Caso fraude: inician inspección y develan el poder de la vocal Cruz
A casi un año del fraude electoral, este lunes se llevó adelante la Inspección Técnica Ocular (ITO), oportunidad en que se ratificó que la delegada de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, ordenó interrumpir la Transmisión de Resultados Electorales (TREP) el 20 de octubre de 2019.
En este proceso, que involucra a por lo menos 30 personas, se recorrió por lo menos cuatro instituciones, entre ellas el Servicio de Registro Civil (Sereci), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el TSE. Además, la Fiscalía de La Paz determinó contrastar información ya que no es suficiente el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las investigaciones del caso fraude electoral I ingresan en su fase final con la indagación del hecho delictivo en los escenarios utilizados para llevar adelante el ilícito, actividad en que intervinieron los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales, además de otras 30 personas involucradas.
Una auditoría de la OEA a las elecciones de 2019 estableció que hubo “manipulación dolosa” y “parcialidad” de la autoridad electoral.
De acuerdo con reportes, la empresa Ethical Hacking advirtió al TSE que el software del TREP era inseguro, además informó sobre errores de omisión de protocolo y un servidor fuera de rango de monitoreo al que redirigieron todo el tráfico del Sereci para la verificación de actas, entre otras.
“No hemos podido investigar cinco meses por la pandemia, entonces se han suspendido los plazos, nos falta un peritaje internacional a parte de las inspecciones oculares”, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.
Agregó que el estudio internacional se realiza con recursos propios de la Fiscalía, pese a solicitar ayuda a la Cancillería, pero que no brindó la cooperación requerida.
“Entendemos que colectando unos elementos más emitiremos la acusación, yo estimo en unos dos meses más”, agregó.
En la ITO no participaron Nicolás Laguna, quien era director de la Agetic cuando se consumó el fraude. El acusado se encuentra asilado en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Sergio Martínez, exasesor del Sereci, y Marcel Guzmán, exgerente de la empresa Neotec, que vendió un software para los comicios, tampoco se presentaron.
Según el fiscal Cossío, el Ministerio Público requiere comprobar la información recibida en este proceso para dar con la verdad histórica de los hechos.
“Tenemos que contrastar. Si bien existe el peritaje de la OEA, nosotros tenemos que hacer otro peritaje más para poder tener certeza de lo que se ha dicho. Muchos nos dicen “suficiente lo de la OEA”. No, no es suficiente para nosotros. Tenemos que llegar a la verdad histórica de los hechos”, explicó al indicar que para el trabajo de peritaje se está solicitando a empresas internacionales.
El jefe de la división Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Luis Fernando Guarachi, reveló que la exvocal del TSE Lucy Cruz habría ordenado la paralización de la difusión del sistema de TREP.
“Se ha podido establecer quién y a qué hora ha dado la orden para el aislamiento de los datos del sistema de comunicación para el TREP. Se ha identificado a la exvocal Lucy Cruz como la que habría dado la orden correspondiente”, refirió el jefe policial, a tiempo de señalar que ella tuvo varios flujos de llamadas con gente de Palacio de Gobierno.
El corte de la transmisión de datos fue uno de los detonantes para la convulsión de octubre y noviembre de 2019.
La Procuraduría dice que en 2019 hubo fraude
“A criterio de la Procuraduría, ya se tienen aspectos muy concretos. Que ha habido fraude, ha habido; quiénes han sido los autores, quiénes han sido los autores materiales y demás. Claro, se tiene que cumplir formalidades ya de detalle que son funciones de la Fiscalía”, dijo el director departamental de la Procuraduría General del Estado en La Paz, Fabio Joffré, a Unitel.
De acuerdo con su informe, la Procuraduría es una de las instituciones que espera que el proceso penal concluya con la sentencia a los autores intelectuales y materiales del fraude electoral, que se originó con la paralización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) o conteo rápido, la noche del 20 de octubre del año anterior.
“Nosotros siempre hemos esperado que esto ya culmine lo más pronto posible, nosotros solicitamos siempre, hemos exhortado a las instituciones encargadas de la investigación para que concluyan lo más rápido posible estos plazos”, dijo.
La empresa Ethical Hacking, en su momento, indicó que hubo una “alteración manual de las bases de datos del TREP y de cómputo, durante el proceso de votación. Sea cual sea el motivo y desde el punto de vista técnico y forense, vicia de nulidad todo el proceso electoral y pierde toda credibilidad al violar la integridad de las bases de datos”.
Esta institución se encargó de la auditoría del proceso electoral de 2019.
