Derechos humanos selectivos y el silencio de los indecentes

El uso de armas de fuego contra la policía en San Julián, sumado al cerco violento que asfixia y mata de hambre a ciudades en Bolivia, representa una degradación total de la convivencia civil y una agresión directa a la vida de los ciudadanos.

Los graves enfrentamientos registrados durante los intentos de desbloqueo, que dejaron varios policías heridos por proyectiles de bala —incluyendo a uniformados con lesiones de extrema gravedad—, demuestran que estas movilizaciones ya no pertenecen al ámbito de la protesta social o las demandas legítimas. Se trata, en cambio, de acciones organizadas y criminales ejecutadas por grupos radicales que usan la violencia y el desabastecimiento para forzar objetivos políticos, importándoles un comino el sufrimiento de la población de La Paz, El Alto y otros departamentos golpeados por el desabastecimiento.

Esta situación sobrepasa cualquier límite permisible en una sociedad democrática. Cuando una movilización pasa de la pancarta y la marcha a las trincheras, al uso de dinamita y a la portación abierta de armas de fuego contra las fuerzas del orden, se rompe el pacto social.

Los policías heridos en San Julián no se enfrentaban a manifestantes pacíficos, sino a columnas organizadas con capacidad de fuego, decididas a mantener el control de las carreteras a cualquier costo humano.

Es una estrategia de terrorismo urbano y rural que busca doblegar al Estado mediante el miedo, utilizando los cuerpos de los uniformados como blanco y la tranquilidad de las familias como moneda de cambio.

Frente a este escenario de extrema violencia y flagrante vulneración de los derechos más elementales —como comer, trabajar, circular libremente o recibir atención médica—, salta a la vista un silencio atroz. Las organizaciones encargadas de defender los derechos humanos a nivel nacional e internacional parecen haber desaparecido. El rol de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los comités de derechos humanos se reduce a un silencio cómodo, calculador e indignante.

No hay comunicados contundentes, no hay misiones de emergencia ni condenas públicas contra quienes usan armas contra los uniformados o quitan el alimento a las familias bolivianas.

Mientras los mercados se vacían en La Paz y El Alto, y los precios de los productos de primera necesidad se vuelven inalcanzables para los sectores más vulnerables, estas instituciones observan desde la comodidad de la distancia.

No se escucha una sola voz que defienda a la madre de familia que no encuentra leche, al enfermo que muere dentro de una ambulancia varada en un punto de bloqueo, o al pequeño productor que ve cómo se pudre el trabajo de todo un año a un lado de la ruta. Este vacío institucional deja desamparada a la inmensa mayoría de la población, que se encuentra atrapada entre el vandalismo de las carreteras y la indiferencia burocrática de los escritorios internacionales.

Este comportamiento ausente no es una casualidad del momento, sino una conducta repetitiva que responde a la historia reciente del país. Si revisamos los antecedentes históricos del rol de la CIDH en Bolivia, queda claro cómo opera este mecanismo de sesgo y conveniencia.

Durante las crisis políticas más profundas que ha vivido el país en las últimas décadas, la CIDH siempre ha mostrado una celeridad asombrosa y una firmeza implacable cuando se trata de cuestionar las acciones de contención del Estado o cuando se detiene y procesa a los dirigentes que promueven el desorden público. Sus misiones de observación, informes temáticos y medidas cautelares suelen activarse de forma inmediata en defensa de quienes bloquean carreteras, destruyen propiedad o atacan la institucionalidad.

La historia demuestra que estos organismos internacionales operan bajo una agenda preestablecida que prioriza la protección del actor político movilizado por encima de la seguridad del ciudadano común.

En crisis pasadas, las delegaciones internacionales llegaban al país con rapidez, emitían pronunciamientos severos en cuestión de horas y exigían garantías absolutas para los líderes de las protestas, incluso cuando existían indicios claros de violencia organizada.

Esta intervención selectiva ha dejado una huella profunda en la memoria boliviana, consolidando la sospecha de que la justicia internacional tiene un color político definido y que sus herramientas de fiscalización se utilizan para blindar la impunidad de ciertos sectores radicalizados.

Sin embargo, esa misma CIDH arrastra un historial de pasividad cuando las víctimas son los ciudadanos comunes atrapados en los cercos, los comerciantes que pierden todo, o los policías que, cumpliendo su deber sin armamento letal, terminan baleados en una carretera.

Esta mirada selectiva ha convertido los derechos humanos en un concepto acomodaticio y parcializado. En el imaginario de estos organismos, pareciera existir una jerarquía de víctimas donde los derechos colectivos de millones de personas a la alimentación y la paz valen menos que los intereses políticos de los grupos radicales que imponen bloqueos salvajes como los que sufre actualmente Bolivia.

Bajo este enfoque distorsionado, el derecho a la protesta se ha sobredimensionado al punto de pisotear todos los demás derechos fundamentales.

Para la CIDH y la Defensoría, el bloqueo violento parece gozar de una inmunidad sagrada, mientras que el derecho a la vida de los policías y la subsistencia de los habitantes del occidente boliviano son tratados como meros daños colaterales. Es una inversión perversa de los valores democráticos donde se protege al agresor armado y se ignora por completo a la sociedad civil agredida.

La indignación colectiva nace precisamente de este doble discurso miserable. Resulta intolerable ver cómo estas instituciones recuperan la voz y la energía únicamente cuando un bloqueador es detenido o cuando las fuerzas del orden se ven obligadas a intervenir para abrir paso al alimento y al combustible.

En esos momentos, el aparato internacional se activa con rapidez para denunciar la supuesta "criminalización de la protesta", olvidando por completo que el uso de armas de fuego, las agresiones brutales y el desabastecimiento forzado no son derechos protegidos por ningún tratado, sino delitos graves que destruyen el tejido social.

Cuando la policía actúa en defensa de la libre circulación, se encienden todas las alarmas internacionales y se redactan informes llenos de adjetivos condenatorios. Pero cuando los grupos irregulares de San Julián disparan a quemarropa contra hombres uniformados que cumplen su mandato constitucional, el silencio se vuelve absoluto.

Esta asimetría discursiva es la prueba más clara de una hipocresía que ya no se puede ocultar y que ofende la dignidad del pueblo trabajador, obligando a los ciudadanos a defenderse por sí mismos ante la ausencia de una protección real.

Con este actuar sesgado, los organismos de derechos humanos están cavando su propia tumba en términos de credibilidad. Al callar ante los policías ensangrentados en San Julián y ante el estrangulamiento de los mercados en el occidente del país, demuestran que su verdadera preocupación no es defender la dignidad de las personas, sino mantener su vigencia política y burocrática alineada con corrientes ideológicas.

Subjetivizar los derechos, decidiendo a quién proteger y a quién ignorar según la conveniencia del bando, es la forma más ruin de traicionar la justicia.

La pérdida de confianza en estas entidades debilita la arquitectura democrática internacional.

Si las instituciones llamadas a ser árbitros imparciales de la dignidad humana se convierten en militantes de una causa política, la noción misma de los derechos universales desaparece. La ciudadanía boliviana asiste hoy al espectáculo de ver organismos costosos, sostenidos por la comunidad internacional, que solo sirven de escudo protector para los violentos y de jueces implacables contra la institucionalidad del Estado.

Si la CIDH, la Defensoría y las redes de derechos humanos internacionales no son capaces de condenar de forma abierta la violencia armada y criminal de estos bloqueos en el país, pierden toda autoridad moral para hablar en nombre del pueblo boliviano. No se puede construir una sociedad justa sobre la complicidad del silencio. La protección de la vida debe ser para todos, sin banderas políticas ni complicidades disfrazadas de neutralidad. Mientras no exista una condena firme y unánime contra el uso de balas y el secuestro del alimento, estas organizaciones seguirán siendo vistas como cómplices silenciosas de la tragedia que hoy desgarra a Bolivia.

El autor es comunicador social