Reforma judicial: consensuando la propuesta final

La organización de Comités Departamentales para la Reforma Judicial está generando un renovado impulso ciudadano en miras al referendo modificatorio de la Constitución. Este mes de mayo la organización se completará en Santa Cruz y Beni, al tiempo que, con una mayor difusión de la propuesta, se llevarán a cabo talleres técnico-jurídicos para recabar aportes, observaciones, críticas y complementaciones al proyecto inicial elaborado por 10 juristas independientes.

Ya hemos conocido importantes criterios, especialmente de juristas que, estando de acuerdo con los contenidos principales de la reforma, observan que:

1. Siendo la Comisión Nacional de Postulaciones crucial en la despartidización de la calificación y selección de postulantes a la cúpula judicial, genera algunas dudas su composición con dos miembros designados por la Asamblea Legislativa, dos por el sistema universitario, uno por el Colegio de Nacional de Abogados y otro por el sistema indígena originario. El carácter partidario de la Asamblea y la influencia igualmente partidaria en la universidad pública son las principales observaciones. Se trata de dudas razonables que las tuvimos ya en el primer momento de elaboración de la propuesta, pero frente a criterios corporativos (empresarios, trabajadores, campesinos, etc.) o de orden regional y departamental, nos sigue pareciendo una mejor aproximación que la debemos mejorar, precisamente en este tiempo de discusión y de aportes más cualitativos. 

2. La revalorización de la justicia originaria, especialmente en lo que hace a la participación indígena paritaria en el Tribunal Constitucional, también está provocando un importante debate. Hay quienes consideran como excesiva dicha paridad, pero también hay quienes la consideran necesaria para restablecer principios como la “plurinacionalidad”, criterio éste de representaciones indígenas con las que se está compartiendo la propuesta. Hay unanimidad en que se debe eliminar el mal llamado “deslinde jurisdiccional”, para restablecer las competencias propias de las autoridades indígenas, pero se reitera que el rol del Tribunal Constitucional tiene alcances universales que van más allá de la sola compatibilización entre justicia ordinaria y originaria. 

3. Es también unánime la opinión de incorporar al Ministerio Publico de inicio en la Reforma dada su íntima vinculación con la administración de justicia penal, que es una de las áreas más críticas por el rol autoritario de los fiscales, su falta de independencia del poder político y la violación de las garantías constitucionales.

El criterio es el de incorporar la selección y calificación de los postulantes a Fiscal General, dentro de la Comisión Nacional de Postulaciones, buscando igualmente independencia e idoneidad, mucho más ahora que, desde el Gobierno, se han emitido criterios contrarios a esa independencia, queriendo incluso ampliar la intervención político-parlamentaria a la calificación y elección de los fiscales departamentales. Algunas opiniones sugieren que el Contralor General y el Defensor del Pueblo también deberían ser calificados por la Comisión Nacional de Postulaciones.

Como decíamos, este mes de mayo los talleres departamentales nos darán mayores luces para tener una propuesta de reforma final, más consensuada y más completa, con la que debemos acudir al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional que, por ley, son los niveles estatales que, luego de verificar requisitos de orden legal, deberán autorizar la entrega de los libros para recabar la adhesión de al menos el 20% del electorado y concretar el referendo.

El desafío de la reforma judicial vía referendo ciudadano está en ese momento donde se requiere redoblar esfuerzos, mucho más cuando el Gobierno ha archivado sus “cumbres” y sus variadas “propuestas” de reforma, al tiempo que está tratando de descalificar nuestra propuesta ya no en sus contenidos, sino con el “argumento” de que no hay tiempo para un referendo, que será imposible reunir las firmas y que es más fácil el camino de los “acuerdos” parlamentarios. No estamos en contra de acuerdos que ojalá fueran integrales, basados en una verdadera voluntad de cambio. Pero como estamos viendo en la elección del Defensor del Pueblo esa voluntad no existe y, peor, para la crisis judicial lo que se propone son sólo parches en la selección de postulantes que le permitan al Gobierno tener 2/3, ofreciendo a la oposición participar en el reparto de las postulaciones, sin entrar a la profundidad de la crisis judicial expresada en las carencias de independencia, idoneidad, presupuesto y acceso.