Primer gobierno de coalición en España

Hace poco menos de dos semanas, Marius Carol, director de La Vanguardia de Barcelona, vaticinaba que “un gobierno PSOE-UP (Partido Socialista Obrero Español-Unidas-Podemos) con el apoyo de un sector del independentismo constituye una arquitectura con más fachada que cimientos”. A pesar de esto, “puede contribuir a pacificar a los indignados y a los independentistas”. No sería extraño que esta última meta también haya figurado en la mente del ya jefe de gobierno, Pedro Sánchez, al llevar adelante esta difícil ingeniería de acuerdos y pactos como la única vía capaz de asegurar su investidura.

El pasado 7 de enero, en una segunda sesión de investidura, por simple mayoría de votos (167) y con la abstención de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el líder socialista consiguió la confianza del Congreso de los Diputados para ejercer la presidencia del Gobierno de España en la presente legislatura. 

De este modo, España se suma al grupo de países de la Unión Europea gobernados por coaliciones de diferente tipo y se aleja del de gobernados por un solo partido (Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Rumania, Chipre, Grecia y Malta). La alianza PSOE-UP se asemeja, a la que gobierna en Finlandia con una formación política /Alianza de Izquierda) situada más a la izquierda de la socialdemocracia. En la mayoría de los casos, aquellos partidos – como ocurre en Portugal y Dinamarca– apoyan al gobernante de centro izquierda desde “afuera” o desde el Parlamento. Es obvio que la gestión de una u otra forma de pacto o alianza no es igual. Las dificultades son mayores si se trata de una alianza como la pactada para gobernar en España, pues Unidas-Podemos, más a la izquierda del PSOE, forma parte del Gobierno –nada menos que mediante una vicepresidencia a cargo de Pablo Iglesias– y no se limita a brindar apoyo desde afuera. 

Para conseguir el voto de confianza del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se ha visto forzado a pactar, por escrito, con Unidas-Podemos y con ERC. Con el primero, para gobernar y con el segundo, para posibilitar su investidura. Los dos pactos muestran los costos que Sánchez tuvo y tiene que pagar para lograr esta ansiada meta. El acuerdo con UP hace girar al PSOE y al Gobierno un poco más hacia la izquierda, mientras que el pacto con ERC procura alcanzar alguna solución a la “cuestión catalana”.

Como era de esperar, ambos entendimientos son duramente criticados por la oposición de las agrupaciones de derecha y extrema derecha representadas por el Partido Popular, de Pablo Casado, Vox, de Santiago Abascal, y Ciudadanos, de Inés Arrimada. De este lado surgirán los principales obstáculos para llevar adelante el plan de gobierno enmarcado en los pactos. Y estas dificultades se darán, sobre todo, en el Congreso de los Diputados, en el que el gobierno de coalición no tiene mayoría absoluta.

Es difícil determinar si lo pactado con UP es más difícil de llevar adelante que lo pactado con ERC, o a la inversa. Ambos pactos incluyen materias de no fácil tratamiento. Sin embargo, en asuntos acordados con ERC figuran aquellas cuestiones –referentes a Cataluña– que, por su naturaleza, se abordan con una fuerte carga afectiva y simbólica.  El pacto subraya que se tratará, a través de una “mesa de diálogo” entre el gobierno de España y el gobierno catalán, de desbloquear y encauzar el “conflicto político sobre el futuro de Cataluña”. Estipula, además, que posibles acuerdos en la mesa de diálogo, “serán sometidos en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”. Para quienes han seguido de cerca las vicisitudes de la “cuestión catalana”, no es difícil conjeturar que las acciones para dar cumplimiento a estos asuntos serán vistas con suspicacia y seguidas con especial atención por los opositores de derecha y extrema derecha.

El autor es exviceministro de Relaciones Exteriores