Fiscalía impide demolición del puente caído y aviva protestas

El Ministerio Público impidió la demolición del puente Independencia y 6 de Agosto, con el despliegue de policías de grupos tácticos, ante la intención de la Alcaldía de desmontar la estructura que colapsó el 22 de octubre respaldada por un peritaje preliminar que establece que existen “daños estructurales irreversibles” en el tablero central, según la constructora “Cons Cajuata” que realiza la auditoría técnica.

La constructora concluyó que las vigas principales, transversales y losas del tablero presentan fisuras que originaron en algunos sectores la rotura de los refuerzos de acero y el desprendimiento del hormigón.  

El asesor de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que a ello se suman cuatro informes legales y técnicos municipales que recomiendan la demolición. El primero fue emitido el 7 de marzo por la Secretaría de Planificación, el segundo y tercero el 8 del mismo mes por la Secretaría de Infraestructura y Auditoría Interna y el cuarto, el 14, por la unidad de Asesoría Legal.

Ayer la Alcaldía apoyada por vecinos de la zona y 25 funcionarios intentó derrumbar el desnivel con maquinaria pesada. Sin embargo, se encontró con un cerco de 70 policías de los grupos Delta, UTOP y EPI Central que cerraron el ingreso a la “zona cero” del puente, cerrado desde octubre a ocho meses de su inauguración por orden de los fiscales que investigan el caso: Limber Claure y Jaqueline Ponce.   

El proceso desarrollado por dos vías: a nivel penal y en el Juzgado Cautelar. Coca informó que en el primer caso, uno de los  fiscales, Limber Claure Sandoval, estableció como fecha límite de entrega del informe pericial del desnivel el 1 de abril. Pero, debido a que los peritos no cumplieron, el 4 del mismo mes, los “conminó” a entregar los resultados en cinco días.

En el Juzgado Cautelar, el fiscal departamental, Ever Veizaga, recordó que el 17 de marzo el Ministerio Público solicitó el anticipo probatorio que fue aceptado por la juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Sara Céspedes Sempértegui. Tras ello, el 21 y 23 de marzo la jueza aceptó el anticipo y en una audiencia del 24 de marzo se tomó juramento a los peritos. Incluso estableció 50 días para entregar el peritaje.

Sin embargo, el 6 de abril la juez anuló los obrados y el caso volvió a foja cero, porque la Fiscalía no informó que ya existía un peritaje del 29 de diciembre de  2015. A ello se suma que el 13 de enero inició otra evaluación con los mismos técnicos como anticipo de prueba.  

“Extraña de sobremanera que los puntos de pericia son totalmente idénticos y realizados por los mismos peritos, por lo que se deduce que en el presente caso ya existiría la realización de una pericia técnica”, señaló la juez.

Las partes ahora tienen hasta mañana para pronunciarse. Veizaga manifestó que la Fiscalía tiene la potestad de realizar todos los  peritajes que vean conveniente, razón por la cual impugnó la determinación.  

Entretanto, Coca señaló que la Alcaldía analiza las acciones a asumir. Ayer la Fiscalía notificó a la Alcaldía y le ordenó “abstenerse de realizar cualquier acto de amenaza, destrucción o modificación y alteración del desnivel” en tanto no se realice la audiencia de anticipo probatorio. Caso contrario serán procesados por “obstrucción a la justicia”.

El delito es penado con 3 a 8 años de cárcel; la sanción se agrava con cuatro años más de cárcel en caso de ser funcionarios públicos.

OPINIONES

Ricardo Pol,  secretario general de la Alcaldía

“Hay manipulación política de Fiscalía”

Hay manipulación política en el entendido de impedirnos ingresar al desnivel cuando todo el mundo ve que colapsó y no tiene ninguna razón de continuar. Los peritos ya  han recogido todas las pruebas (...)  No quisiéramos pensar que el Ministerio Público está siendo manipulado políticamente. Este es un perjuicio impresionante para los ciudadanos, transportistas y para los que viven cerca. En seis meses no podemos intervenir por la ineficiencia de la Fiscalía.

René  Quispe, dirigente de la OTB 6 de  Agosto

“Métanos a la cárcel a los vecinos”

Pedimos soluciones que haya transitabilidad para que demuelan la plataforma del desnivel y más bien nos vienen con policías y el fiscal se hace la burla. El fiscal se ha reunido con los vecinos y nos ha dicho esperen hasta los primeros días de abril y vamos a dar solución. Hemos esperado pacientemente, pero no hay nada. ¿Qué quieren, que nosotros lo demolamos?, métanos entonces a la cárcel a los vecinos y a los que estamos sufriendo las consecuencias de esta desgracia.

Ever Veizaga, fiscal de Distrito  Cochabamba

“El puente es una prueba vital”

Hemos quedado sorprendidos con la actitud de los representantes de la Alcaldía que pretenden destruir el puente haciendo des

aparecer un elemento probatorio que es esencial para una investigación (…) Es por eso que los fiscales a cargo de la investigación han pedido un requerimiento disponiendo que el comandante departamental de la Policía proceda a la conservación, custodia y resguardo del puente porque es una prueba vital.

DECLARAN PARO CÍVICO EL MIÉRCOLES

El Comité Cívico, transportistas federados, comerciantes, Alcaldía y vecinos de la avenida 6  de Agosto perjudicados por el hundimiento del desnivel determinaron realizar el miércoles un paro de 24 horas para pedir la demolición de la estructura.

El presidente del Comité Cívico, Juan Flores, anunció la medida tras una reunión en la Alcaldía que congregó a todos los sectores anteriormente mencionados.  También exigen ítems de salud, código tributario y agua.

El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, anunció que acatarán la convocatoria. “La actitud de la Fiscalía de Distrito ha ocasionado la reacción de los diferentes actores sociales. Por tanto, nosotros también queremos convocar a todos los vecinos a que se sumen a esta movilización”, enfatizó el funcionario.

VECINOS SIGUEN PERJUDICADOS

Los vecinos de la avenida 6 de Agosto perjudicados con el cierre del puente colapsado y la estructura similar sobre la Panamericana, protestaron por la decisión de la Fiscalía de frenar la demolición.

Expresaron que las tiendas y otros negocios soportan pérdidas cuantiosas. Además, se han visto obligados a despedir trabajadores, porque sus ingresos se han reducido en un 80 por ciento.

Recordaron que es la segunda vez que se ven perjudicados. La primera fue durante la construcción del puente que demoró un año.

Los vecinos anunciaron que participarán en el paro cívico convocado para el miércoles.

Los transportistas dijeron que no sólo enfrentan una merma en sus ingresos, sino que soportan trancaderas y se exponen a más accidentes por el congestionamiento vehicular.

Los pobladores manifestaron que los taxistas han incrementado su tarifa o se niegan a realizar el servicio a la zona por el perjuicio que les representa estar en el embotellamiento.