Médicos levantan cuarto intermedio y van al paro nacional de 96 horas en rechazo a la “jubilación forzosa”
El Comité Nacional de Salud confirmó el paro de 96 horas a partir del lunes próximo, luego de que fracasó la reunión con la Comisión de Planificación. La medida de presión fue ratificada por la falta de una respuesta adecuada a sus demandas, informó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte.
Mediante un comunicado, el Comité Nacional de Salud (CONASA) detalló que durante los días de paro se reforzará la atención en los Servicios de Emergencia de primer, segundo y tercer nivel, para minimizar el impacto en la población que necesita atención médica urgente.
Convocatoria nacional y apoyo de diversos sectores
"CONASA y el comité interinstitucional Por una Jubilación Digna han convocado a un 'Paro Nacional Movilizado de 96 horas' los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2024. La convocatoria incluye a todos los Colegios de profesionales, FESIMRAS, FESIRMES, Federaciones y sindicatos de salud, Federación de Docentes Universitarios, Federación de Maestros, Federación de Jubilados y otras organizaciones con representación nacional.", se puede leer en el comunicado difundido en redes sociales.
Responsabilidad del Gobierno y posibilidad de medidas más drásticas
Los organizadores del paro responsabilizaron al Gobierno por las consecuencias de la medida y advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían radicalizar sus acciones. "Nos reservamos el derecho de radicalizar nuestras medidas de presión bajo absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional", expresó el comité interinstitucional.
Rechazo al Proyecto de Ley 035
El sector de salud, los maestros y otros sectores de la sociedad civil se manifestaron en contra del Proyecto de Ley 035, también conocido como "jubilación forzosa". Esta normativa, aprobada en enero de 2024 por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, generó controversia y resistencia.
La disposición adicional única del proyecto de ley establece que los trabajadores mayores de 65 años que deseen continuar trabajando deberán someterse a un examen de aptitud física y mental "a solicitud". Esta disposición ha sido duramente criticada por los sectores de salud y educación, quienes temen que pueda derivar en jubilaciones forzadas.
El fracaso en el diálogo y la ratificación del paro refleja la creciente tensión entre el sector salud y el Gobierno, en un contexto de demandas insatisfechas y temores sobre el impacto de nuevas normativas laborales.
