Alanes: “Nunca más, nadie debe pasar por la pesadilla de Jhiery”

Quizá uno de los casos paradigmáticos de las fallas de la administración de justicia en Bolivia es el proceso que llevó a condenar a un inocente a una pena de 20 años de cárcel.

Hablamos del médico Jhiery Fernández y el bullado caso de la violación y muerte del bebé Alexander. El galeno se salvó de la cárcel gracias a la confesión de una jueza ebria (Patricia Pacajes), quien reveló que nunca hubo delito de violación y se estaba condenado a un inocente.

Luego de verificarse las confesiones de Pacajes y detectarse irregularidades en el caso, Fernández fue liberado de la cárcel en 2018, tras permanecer cuatro años encerrado por el delito de violación y muerte del bebé Alexander, hecho que el médico jamás cometió.

Ahora, la defensa de Fernández intenta resarcir el daño causado al galeno procesando al grupo de administradores de justicia responsable de ese montaje.

Al momento, los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán ya fueron imputados por varios delitos cometidos en la investigación.

Cristian Alanes, abogado del médico, conoce los pormenores del proceso y en esta entrevista explica quiénes más deben ser procesados por este caso y las motivaciones que tienen para emprender esta cruzada para resarcir la injusticia cometida contra su cliente.

—Se señaló y se denunció públicamente como a uno de los responsables de este escándalo judicial al exfiscal general del Estado Ramiro Guerrero. ¿Está en sus planes pedir un proceso en contra de esta exautoridad?

—Eso es algo que nosotros debemos analizar con el doctor Fernández, pero poco a poco. Hay muchas otras personas que tenían pleno conocimiento de todos los antecedentes por este supuesto delito de violación. Sin embargo, sería muy a priori si dijera que vamos a ampliar el proceso contra Ramiro Guerrero.

Porque no se olvide que también el doctor José Angel Ponce Rivas ha defendido que sí se había cometido el delito de violación. Incluso esa postura la han defendido en la cámara de diputados no solamente Guerrero, sino otras personas que han apelado la pena de 20 años contra mi cliente y han pedido 25 años.

—Además de que los responsables de esta injusticia cometida contra Fernández paguen por sus delitos, ¿cree que estas acciones dejen huella en la sociedad más allá de las jurídicas?

—Claro que sí. Queremos marcar un hito para que este tipo de abuso de parte de algunos administradores de justicia sean frenados y de que exista una transparencia en la administración de justicia en Bolivia, porque cuántos Jhiery Fernández habrá a lo largo y ancho de nuestro territorio, y es lo que queremos evitar, queremos sentar un precedente para este tipo de pesadillas no lo vuelva a pasar ningún ciudadano boliviano.

Queremos evitar que este tipo de actos se repitan a futuro. Todos los ciudadanos bolivianos debemos velar porque se respeten derechos y garantías.

—Luego de los procesos anunciados contra los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán, ¿quiénes más estarían implicados?

—Vamos a ampliar la querella contra otras personas que han actuado en forma maliciosa.

No solamente son Blanco y Boyán; hay otras autoridades que también tenían conocimiento de la inocencia de Jhiery; sin embargo se han hecho a la de la vista gorda y han preferido imputar a un inocente. Nosotros estamos ampliando la querella contra Angela Mora y Cristian Vásquez, ambos exmédicos forenses y otros. Queremos demostrar que ha habido autoridades del Ministerio Público que no respetan los derechos y garantías que establecen la constitución y las leyes.

BUSCABAN CULPABLE, NO LA VERDAD

El médico Jhiery Fernández, cuando todavía estaba preso en septiembre de 2018, escribió una carta pública.

Decía: “A través de esta carta, como único medio que tengo para gritar y denunciar mi indignación contra todo el sistema judicial y los fiscales encabezados por el autor intelectual de este horrendo crimen que se dio a la luz en ese audio, el fiscal general Ramiro Guerrero, y sus autores materiales Susana Boyán Tellez y Edwin Blanco Soria (…). Pude ver el servilismo de un par de fiscales, quienes buscaban a un culpable, una sentencia, y no así la verdad”.

SENTENCIA NO INCLUYE PAGO DE DAÑOS; DEFENSA APELA

REDACCIÓN CENTRAL

—Además de los delitos penales cometidos por este grupo de fiscales y jueces que condenaron injustamente a Jhiery Fernández, se habló también de una componenda política para sustentar este caso. ¿Qué pude decirnos al respecto?

—Entendemos que hubo una mala actuación de parte de las autoridades no solamente del Ministerio Público, también de los miembros del tribunal Décimo de Sentencia, quienes inicialmente han condenado al doctor Fernández. Pero nosotros no podemos aseverar que el trasfondo de esto haya sido político. Hubo una actitud disfuncional de parte de los operadores de justicia, eso es lo que puedo decir.

—¿Cuál es la situación de su cliente, Jhiery Fernández, en este momento?

—Lamentablemente, seguimos en una pesadilla porque si bien se ha declarado la inocencia de Jhiery, el 26 de mayo, luego, el 16 de junio, varias semanas después, se nos notifica la sentencia por escrito y, lamentablemente, observamos que está mutilada. La han modificado, sobre todo en la parte del pago de daños y perjuicios a mi cliente. Estamos presentando varios recursos en contra de la jueza Inés Tola, quien está manipulando para que no se paguen los daños. El viernes hemos presentado otro memorial, porque la pesadilla para Jhiery aún no termina.

—¿Qué personas o instituciones tendrían que asumir el pago de daños y perjuicios?

—Tenían que pagar el Gobierno departamental de La Paz y todas las autoridades que han conocido nuestra causa y han acusado a una persona inocente.

Lamentablemente, la jueza Tola está pisoteando los derechos y garantías de Jhiery Fernández.