Irregularidades y escándalos complican a los municipios
La gestión de al menos cinco municipios está complicada por denuncias de irregularidades y actitudes indecorosas.
En los casos de malos manejos en Independencia y Mizque, se investigan delitos como conducta antieconómica, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.
Independencia
A principios de julio una comisión investigadora del Concejo Municipal de Independencia inició la investigación sobre 12 cheques en blanco que desaparecieron.
El primer resultado fue un presunto desfalco que representó la pérdida de 665 mil bolivianos por el cobro irregular de los 12 cheques públicos.
Por este hecho fueron denunciados el alcalde David Campero (MAS); el jefe Administrativo Financiero, Rubén Cuizara, y el excontador Boris Morales.
También son investigadas otras tres personas particulares que presuntamente colaboraron en el cobro de estos giros en La Paz y Cochabamba.
De acuerdo a las últimas pericias, al menos ocho cheques llevan la rúbrica de Campero, lo que contrasta con la versión del Alcalde que aseveraba que falsificaron su firma.
El abogado del Concejo Municipal dijo que, “en la última audiencia, Campero pidió una acción de libertad, temía por su vida y no quería que las audiencias se lleven en Independencia. El juez ha rechazado su pedido de medidas sustitutivas, de la misma forma que para el señor Boris Morales”.
Entre las pruebas que se recolectaron están los giros de los cheques y un contrato de trabajo con Sonia M.M., una de las personas particulares implicadas, como enlace y representación del municipio en La Paz.
Sonia M.M. cobró 6 de los 12 cheques en la ciudad de La Paz y ahora está prófuga. Actualmente, se sospecha que radica en Chile. Sin embargo, Carlos Torrico explicó que este tipo de enlaces sólo se pueden realizar para temas administrativos, no así para trámites financieros.
El viceministro de Transparencia, Ever Veizaga, manifestó: “Ellos conocían perfectamente que el dinero que estaban cobrando no les pertenecía y que provenía de fondos del municipio” de Independencia.
Los cheques fueron emitidos desde octubre de 2016 a enero de 2017. Uno de los imputados particulares es el dueño de un lenocinio en Cochabamba, con el cual el Alcalde tenía una deuda de cerca de 2.000 bolivianos, según las investigaciones.
“Existen muchas contradicciones, aseveraciones que no concuerdan con lo aceptable o creíble”, afirmó Veizaga.
“La corrupción en Independencia viene desde hace 10 años y se relaciona con dos gestiones anteriores”, dijo Torrico.
En la última gestión, David Campero participó como asesor financiero, por lo que, se investiga la ejecución de obras con presunto sobreprecio.
A ello se suma que se verificó que el exdirector Rubén Cuizara y David Campero son compadres. Otro aspecto que se investiga, es el tipo de relación de la empresa que realizó la auditoría externa del municipio cuando los cheques no estaban registrados.
La misma empresa hace auditorías en los municipios de Toco, Pasorapa, Cliza, Mizque, entre otros.
Después de conocerse las irregularidades, los pobladores de Independencia en cabildo designaron como alcalde interino al concejal Florencio Espinoza (MAS), mientras dure la investigación.
El presidente del Comité Cívico de Independencia, Gregorio Peña, comentó que la inquietud de averiguar surgió de la población, porque “no veían obras” y pidieron una investigación a fondo del uso de los recursos.
Confía en que tras la apertura de la Unidad de Transparencia este hecho no se repita. Se prevé que el proceso llegue a juicio oral en enero de 2018.
Mizque
La semana pasada el Comité Cívico de Mizque formalizó una denuncia contra el alcalde Melecio García, el exalcalde Jhonny Pardo, ambos del MAS, y otros funcionarios por la desaparición de un cheque por 63.000 bolivianos, cobros irregulares de impuestos y la construcción del matadero sin aprobación del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria (Senasag).
El 2016, los vecinos determinaron realizar un paro cívico, debido a que cerca de un millón de bolivianos no ingresó a la Alcaldía y se cobraba de nuevo.
En su momento, el exalcalde Jhonny Pardo alegó que las firmas fueron falsificadas y que tras la denuncia al Ministerio Público se emitió una orden de aprehensión para la persona que supuestamente cobró el cheque.
El abogado Carlos Torrico señaló que también existen indicios de malversación por la construcción del matadero municipal y otras obras.
Hasta el momento la Contraloría no ha intervenido. El gerente departamental de esta institución, David Barriga, señaló que esta entidad vio por conveniente no intervenir en estos procesos para no entorpecer la investigación en el Ministerio Público.
Punata molesto con concejales
En el municipio de Punata, la población cuestiona los actos indecorosos de algunos legisladores y el encubrimiento.
El representante del Control Social de Punata, Pablo Torrico, señaló que esta no es la primera vez que el municipio enfrenta escándalos de sus autoridades. El año pasado el concejal Cirilo Espinoza (MAS), en 2016, atropelló en estado de ebriedad a una mujer.
El junio de este año Ariel Guzmán, de la agrupación Gualberto Villarroel (GV), agredió físicamente a su pareja. “No hubo ni una llamada de atención y tenía 1,70 de grado alcohólico. Por influencia de un asambleísta el proceso no continúa”, reclamó.
El último hecho implicó a dos concejales, Claudia Nogales (MAS) y Henry Rojas (Único), éste último agredió a su esposa cuando ésta lo sorprendió en un alojamiento con su colega. Los siete concejales afirmaron que se someterán a un proceso revocatorio en diciembre, cuando cumplan la mitad de su gestión.
El dirigente de Control Social señaló que además se investigan hechos de sobreprecio, entre ellos, de la construcción de una cancha deportiva en la población de Pujra, en el valle alto.
b.jpg
c.jpg
d.jpg
e.jpg
OPINIONES
ENRIQUE SILES
DIPUTADO DE UNIDAD DEMÓCRATA
“No hay resultados en la justicia”
Estamos alarmados por los casos de corrupción que se han dado en Mizque. Hay un cheque que los funcionarios habrían firmado en blanco, el exalcalde Jhonny Pardo está implicado.
Además, otro caso donde los pobladores han pagado impuestos que llegan hasta 20.00 bolivianos por persona. Hay dos obras mal revisadas que han incumplido la normativa vigente.
No es posible que las autoridades se socapen entre ellas. Como Brigada de Asambleístas hemos realizado la petición de informe al área judicial.
JOSÉ GONZALES
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUNATA
“Es un tema que se arrastra”
El Alcalde no tiene autoridad para sancionar a los concejales y han acusado por supuesto encubrimiento. Los dos concejales ya han presentado su licencia definitiva.
Creo que la población puede tomar su iniciativa ciudadana si tienen fundamentos. Este es un tema que se está arrastrando desde el año pasado, es decisión de ellos pero dicen que todo eso se fue acumulando, es un tema más subjetivo. Creo mucho en la gobernabilidad, así se avanza, nosotros hemos sobrepasado el 94 por ciento de la ejecución y así estamos gobernando el municipio.
ANÁLISIS
EVER VEIZAGA, REPT. TRANSPARENCIA
“La corrupción es inadmisible”
La corrupción no es normal en ningún lado y en ninguna institución pública. Por muy pequeño que sea el monto o el municipio donde suceda es corrupción.
Lastimosamente, debemos reconocer que antes se tenía hasta la costumbre de justificar la corrupción. En su momento, el ciudadano decía: “Roba pero hace”. No importa la condición política, sino el hecho de corrupción que se da.
Las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la administración pública funcionan hace cuatro años, pero con la nueva Ley de Unidades de Transparencia que se promulgó hace unas semanas, se da mayor jerarquización a estas unidades.
Antes eran contratadas por su MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y difícilmente fiscalizaban a la persona que la había designado, sin embargo, con esta ley cuando la MAE sea denunciada el Ministerio debe conocer esta denuncia.
Antiguamente también las Unidades de Transparencia sólo recomendaban la apertura de un proceso penal, las unidades jurídicas descalificaban el informe y se trababa en ese punto. Hoy en día, las unidades están obligadas a denunciar ante el Ministerio Público. Hace cinco, 10 años no se procesaban hechos de corrupción y eso no significa que no había. Con la ley, además, nos tienen que remitir procesos de contratación mayores a 7 millones de bolivianos.
