El Cerro Rico se hunde
El Cerro Rico de Potosí se hunde y ya casi todos llegamos a la conclusión de que el Estado boliviano poco o nada ha hecho para proteger el cerro que no solo es monumento nacional, por ley expresa, sino también la principal razón por la que la Unesco incluyó a Potosí en la lista del Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial.
En 2014, la Unesco también decidió inscribir a Potosí en la lista del Patrimonio Mundial en peligro, lo que constituye la antesala a retirarle de la primera, la de privilegio, lo que también es conocido como perder el título de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, se informó que se había tomado esa decisión “debido a la actividad minera incontrolada que tiene lugar en su Cerro Rico, que podría degradar el sitio”.
Pese a la claridad de esa decisión, desde entonces, hasta ahora, nada se ha hecho para frenar las condiciones de degradación en las que está sumido el Cerro Rico. Por el contrario, ha sido el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, el que se ha preocupado de buscar nuevas áreas de trabajo a las cooperativas mineras, como condición sine qua non para que se retiren de la cúspide, de la cota 4.400 hacia arriba, cuya explotación está prohibida por el Decreto Supremo 27787.
Para entender lo irracional de esa búsqueda, habrá que recordar que los yacimientos mineros no son propiedad privada, sino del Estado boliviano. Lo que pasa en el Cerro Rico es que todo ese yacimiento está dividido en espacios llamados “concesiones” que son arrendados a cooperativas mineras. Como la explotación está prohibida en la cúspide, jurídicamente no debería haber ni una concesión allí, pero la Corporación Minera de Bolivia ha admitido recientemente que existen varias. En otras palabras, el Estado boliviano, a través de sus mecanismos de control, admite ilegalidades en el Cerro Rico.
Como el tiempo pasa, la presión ciudadana crece. Especialmente en la Villa Imperial. A fines de julio hubo una cumbre de culturas en la que participaron la ministra del área, Sabina Orellana, y el de minería, Ramiro Villavicencio. Ambos expresaron su voluntad de poner soluciones a la degradación del Cerro Rico.
La respuesta de los involucrados en el asunto fue sacar a las calles a centenares de mineros que marcharon por las calles del centro de la Villa Imperial, en una obvia demostración de fuerza, antes de que uno de sus dirigentes admitiera públicamente, en un discurso, que sí trabajan en el área prohibida y, por si eso fuera poco, advirtió que no dejarán de hacerlo.
Fue un desafío directo al Estado de derecho que las autoridades permitieron, como permiten desde hace años, que haya trabajos ilegales en una montaña que se cae a pedazos. Pero eso no preocupa al oficialismo.
Quizás porque la conservación del Cerro Rico, o su derrumbe, carece de interés en términos político-ideológicos.
