Morir por mala praxis política

Gobernar es una de las actividades más complejas, requiere la toma de decisiones oportunas, una mala decisión genera responsabilidades civiles o penales, lo mismo sucede con la ausencia de decisiones se peca por omisión.

Administrar una catástrofe, llámese terremoto, huracán o pandemia, requiere la toma de decisiones basadas en estrategias, conocimientos, habilidades y consejos de alta especialidad provenientes de expertos en gestión de crisis. Tratar de administrar una pandemia con criterios subjetivos propios, ideas religiosas, esotéricas o cálculos políticos conlleva la sanción.

En Cochabamba, la pandemia encontró al municipio y a la gobernación sumidos en un estado de irresoluble crisis institucional. Desde el 21 de marzo, cuando se declaró la cuarentena nacional, no se tomaron ni decisiones oportunas, ni se aplicó estrategia alguna, la indiferencia, dejadez y la improvisación definieron los actos de esas instancias locales.

Es imposible saber cuáles serán las justificaciones para no haber implementado un centro de aislamiento desde ese 21 de marzo, más de 120 valiosos días perdidos que nos convirtieron en la ciudad con la tasa de letalidad más alta del país, alcanzando el extremo de colmar la capacidad del cementerio y habilitar fosas comunes. Ser enterrado en terreno baldío y con una retroexcavadora es una indignidad para el ser humano.

En plena pandemia las autoridades pecaron no sólo de omisión; sino, también de complicidad en el agravamiento de las precarias condiciones de sanidad.

Durante un mes, en pleno ascenso de la pandemia, la ciudad fue asediada por un grupo irregular que atiborró de toneladas de basura mercados, calles y hospitales.

La Gobernadora, quien por ley es la Autoridad Ambiental del departamento, sostuvo reuniones clandestinas con este grupo irregular. Duda respecto de la existencia del virus, pero administra recursos en nombre de la lucha contra su propagación. Y como no tiene la mínima idea de gestionar una crisis por pandemia sólo le quedó ofrecer una ley para consumo de dióxido de cloro como remedio a su mala gestión. Su permanencia en la gobernación es una afrenta a los ciudadanos.

El fracaso municipal en salud es evidente, la gestión se ha reducido sólo al afán de construir e inaugurar hospitales “de lujo” para tenerlos como cajas vacías.

En medio de la pandemia el Alcalde sufre una epifanía moral que lo llevó a anunciar su renuncia dejando inactiva la gestión por varios días, se perdió valioso tiempo en un sinsentido difícil de descifrar.

Se han cometido errores inconcebibles. Flexibilizar la cuarentena sin el consejo de especialistas en salud y en base a las necesidades de comerciantes y transportistas (los peores consejeros y principales vectores que propagaron el virus hasta el último vecindario de una ciudad llena de basura), sin condiciones hospitalarias ni un plan fue simplemente monstruoso.

El resultado es una infección masiva. Hoy las redes sociales se han convertido en obituarios. Sin centros de aislamiento activos, sin hospitales en condiciones apropiadas, sin unidades de terapia intensiva, la faena es para las funerarias que, dicho sea de paso, reclamaron también por su saturación extrema y que con un paro de trabajadores del cementerio configuraron una imagen surrealista que no merecíamos ver.

Así se equivocó el camino, se tomaron malas decisiones y como no se puede retroceder el tiempo se quemaron las fases de administración de una pandemia, ahora los esfuerzos de las autoridades se centrarán en ampliar cementerios e instalar más hornos crematorios para incinerar los cuerpos de sus votantes.

No existe justificativo alguno para este cuadro de negligencia, las renuncias de las autoridades departamentales no son suficientes, se deben establecer responsabilidades por la mala praxis política en la gestión de la pandemia, el dolor de las familias cochabambinas así lo exige.

El autor es abogado