Tras queja en la CIHD, Gobierno ratifica versión de caso terrorismo
La publicación de la separata “Terrorismo Separatista en Bolivia”, ayer, por parte del Ministerio de Comunicación en varios medios de circulación nacional es interpretada por analistas como una señal de nerviosismo del Gobierno por intentar aplacar los efectos de la resolución que admite el “derecho de petición” presentado Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la petición a la CIDH se reclama la observancia y defensa de los derechos humanos en el operativo del hotel Las Américas, realizado el 16 de abril de 2009 por policías de élite que neutralizaron a una presunta banda de separatistas contratados por la oposición, “media luna”.
En el operativo murieron el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa-Flores, el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi.
La resolución de admisión de la CIDH refiere la supuesta ejecución extrajudicial del irlandés Dwyer en el operativo del hotel, que, de ser probada, podría generar responsabilidades por tortura y violación del derecho a la vida. Esos delitos no prescriben y se persiguen internacionalmente.
El analista político y docente universitario, Rolando Tellería, expresó que la publicación trata de desvirtuar que existieron ejecuciones extrajudiciales, ratificar que el grupo pretendía generar una confrontación interna para separar al oriente del país e involucrar nuevamente a líderes de la oposición, como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
En el informe del Ministerio de Comunicación, en una separata de 16 páginas, se ofrece un compacto de la investigación realizada en 2009 por la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados.
En su presentación afirma: “En abril de 2009, las fuerzas policiales intervinieron el hotel Las Américas de Santa Cruz y abatieron a la banda terrorista que había comenzado a desarrollar acciones violentas para provocar una guerra civil en Bolivia”.
Luego, hace un relato cronológico y rememora los planes terroristas. Además de identificar a los “cabecillas” y relacionarlos con políticos de oposición, presuntamente, disconformes con el Gobierno de Evo Morales.
Finalmente, recuerda las recomendaciones emitidas por la comisión especial, algunas de ellas encomendadas al Ministerio Público.
Los parlamentarios de la comisión concluyeron que “existe relación entre las evidencias encontradas en el estand de Cotas y las colectadas en el hotel Las Américas”.
Según Tellería, “la verdad siempre sale a flote y se está viendo que el caso terrorismo pudo ser fabricado para romper con el empate catastrófico (MAS y oposición), en 2009, para construir un proyecto político hegemónico”.
En tanto, que volver a vincular a Rubén Costas con el caso terrorismo es un error o un mensaje de que se está desmarcando del Gobierno por su viaje a La Haya, donde pidió respeto al referendo y por su apoyo “a raja tabla” de José María Leyes, pese a las denuncias por el caso de las mochilas.
El sociólogo Fernando Salazar manifestó, además, que a pesar del proceso judicial realizado en Bolivia hay aspectos que no se han aclarado, entre ellos, el rol de los organismos de Inteligencia del Gobierno. Preguntó: “Había una intención de separatismo o el Gobierno usó todos sus mecanismos contra la oposición”.
DATOS
Conformaron una comisión especial. El informe conclusivo del denominado caso terrorismo fue elaborado por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, en 2009.
Identifican “cabecillas” y políticos de oposición. El informe establece que se identificó como “cabecilla” del plan separatista a Eduardo Rózsa Flores y a otros políticos que conformaban la “media luna”.
Vuelven a mencionar al gobernador Costas. Ayer, se volvió a señalar a Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, como parte de los dirigentes del movimiento.
El riesgo de pagar resarcimiento de daños. El Estado boliviano se podría enfrentar al resarcimiento económico por la violación de derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial en el denominado caso terrorismo, en 2009.
La CIDH admite la petición de informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la “petición de informe” de las víctimas después de ocho años.
El caso puede llegar a la Corte de Derechos. En caso de que se emita un informe para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, el Estado boliviano corre el riesgo de ser amonestado.
OPINIÓN
Rolando tellería. Analista político
“La resolución ha colocado, sin duda, nervioso al Gobierno”
La publicación de la separata “Terrorismo Separatista”, además de tener un costo millonario, tiene que ver con la situación cuestionada del Gobierno tras la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una demanda que propiciaron las víctimas. Esto, sin duda, ha colocado nervioso al Gobierno, porque hay elementos para sostener que se realizó una ejecución extrajudicial. La admisión del caso pone en una situación delicada al Gobierno, fundamentalmente, ante la opinión pública internacional; pero, también, ante la opinión pública nacional.
La reedición de la separata responde a ese escenario, porque quieren ratificar que efectivamente hubo un intento de separación y desvirtuar que ha sido un tema creado, donde se han dado ejecuciones extrajudiciales. Es una situación muy delicada para el Gobierno.
