Presidente del Concejo considera que se debe escoger un alcalde interino para dar tranquilidad
El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Iván Tellería, admitió hoy que se debe escoger un alcalde interino mientras José María Leyes se defiende de los delitos por los que fue imputado en el marco del caso mochilas.
Sin dar certeza de cuándo se dará a conocer a la nueva autoridad interina, Tellería aseguró que no existe un plazo para la designación ya que habría un vacío legal en la normativa municipal. “No estamos incumpliendo nada”, agregó.
“Tenemos que tomar una decisión que debe dar tranquilidad al municipio de Cochabamba. Va a ser una decisión muy fortalecida escoger a una persona como alcalde suplente, por un tiempo mínimo ya que estoy seguro que Leyes estará cumpliendo en pocos días nuevamente sus funciones”, indicó el presidente del Concejo Municipal.
El jueves en la tarde la directiva del Concejo Municipal se debería reunir para definir los temas o puntos del orden del día que se tratarán en la sesión ordinaria del viernes.
“Tenemos que analizar y tomarnos con calma la designación del interino. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, tenemos tiempo y plazo (...). El progreso de Cochabamba no va a parar”, afirmó Tellería.
El Alcalde puede ausentarse hasta 72 horas de sus funciones sin requerir un suplente. Pasado ese tiempo, se debe designar a un concejal de su misma bancada, según señala la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
El sábado en la noche, el juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliaria para Leyes en el caso de la compra irregular de las mochilas escolares.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contrataos lesivos al Estado.
El juez, en la audiencia de medidas cautelares, determinó, además de la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo.
