Impuesto al agronegocio: advierten fuga de capital y golpe a la formalidad

“Si nos ponen un impuesto, nos matan”, dijo el representante de los productores de soya San Pedro (Santa Cruz), Eliazar Arellano. La reacción surge luego de la sugerencia del exvicepresidente Álvaro García Linera de poner impuesto a las agroexportaciones del país. 

El rechazo rotundo también lo expresa la industria oleaginosa y el sector exportador, que dicen que la propuesta es una medida atentatoria al desarrollo económico porque elevará la carga fiscal al ya golpeado sector formal, pero dejará exentos a los rubros informales que superan el 70 por ciento de la actividad económica del país.

Una impresión similar tiene el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, quien afirma que el sector necesita apoyo y no ser asfixiado económicamente, puesto que un  nuevo tributo obligará a aumentar el precio de las exportaciones y eso desalentará a muchos compradores. 

La exportación agropecuaria tiene la balanza comercial a favor, a diferencia de los productos tradicionales como la minería y el gas natural. Aunque las ventas se redujeron en los últimos años, representan más que las importaciones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

En 2020, las ventas externas de productos tradicionales bajaron en 18 por ciento en valor y 14 por ciento en volumen, mientras que las no tradicionales crecieron un 25 por ciento en valor y 4 por ciento en volumen.

El crecimiento de las exportaciones no tradicionales se centra en productos como la soya y derivados, cueros, bananas y carne bovina.

En ese contexto, García Linera lanzó su propuesta impositiva. La presentó en una entrevista que concedió al diario español La Última Hora.

Según la exautoridad, una medida económica es la aplicación de un impuesto a las exportaciones agrícolas, ya que este sector goza de una subvención a la energía eléctrica y el diésel. Agregó que incluso se les devuelve una parte de sus impuestos, mientras hay un “0 por ciento” de interés por sus exportaciones.

“Cuando el Estado tenía otras fuentes para pagar salud y educación, que venían del gas, se dejó que esto avanzara, pero ahora que se estrechan las opciones este sector de alta rentabilidad debería pagar una tasa del 5, del 10, del 15 por ciento de sus exportaciones al Estado”, dijo. 

Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), Antonio Rocha, opina que “no es fácil encontrar la racionalidad” en la propuesta de crear el nuevo impuesto sabiendo que la consecuencia lógica e inmediata es la reducción de la formalidad.

“En este indeseable escenario futuro se reduciría el ahorro en el sistema financiero y con ello la capacidad de inversión en créditos productivos hipotecarios e industriales, esto sin contar la fuga de capital”, dijo.

Rocha considera más racional recuperar los 600 millones de dólares anuales, “que no pagan los delincuentes contrabandistas de autos y ropa usada”. Además, sugiere ampliar la base de contribuyentes del Régimen General con ciudadanos camuflados en el Régimen Simplificado, el Régimen Unificado del Transporte y el Régimen Agropecuario Unificado.

Con esas medidas, Rocha afirma que se podría duplicar los ingresos tributarios por año hasta alcanzar al menos 15.000 millones de dólares, un equivalente al 35 por ciento del PIB.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, también advierte sobre los efectos negativos. Considera que éste es el único sector que actualmente puede mantener en equilibrio la balanza comercial del país. Por ello, requiere mayores incentivos del Estado, no un impuesto. 

Señaló que en caso de prosperar esa idea y aplicarse dicho impuesto, “el Gobierno estaría matando a la ‘gallina de los huevos de oro’; el sector agroindustrial es el único que mantiene en equilibrio la balanza comercial”.

Dificultades

Los soyeros consideran que hay varios factores adversos en la producción y un impuesto adicional sería lapidario. “Hay mucha soya en el mercado interno, pero no está saliendo al exterior”, señaló Arellano.

Explicó que la tonelada de soya debería estar a 450 dólares, pero se vende a 408. “Si le aumentan cualquier impuesto, directamente nos matan”, manifestó.

Según él, esta situación se debe a que el Gobierno cerró las exportaciones libres. “Ahora tenemos que cumplir con una serie de requisitos burocráticos; mucha gente prefiere no exportar”, agregó. 

También dijo que la exportación y el impuesto serían llevaderos si existiera un “Seguro Agrario”, es decir, recibir los recursos perdidos en caso de alguna inclemencia de tiempo. 

Sin embargo, aseguró que el impuesto no sólo afectaría a los soyeros, sino también a productores agropecuarios de otras ramas como el banano, el palmito y otros. 

El gerente de la CAC indicó que cualquier costo adicional representará “liquidar a muchas personas”. 

Sólo en 2019, el sector agropecuario aportó al PIB con 5.000 millones de dólares. No obstante, al menos un 12 por ciento abandonó la producción, pues no encontró los medios para subsistir. 

De acuerdo a Morales, al contrario de un impuesto se necesita un crédito de apoyo a los productores. “Nos hemos visto sorprendidos porque estamos bajando, porque no tenemos el incentivo necesario. Necesitamos un crédito agropecuario”, aseveró.

El sector no pudo beneficiarse con el crédito SI Bolivia, por lo que demandan apoyo para reactivar al sector y más bien impulsar las ventas. 

5 mil millones de dólares

Aportó el sector agropecuario al Producto Interno Bruto en 2019, según datos del IBCE y el INE. 

SUGIEREN OTRA OLA DE NACIONALIZACIONES

El exvicepresidente, Álvaro García Linera, también propuso una segunda ola de nacionalizaciones para tener más empresas bajo el mando del Estado. 

“Soy un convencido de que necesitamos pensar y debatir una segunda oleada de procesos de nacionalización”, manifestó Linera en entrevista con un medio de comunicación español. 

Es otra propuesta cuestionada. 

EL VALOR DE EXPORTACIONES TRADICIONALES CAYÓ UN 18%

REDACCION CENTRAL

Las exportaciones de productos tradicionales, como hidrocarburos y minerales, aún no se recuperan, según las cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Los datos reflejados son negativos tanto en valor como volumen (-18 por ciento y -14 por ciento respectivamente) entre enero de 2020 y 2021.

Las exportaciones de hidrocarburos, en enero de 2020, alcanzaron a 265,6 millones dólares y los minerales a 374.8 millones, pero en similar mes de 2021 sólo llegó a 165,9 millones y 362,2 millones, respectivamente, según un comunicado del IBCE.

Las ventas de productos tradicionales en enero de 2021 sólo alcanzaron a 528,2 millones, cifra menor en 18 por ciento respecto a similar mes del 2020, cuando alcanzó a 640,4 millones de dólares.

La recuperación de la economía internacional va lentamente, debido a que algunos países desarrollados enfrentan la segunda y tercera ola de la pandemia del Covid-19, y esperan que el proceso de vacunación disminuya el número de contagios y muertes.

China fue el primer país en encarar la pandemia. Su recuperación influyó en los precios, debido a su alta demanda. Las exportaciones de productos tradicionales tienen una participación del 76 por ciento.