Ven que el Gobierno no aplica datos de organismos para cambiar justicia
Vanos son los informes de organismos internacionales sobre la situación crítica de la justicia boliviana porque el Gobierno no toma en cuenta las principales recomendaciones que hacen.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que lleva adelante acciones para reformar la justicia y que justifica con la lectura de algunos párrafos, como ocurrió con reciente informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
Asambleístas nacionales y abogados cuestionan el manejo que hace el Movimiento Al Socialismo de estos informes.
Tras el informe de García-Sayán, uno de los primeros en aparecer en el escenario mediático fue el viceministro de Justicia, César Siles, quien en conferencia de prensa desmintió algunas publicaciones para lo que dio lectura al párrafo 87, para saltar a otro párrafo en que García-Sayán felicita al Gobierno, pero no dio lectura al artículo 88 que refiere a la generalización de la detención preventiva.
El informe
El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado refirió que el informe pone de manifestó en por lo menos 28 acápites que hacen referencia a la falta de independencia a la necesidad de plan de reforma, a estos abusos que tienen que ver con la detención preventiva.
“Hay que leer el informe de manera integral y salvando los recaudos diplomáticos (...) es pues objetiva respecto a la crisis y tragedia judicial, a la inacción gubernamental respecto a esa crisis”, señaló.
Agregó, a nombre de los juristas independientes que buscan reformar la justicia a través de consulta popular, que no se puede esperar nada del Estado para mejorar el sistema de justicia.
“Los juristas independientes esperamos casi nada del Estado, por eso impulsamos el proceso de reforma judicial desde la sociedad a partir de un referendo ciudadano. Ojalá tomaran en cuenta las recomendaciones del doctor García-Sayán”, sostuvo.
Otros informes
En diciembre de 2021, el informe periódico del Estado de Bolivia del Comité contra la Tortura de la ONU expresó una grave preocupación por la falta de independencia de la justicia y la Fiscalía. Hasta ahora el Gobierno no tomó medidas.
En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) subraya en su informe que la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal.
También cuestionó las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.
