Un régimen corporativo

A  menudo se ha catalogado al actual Gobierno de un régimen político autoritario y poco democrático. En el marco académico más bien se ajustaría bajo un régimen híbrido, es decir, una combinación de elementos autoritarios y democráticos. Pero más allá de estas dos consideraciones, habría una tercera variable: se trataría más bien de un régimen corporativo.

Por régimen político autoritario entendemos aquel que concentra el poder e impone su voluntad sin concertación, consenso, diálogo o participación ciudadana. Muchas veces esa imposición va acompañada por el aparato represivo del Estado. La concentración de poder se sujeta a la pequeña élite gobernante (ministros u otros) siempre bajo el manto del líder o caudillo.

Régimen político democrático es todo lo contrario al anterior, aquí se busca la construcción de consensos, la participación ciudadana y el cumplimiento del Estado de derecho. En definitiva se respeta la diferencia.

Por régimen político corporativo entenderíamos a un Gobierno que tiene como estructura de poder a cúpulas dirigenciales de organizaciones sociales con las que el partido de gobierno mantiene vigencia, como es el caso de sus más leales: Csutcb y Bartolina Sisa.

Sin duda es una situación compleja la que vive el país porque no se trata de corporaciones económicas o políticas se trata de sectores sociales de base que más allá de velar por el orden constitucional o por el Estado de derecho, acompañan las decisiones del Primer Mandatario de la nación aunque fueran en contra de la Constitución Política del Estado.

Tampoco las organizaciones sociales afines al partido de gobierno son una garantía, de hecho son las bases que de alguna manera reflejan plena autonomía con sus dirigentes y con el Gobierno.

El caso de Achacachi es un ejemplo para comprender mejor el escenario y su complejidad; fueron las juntas vecinales de este municipio que protagonizaron una serie de movilizaciones exigiendo la liberación de tres de sus dirigentes, uno vecinal y dos profesores, que fueron aprehendidos por daños a bienes del Estado e intento de asesinato, medidas que fueron adoptadas para exigir la renuncia del alcalde Edgar Ramos (MAS), quien no rindió cuentas de la gestión 2016 y por una serie de irregularidades bajo su gestión y a este pedido se sumaron otros sectores sociales.

Este escenario bien pudiera valer para cualquier autoridad del país incluso para el propio Presidente, ya que la acción de Control Social está en el marco de la Constitución, salvo aquellas cuestiones que desbordan el orden institucional: daños a bienes del Estado o atentado contra la vida de las personas. El mensaje de fondo en este panorama es que las decisiones del Presidente o de la élite gobernante no pueden ejercerse sin consentimiento de las organizaciones sociales. Esto se llamaría un régimen corporativo, porque existe una dependencia mutua para el ejercicio real del poder.

Por supuesto que en el caso del Tipnis, hubo una actitud autoritaria del Gobierno al derogar su intangibilidad, desconociendo la voluntad de los pueblos indígenas de que no se construya la carretera en esta reserva natural. Por otra parte, el Gobierno supo llegar a la zona con equipamiento y obras, y también persuadir sobre los beneficios del proyecto carretero, logrando la simpatía indígena y provocando su división.

En resumen, son las estructuras dirigenciales de las organizaciones sociales que pueden avalar ciertas actitudes autoritarias del Primer Mandatario, pero al final son las bases quienes pueden cuestionar incluso movilizarse contra la impostura y el autoritarismo.

El autor es politólogo y comunicador social .