Misicuni denuncia que ejecutivos de CHM intentan impedir ejecución de sentencia
La Empresa Misicuni informó que los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) intentan impedir la ejecución de su condena por haber conformado un consorcio ficticio para adjudicarse la represa por más de 80 millones de dólares, en 2009, con la presentación de dos amparos en Chuquisaca y el Beni.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Empresa Misicuni expresó que los ejecutivos: Julio Espinel, Eduardo Gómez, Raúl Magnioni, Francisco Senis, Martín Rovira y Raúl Nemtala, intentan dejar sin efecto el mandamiento de sus condenas.
Los seis representantes de CHM, entre colombianos, venezolanos, bolivianos e italianos, fueron juzgados en rebeldía por no asumir su defensa en el procero y fueron condenados a seis y ocho años de cárcel. Hasta ahora se han defendido mediante abogados de oficio y apoderados.
El comunicado da cuenta de que el apoderado de los procesados interpuso un amparo contra los magistrados por el auto supremo 876/2019, que ratifica la sentencia del Tribunal No. 7 de Sentencia de Cochabamba al declarar infundado su recurso de casación.
“Este hecho ha sido promovido en la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia del Beni. En un intento desesperado tratan de acudir a distritos judiciales lejanos a fin de sorprender y provocar error en las autoridades judiciales”, informó Misicuni.
A ello se suma que los abogados de defensa pública interpusieron nuevamente un amparo con los mismos argumento que el apoderado, pero, en la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca, por lo que, Misicuni considera que existe un afán de “obstruir” la aplicación de la sentencia ejecutoriada.
En su defensa, los abogados de los representantes del CHM alegan en sus memoriales que durante el proceso se vulneraron derechos de los ejecutivos como el derecho al debido proceso y a la defensa. Misicuni responde que los procesados se fugaron, por lo que, fueron notificados por edictos.
El proceso contra el consorcio se inició en 2013 tras la resolución del contrato con la Empresa Misicuni, debido a que las constructoras no tenían la solvencia económica para encarar la fase crítica de la obra.
Luego, se conoció un contradocumento en la que los ejecutivos se repartían las utilidades y le entregaban un monto a la empresa italiana Grandi Lavori por prestar su currículo para ganar la licitación internacional por 89 millones de dólares.
La obra fue concluida en 2017 pero por la empresa china Camce y se estima que los perjuicios por la resolución del contrato con CHM llegan a 24 millones de dólares.
