Contraloría revisará 223 contratos directos de Codesur para los Juegos
La Contraloría General del Estado revisará 223 contratos directos realizados por el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos 2018 (Codesur). Mientras, el senador del partido Demócrata, Óscar Ortiz, solicitará un informe al Ministerio de Justicia, donde también presentó una denuncia.
La revisión de los convenios se realiza a partir de la denuncia del senador sobre varias irregularidades en torno a las contrataciones directas. Algunos de los elementos que se indagarán son: la posible información privilegiada que se dio a algunas empresas, la simulación de procesos de contratación y favorecimiento a personas ligadas al Gobierno central.
Asimismo, el precio referencial obtenido de empresas que se presentaron como únicas proponentes y la falta de transparencia en los procesos.
La respuesta de la Contraloría CGE/SCAE-403/2018, al senador señala: “La Contraloría General del Estado, a través de la Gerencia Departamental de Cochabamba, está realizando la evaluación de procesos de contrataciones directas remitidos por el Codesur, de cuyo resultado se analizará la pertinencia de incluir actividades de control externo posterior”.
Mientras tanto, el senador Ortiz indicó que hará una petición de informe escrito al ministro de Justicia, Héctor Arce, esto con el fin de que la autoridad explique el proceso en el que se encuentra la denuncia que interpuso ante esta cartera de Estado.
Tiempo atrás, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, emitió declaraciones en las que no encontraba irregularidades en los procesos de contratación, pues se habrían realizado en el marco del reglamento del Codesur.
No obstante, en los 223 contratos se observó varias irregularidades como en la contratación de la empresa Kronopios, de propiedad el exministro de Culturas Pablo Groux, para la realización de la inauguración, la apertura de la subvilla y la clausura por un monto de 11,3 millones de bolivianos.
En este caso, llamó la atención que se adjudique a una persona que trabajó por más de cuatro años con el Gobierno. Además, mucha gente cuestionó que la inauguración y la clausura sumen 11,3 millones de bolivianos.
Esto debido a que todos los bailarines que participaron fueron voluntarios, no se les dio viáticos como se anunció. De igual modo, ocurrió con los estudiantes que realizaron los mosaicos y animaban al público.
Es más hubo reclamos de algunos danzarines porque los trajes que se entregaron eran de alquiler, pese a que a un inicio les prometieron que se quedarían con ellos.
Se estima que quienes probablemente cobraron fueron los grupos musicales que se presentaron: Los Kjarkas, Octavia, Bonny Lovy, entre otros.
Además de las luces, iluminación y producción de los tres eventos. De igual modo, se investigará todo lo referente al encendido de la Llama.
EMPRESAS SON CUESTIONADAS
La empresa Distribuidora de Servicios es cuestionada porque se adjudicó 26 millones de bolivianos en cinco contratos para la adquisición de equipamiento deportivo. Pese a que tenía un capital de no más de 221.000 bolivianos.
De igual modo, surgieron cuestionantes en torno a la contratación de la empresa Quarzo. La misma está inscrita en Fundempresa como importadora de implantes mamario y equipo para cirugías estéticas, pero se encargó del equipamiento para los deportes ecuestres, debido a que la propietaria tiene un Club Hípico en Santa Cruz.
De igual modo, existen otras empresas cuestionadas.
