolivia con el objetivo de:
● Monitorear las acciones desplegadas por grupos paraestatales y parapoliciales, a partir del llamado del presidente Morales a defenderlo de un supuesto “golpe de Estado”, como calificó las protestas pacíficas que en todo el país se venían realizando.
● Tomar conocimiento directo de denuncias individuales sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, tortura, vejámenes y actos de racismo y xenofobia, contribuir para la identificación de sus responsables, y prevenir su ocurrencia futura.
● Sistematizar información sobre el total de personas que han sido privadas de su libertad, las infracciones o delitos de los que son imputadas y su situación procesal.
● Entrevistarse con agentes del gobierno, fiscales, legisladores, académicos, defensores de derechos humanos, sociedad civil organizada, movimientos sociales y otros actores relevantes respecto de las medidas adoptadas, incluyendo el conflicto de fondo que generó la protesta social y la situación general de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Bolivia.
● Formular recomendaciones al Estado para la canalización del conflicto social y político que afecta al país, para que, de manera acorde a los estándares internacionales de derechos humanos- incluida la adecuada investigación, sanción y reparación de las violaciones cometidas- este pueda ser superado.
Adhieren a esta solicitud las siguientes organizaciones sociales de Bolivia:
Fundación Observatorio de derechos Humanos y Justica — Fundación Igualdad – LGBT — Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón — Educación Radiofónica de Bolivia – ERBOL —Fundación Jubileo — La Pública, Plataforma Digital — Oficina Jurídica para la Mujer — Consorcio Boliviano de Juventudes – CONBOJUV — Asociación Boliviana de Ciencias Políticas – ABCP — Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad – IDG — Construyendo Redes para el Desarrollo – REDES — Agencia de Noticias FIDES — Foro Político de Mujeres de Cochabamba — Fundación Construir — Asociación Ecuménica de Teólogas – AETA —Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS — Consejo Departamental de Defensa de la Democracia, Cochabamba — Academia Boliviana de Estudios Constitucionales.
(1) Prensa: Los Tiempos, Evo Morales: "Carlos Mesa es un cobarde y delincuente", 24 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/evo-morales-carlos-mesa-es-cobarde-delincuente
(2) Prensa: Los Tiempos, Evo denuncia golpe y pide a los militares garantizar la unidad del país, 24 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/evo-denuncia-golpe-pide-militares-garantizar-unidad-del-pais
(3) http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
(4) Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 85.
(5) Corte I.D.H., supra nota 14
(6) Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Parr.105.
(7) CIDH, supra nota 12, P. 4.
(8) El Informe indicaba lo siguiente: “A las 19.40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. Nuestra información fue compartida hoy con el TSE y la Cancillería.
A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”. Ver: Declaración de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia 21 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-085/19
(9) CNN en Español, Conclusiones, “Ingenieros denuncian alteración de actas en elecciones presidenciales de Bolivia”, 27 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://cnnespanol.cnn.com/video/bolivia-analisis-edgar-villegas-entrevista-fernando-del-rincon-conclusiones/
(10) https://www.eldeber.com.bo/154490_la-union-europea-recomienda-una-segunda-vuelta-en-bolivia
(12) Prensa: Los Tiempos, Evo Morales: "Carlos Mesa es un cobarde y delincuente", 24 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/evo-morales-carlos-mesa-es-cobarde-delincuente
(13) Prensa: Los Tiempos, Evo denuncia golpe y pide a los militares garantizar la unidad del país, 24 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/evo-denuncia-golpe-pide-militares-garantizar-unidad-del-pais
(14) https://www.unitel.tv/noticias/el-mas-anuncia-cerco-desde-el-martes-sino-se-suspende-el-paro-civico/
(16) Prensa: Radio Fides, Video: Comenzó el cerco a Santa Cruz y afines al MAS bloquean la carretera a Cochabamba, 28 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.radiofides.com/es/2019/10/28/video-comenzo-el-cerco-a-santa-cruz-y-afines-al-mas-bloquean-la-carretera-a-cochabamba/
(17) Prensa: Los Tiempos, Campesinos inician cerco en apoyo a Evo y cívicos ratifican paro, 28 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191028/campesinos-inician-cerco-apoyo-evo-civicos-ratific
(20) Prensa: Los Tiempos, Enfrentamientos en Santa Cruz dejan heridos y hay tensión en el Plan 3000, 28 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191028/enfrentamientos-santa-cruz-dejan-heridos-hay-tension-plan-3000
(22) Prensa: Página Siete, Mineros entran a La Paz arrojando dinamitas por doquier pese a prohibiciones, 28 de octubre de 2019, Disponible en línea en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/28/mineros-entran-la-paz-arrojando-dinamitas-por-doquier-pese-prohibiciones-235733.html
(24) Ídem.
(25) Prensa: ATB DIGITAL, Mineros continúan utilizando cachorros de dinamita en sus movilizaciones, 30 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.atb.com.bo/sociedad/mineros-contin%C3%BAan-utilizando-cachorros-de-dinamita-en-sus-movilizaciones
(27) Disponible en línea en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/30/muerte-jovenes-corte-de-agua-masistas-multiplican-sus-amenazas-235856.html?fbclid=IwAR2dIwkhNpte4tLltNMox_bw7XNyj1YG0WnafYPoYHpIv5RLUzbeCp4EDLo
(30) Idem.
(31) Prensa: Los Tiempos, Policía desoye el pedido de ayuda de grupo de vecinos ante desbloqueo de choferes en La Paz, 29 de octubre de 2019. Disponible en línea en:https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191029/policia-desoye-pedido-ayuda-grupo-vecinos-desbloqueo-choferes-paz
(32) Prensa: Red Uno, Transportistas agredieron brutalmente a un joven, 28 de octubre de 2019. Disponible en línea: https://www.reduno.com.bo/nota/transportistas-agredieron-brutalmente-a-un-joven-20191028134523
(33) Prensa: Red Uno de Bolivia, Duros Enfrentamientos entre Mineros y bloqueadores, 29 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.reduno.com.bo/nota/duros-enfrentamientos-entre-mineros-y-bloqueadores-20191029213432
(34) Prensa: Pagina Siete, En Cochabamba, masistas desbloquean a punta de machetes y palos, 29 de octubre de 2019. Disponible en línea en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/29/en-cochabamba-masistas-desbloquean-punta-de-machetes-palos-235822.html
(35) Mauricio Noya, Periodista y presentador del Programa Noche a Noche de TELEC. De su página personal de Facebook. Disponible en línea: https://www.facebook.com/josemauricio.noyaruiz/videos/pcb.2555526751229934/2555526607896615/?type=3&theater
(37) https://www.youtube.com/watch?v=O6iqowj2DgA
(38) https://www.youtube.com/watch?v=hYSLmxce0xo
(41) https://www.youtube.com/watch?v=zHi5B6nrVxU
Columnas de Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia
