Rayado

Sí. Estoy rayado. Y estoy rayado porque parezco disco rayado. Y, como disco rayado, repito y repito lo que con el Cerro Rico está pasando, pero creo que nadie me está escuchando.

Y repito lo que está pasando:

1. El Cerro Rico se está hundiendo porque, desde que lo explotan los cooperativistas mineros, la explotación se realiza sin labores previas de preservación.

2. Al verificar el daño que estaba sufriendo el Cerro Rico, la Unesco, en 2014, puso a Potosí en la lista de Patrimonio Mundial en Riesgo. Ese es el paso previo a quitarle el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

3. Existe una norma, el Decreto Supremo 27787, que prohíbe trabajos desde la cota 4.400 hacia arriba; es decir, en la cúspide.

4. Existe un reducido grupo de cooperativistas mineros que se benefician con la explotación de óxidos de plata precisamente en la cúspide.

Con ese panorama tan brevemente expuesto, cualquier persona diría que la solución al deterioro que sufre el Cerro Rico es aplicar la ley y ordenar la inmediata paralización de trabajos a partir de la cota 4.400, pero las autoridades parecen no entender algo tan sencillo.

Desde que comenzaron las presiones para detener los trabajos en la cúspide, ha sido el gobierno central, que es el que realmente está obligado a cumplir las recomendaciones de la Unesco, el que ha puesto reparos con el argumento de que no se puede echar a los cooperativistas ya que, antes de pedirles que desocupen sus actuales áreas de trabajo, hay que encontrarles y ofrecerles nuevas.

Y la verdad es que se buscó y ubicó nuevas áreas, pero los comunarios de los lugares identificados se opusieron a que los cooperativistas instalen sus operaciones. Así, los días pasan y el Cerro continúa hundiéndose, porque se lo explota 24 horas al día y siete días a la semana.

El Ministro de Minería y autoridades de la Corporación Minera de Bolivia estuvieron en Potosí el pasado fin de semana y admitieron todo lo apuntado líneas arriba. Admitieron que hay nuevos hundimientos y que algunas cooperativas tienen concesiones en la cúspide, pero, pese a que todo eso configura un panorama de vulneración a la norma, al decreto 27787, el gobierno central no está dispuesto a hacer cumplir la ley. Dijeron, con todas sus letras, que hay que pensar en los derechos de los más de 15.000 cooperativistas mineros que trabajan en el Cerro Rico. No entienden que solo se habla de paralizar trabajos en la cúspide, no en toda la montaña.

Estoy rayado.

Son 15.000 familias, pero los habitantes del municipio de Potosí somos casi 200.000, los que seremos afectados si se hunde el Cerro. Si el Gobierno vela por los cooperativistas, ¿quién vela por nosotros?

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo