El Tunari, propiedad ciudadana

A fines de los años 50 (1958, exactamente), luego de una grave inundación ocasionada por las tantas torrenteras que cruzan El Temporal, Queru Queru y zonas aledañas de Cala Cala, la pequeña ciudad de entonces se estremeció. Es entonces cuando Jorge Alejandro Ovando Sanz propone, para controlar las torrenteras y hacer del riego una oportunidad, la creación de una Parque Nacional que empiece en la actual avenida Circunvalación y llegue hasta la ceja de monte (Tablas). La idea, sencilla y potente, fue: “Mi pensamiento… consistía en haber ‘descubierto’ la cordillera más hermosa del mundo, la más digna de ser declarada como Parque Nacional… por su altura, por la variedad de sus climas, por su forma de media luna, por sus secretos santuarios y por su extraordinaria vegetación”. Pocos años después, el Gobierno nacional recoge la idea y la plasma en un decreto de marzo de 1962 (54 años, desde entonces) y por su absoluta pertinencia al año siguiente el decreto es elevado a rango de ley. Hasta ahí la historia parece ejemplar: una gran idea ciudadana recogida por el Gobierno y desplegada de una forma legal y técnica que hacía presumir el logro del visionario planteamiento.

¿Qué pasó para que luego de más de cinco décadas, teniendo lo básico entre normas, entidades gestoras y tantos Gobiernos (nacionales, sectoriales, departamentales, municipales, descentralizados, desconcentrados, etc.), no tengamos ese Parque Nacional y, peor, ocurra ese dramático y descontrolado incendio de los días de la Patria? Esta es una pregunta existencial para la Cochabamba de hoy, que ya no es la pequeña ciudad —pueblo de entonces—, sino un eje conurbano (siete municipios) que articula a los pies de la cordillera a más de un millón de habitantes y cuya calidad de vida está íntimamente ligada al epónimo Tunari.

Viendo en retrospectiva, con realismo y no poca pena, debemos asumir que no podría haber sido otra la suerte del Parque Nacional Tunari si, para empezar, cuando se lo creó nadie estaba consciente de que empezando de la avenida América, subiendo al norte, había una realidad rural campesina con comunidades y sindicatos campesinos que no sólo no participaron del visionario plan sino que el mismo debía hacerse, en la mayoría de los casos, encima de su propiedad; lo que aseguró para siempre el rechazo campesino a la existencia del área. Mucho peor debió ser el efecto simbólico y material de que el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), entidad cabeza de sector, fuese el que inicie el loteo beneficiando a su personal (con su ministro a la cabeza) con lotes para vivienda. Luego, abierta la brecha, siga el Centro de Desarrollo Forestal (CDF), la Prefectura, en fin, y cuanta entidad pública con competencia o responsabilidad sobre el área protegida, no pasaba sin lotear antes que proteger. Así las cosas, uno no puede dejar de pensar que si las principales entidades públicas responsables de proteger y construir el Parque Nacional fueron las que primero violaron la ley, luego fue imposible detener el imparable tráfico de tierras, esta vez, a cargo de exhacendados y loteadores.

El Estado empezó el festín, y sigue sin duda, y luego siguió la acción privada, a continuación articulada para que el loteo tenga la bendición pública, sobre todo municipal. ¿Qué hacemos entonces los ciudadanos, visto que el Estado no pudo y no puede porque el mercado de tierras y su correlativo tráfico es imparable y la institucionalidad pública ha llegado a articularse burocráticamente al loteamiento? Siendo sinceros e inteligentes, está claro que rasgarse las vestiduras, realizar el achaque interesado de culpas (¿a quiénes buscamos luego de más de cinco décadas?) y otras tradiciones que sirven para desahogarse pero no para resolver los problemas y menos éste, de semejante envergadura, de vida o muerte para el valle central. Creo, firmemente, que sólo hacernos copropietarios del Parque Nacional Tunari (que es esencialmente agua), puede abrir la posibilidad de que nuestro valle mantenga las condiciones de vida que hicieron de Cochabamba un lugar tan especial y benigno para vivir.

La propuesta es: Si el desastre gira en torno a la propiedad de la tierra y el consecuente loteo en torno a la Cota 2.750 msnm y las faldas de la serranía, la única solución es que los ciudadanos compremos (vía factura de consumo eléctrico) esas tierras a sus legítimos propietarios (luego de un saneamiento agrario profesional), paguemos lo justo y ganemos la autoridad de hacer ese sueño de una cordillera hermosa que llene de verde el entorno metropolitano, cambie la dinámica del deterioro ambiental, el clima, el aire y nos permita mirar el futuro de nuestros hijos con la alegría de saber que podrán vivir mejor que nosotros.

El autor es ciudadano Calacaleño