Me llegó la hora de decir ¡basta!

La primera elección judicial, medida por la calidad del sistema de justicia, fue un rotundo fracaso reconocido en 2017 por el entonces vicepresidente, quien no ahorró adjetivos atribuyendo a ese primer proceso la “pestilencia” de la justicia boliviana. Sabemos ahora que, tan inusual desborde de honestidad, solo buscaba alentar la participación ciudadana en la segunda elección bajo la promesa que se corregirían errores y se nos devolvería una justicia acorde con la Constitución.

Sin embargo, desde la convocatoria a los aspirantes hasta la designación final de los “ganadores”, la elección del 2017 fue manipulada por el partido gobernante mediante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos.

Tres meses antes de la elección, recurriendo a una investigación nuestra, Página Siete publicó un reportaje (Examen oral sirvió para favorecer candidatos, 11.09.17) mostrando que la selección de las candidaturas al Órgano Judicial se definió con la calificación a la entrevista. La reacción del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se hizo esperar, con descalificaciones discursivas, pero sin argumentos fácticos.

La prueba —matemática y lógicamente irrefutable, sobre la manipulación, fue que, usando como el único criterio la calificación de las entrevistas, 24 horas antes que la ALP publiqué la lista final de seleccionados que irían a la elección para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), identificamos 36 postulantes que, en nuestra opinión, serían seleccionados a pesar de no tener las mejores calificaciones en méritos; y una segunda lista de 14 candidatos con altas calificaciones en méritos, pero que, afirmamos, NO estarían en la lista final.

Para hacer la historia corta, de los 70 preseleccionado al TCP acertamos en 33 de los 36 nombres (92%) seleccionados por la ALP, y en los 14 (100%) que dijimos serían rechazados. La probabilidad de estos aciertos por “chiripa” es, para todo fin práctico, CERO: demuestra que el proceso solo obedeció a criterios políticos, juego al que se sumó el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con intrascendentes y vergonzosos exámenes que apañaron la selección de personas sin los méritos mínimos.

Los “magistrados” elegidos en diciembre de 2017 con todos los vicios enumerados, también se aplazaron en el examen del apoyo popular: ninguno superó a los votos blancos y nulos, dejando en evidencia la ilegitimidad social de la “elección”. Esos personajillos mantienen hoy la reelección indefinida como derecho humano, son autores de aberrantes fallos, y son cómplices de acciones y omisiones con las que hoy obstaculizan la iniciativa ciudadana para reformar el asco pestilente que llaman “justicia”. Es claro que, este TCP o cualquier otra instancia del Órgano Judicial elegida bajo las mismas reglas y condiciones, jamás se pronunciará en apego al espíritu de la CPE.

La actual convocatoria, con el tramposo reglamento recién ajustado a la medida del MAS, repite y multiplica vicios de ilegalidad e ilegitimidad. Pero como bien anota el constitucionalista Gonzalo Hidalgo, la democracia formal en Bolivia solo sirve hoy para aplastar a mayorías pasivas y para consolidar un sistema autoritario. Por ello, el problema no es solo la “elección trucha”, sino la desinstitucionalización —la destrucción de las instituciones más propiamente— que todas estas arbitrariedades están ocasionando, y que nos arrastran hacia el pozo de los “Estados fallidos” del siglo XXI: si, como sociedad, no frenamos la desinstitucionalización, al colapso del imperio de la ley como primer efecto directo seguirá el colapso de la economía, y, en general, de todo el ordenamiento democrático, político y territorial.

Es por este peligro inminente que, la tarea inmediata y de extrema urgencia, es reconstruir el sistema de justicia como condición necesaria para el desarrollo del país y para ofrecer un futuro posible a nuestros hijos y nietos. Solo mentes estrechas, cegadas por intereses mezquinos, no son capaces de ver que la pobreza, el atraso y la extrema dependencia, son resultado de la falta de institucionalidad que los políticos, con pocas excepciones, alientan desde hace 200 años al anteponer intereses particulares a la solución de los desafíos estructurales.

Es hora de decir ¡basta! a la politiquería y al manoseo de las instituciones fundacionales; debemos ejercer el derecho constitucional a “la fiscalización de los actos de la función pública”, y la obligación de hacer cumplir nuestra Constitución. Tropezar con la misma piedra puede estar bien en amores, pero por tercera vez en elecciones judiciales truchas, sería de estúpidos totales. Para la ciudadanía comprometida con el país, callar y conceder, ya no puede ser una opción.

Tomo la oportunidad para reconocer la iniciativa del grupo de Juristas Independientes, el trabajo de todos los voluntarios que han recabado firmas, y el compromiso democrático de los miles de ciudadanos que acudimos a firmar. Posiblemente, por las trabas tendidas para frenar el proceso, nunca sabremos si la iniciativa alcanzó o superó el millón y medio de firmas. Pero, sin duda, la gente ganó: ha logrado quitar las máscaras de los falsos “custodios de la democracia y de la justicia” dentro del Ministerio de Justicia, del TCP, del Tribunal Supremo Electoral, y de la ALP.

Personalmente, por mi deber de respetar y hacer respetar la CPE, no me sentiré ni representado ni obligado a respetar a ningún “magistrado electo” en este proceso, que acentuará la pestilencia en la que solo pueden estar cómodos quienes no tienen la estatura profesional, ética ni moral para impartir justicia. Para ellos y su descendencia, ¡vergüenza!

El autor, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo