Nuevamente, tal como lo hicieron en 2011, parlamentarios masistas pretenden legalizar el contrabando de los vehículos motorizados ingresados al país delictivamente, más conocidos como “chutos”.

Poco más de un mes después de la sucesión constitucional, en diciembre de 2019, los parlamentarios Manuel Mamani y Omar Aguilar, éste último representante de los transportistas, presentaron al Legislativo un proyecto de ley para regularizar la situación de los vehículos ingresados de contrabando al país. Hace pocos días, insistir en lo mismo las diputadas Concepción Ortiz y Lidia Patty, también parlamentarias del MAS.

Los argumentos para legalizar lo ilegal son cínicos. Señalan que el proyecto está originado por motivos sociales, porque hay gente que adquirió los vehículos ilegalmente debido a la falta de control de la aduana y que, cuando sufren accidentes, no están cubiertos por el SOAT, no pueden cargar gasolina y, además, porque si esos vehículos se legalizan, el Estado –ahora tan necesitado de recursos a raíz de la pandemia– recaudará ingresos.

Es inconcebible que un delito como el contrabando se disfrace de necesidad social digna de atención. Si fuera tan alta su sensibilidad, no deberían estar bloqueando en la Asamblea Legislativa los créditos concedidos al país justamente para ese propósito. Según Concepción Ortiz, el apuro se debe a que en noviembre próximo vence el plazo de nueve años de la Ley 133 de Saneamiento de Motorizados. Esto es totalmente falso porque dicha ley no indica tal plazo, menciona sólo unos meses para que los contrabandistas de entonces, legalicen los documentos de los autos “chutos”.

Además de lo anterior, vale la pena analizar el daño que la Ley 133 ha causado al programa de conversión vehicular y de cambio de matriz energética en el país, que se inició en la década de los 90 con el objeto de sustituir el uso de gasolina por gas natural vehicular (GNV) y disminuir la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. Este programa fue continuado por el MAS desde el año 2006. Sin embargo, el 8 de junio de 2011, el Gobierno de entonces promulgó la Ley 133 denominada de “Saneamiento de Motorizados”, con el objeto de legalizar “por única vez”, los vehículos ingresados de contrabando. Dicha ley estableció plazos, procedimientos y multas a pagar por la regularización de los motorizados y desvirtuó la esencia del programa de conversión vehicular.

De acuerdo con la información del Ministerio de Hidrocarburos, entre el año 2006 y junio de 2011, se convirtieron 132 mil vehículos de gasolina a GNV.

Por efecto de la Ley 133, se legalizaron 130 mil unidades y hasta mediados del año 2018, todavía quedaban pendientes (según el programa B-SISA de la ANH), otros 12 mil autos “chutos”, superando ampliamente las estimaciones iniciales de la cantidad de autos ilegales existentes hasta ese año.

Entre 2006 y hasta diciembre de 2018, según la misma fuente, se efectúo una inversión de 137,70 millones de dólares en la conversión vehicular incluyendo la recalificación de cilindros, lo que significa un costo de cerca de 400 dólares por cada vehículo. Esto implica que la inversión de 52,8 millones de dólares realizada para convertir los 132 mil vehículos fue totalmente anulada con la legalización de este número de autos “chutos”.

Los proyectistas de la nueva ley estiman que ahora son 50 mil los autos “chutos” a legalizar, sin embargo, la cantidad será mucho mayor, al igual que el año 2011 dada la permisividad que el Gobierno del MAS demostró con el contrabando. Si la cantidad fuera sólo esa, se habrán perdido otros 20 millones de dólares y más de dos años de trabajo en la reconversión.

Es absurdo continuar con el programa de conversión vehicular para disminuir la cantidad de gasolina importada e impulsar el uso de un combustible menos contaminante, si por el otro lado se estimula el contrabando con estos periódicos “perdonazos”, porque aquello de “por única vez” o con “carácter excepcional” es un embuste.

Cabe mencionar que este tipo de medidas desincentivan y son desleales con los importadores legalmente establecidos y una invitación para las extensas redes de contrabandistas a continuar infringiendo la ley.

Contrariamente a lo que piensan los parlamentarios del MAS y los que anuncian que se debe analizar el tema, los autos ilegales deberían ser confiscados para dar señales claras de respeto a la ley y de una lucha real y efectiva al contrabando

Tránsito, la Aduana, las alcaldías y la ANH deberían también iniciar campañas para decomisar esos 50 mil o más autos “chutos” para que paguen impuestos y se controle el delito.

El autor es ingeniero químico y petroquímico

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