Suelo urbano en la gestión del territorio (I)

MARKO QUIROGA BERAZAÍN

La gestión del suelo urbano representa el sistema normativo y regulador conformado por leyes, políticas y acciones desarrolladas por el Estado, con el objetivo de organizar el manejo tipológico, de reglamentación y de beneficio urbanístico del territorio. Su tratamiento constituye un factor primordial para el planeamiento de políticas habitacionales.

Aunque su operativización es de gran necesidad, en el contexto boliviano, todavía es materia pendiente y se vincula con la responsabilidad de lograr el acceso al suelo urbano en condiciones eficientes de conectividad e infraestructura de servicios. Representa, desde el punto de vista social, la satisfacción de un derecho humano y, desde el punto de vista técnico-ambiental, es parte del proceso racional de conformación urbana que debe inscribirse en los planes y políticas urbanas de la gestión pública, eso con el fin de que el crecimiento expansivo de la mancha urbana no incremente condiciones habitacionales negativas para los segmentos más vulnerables.

Este problema que no está asociado obligatoriamente a la escala urbana es recurrente y de creciente complejidad en ciudades de diverso tamaño, y también en las ciudades medias como es el caso de Cochabamba, que durante el último periodo intercensal (2001-2012) reflejó alta variación en el crecimiento poblacional.

A nivel departamental el crecimiento poblacional respecto del primer censo fue del orden del 17,42% y 28,69% de incremento a nivel urbano. Cercado es el municipio, donde se concentra la mayor proporción de población urbana, con un crecimiento del 18,19% del total municipal y 18,25% a nivel urbano. A nivel metropolitano, en la región Kanata de Cochabamba, el incremento poblacional fue de 22,80% y en el área urbana metropolitana de 27,70.

En la región metropolitana de La Paz, el incremento fue del orden del 12,85% y en el área urbana de 12,51%. Y en la región metropolitana de Santa Cruz, el crecimiento poblacional intercensal alcanzó el 25,62% y en su área urbana de 28,07%.

Esta situación ha generado fuerte presión sobre la disponibilidad de suelo, y la ampliación de servicios de infraestructura. Estos datos evidencian el rol que las ciudades medias cumplen en la estructuración y desarrollo del territorio y son por demás representativas para la generación de políticas urbanas.

El incremento poblacional ha dejado en evidencia la falta de planes integrales vinculados con el desarrollo urbano, referidos a consideraciones territoriales, ambientales, socioeconómicas, normativas y de gestión urbana, y dentro de ellas, el análisis del suelo urbano como factor de determinación de las condiciones habitacionales.

Las políticas urbanas y el funcionamiento del mercado del suelo urbano en Cochabamba han dejado ver claramente aspectos de desigualdad socio-territorial, segregación, marginalidad, exclusión del mercado formal del suelo y de la ciudad, y manifiesta insostenibilidad ambiental. La reproducción de asentamientos espontáneos, ocupación de tierras y el arbitrario manejo de los precios de los alquileres, constituyen algunos de los principales problemas que corresponde solucionar a los gobiernos locales.

Según la información de la Agencia Estatal de Vivienda, procedente del Censo Nacional de Población y Vivienda, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012, Bolivia tiene un total de 2.803.982 hogares y el déficit habitacional afecta al 62% de la población, correspondiente a 1.714.526 hogares.

Según ese censo, el déficit cuantitativo presenta datos de 583.814 hogares que no poseían vivienda propia y 167.299 hogares tenían viviendas irrecuperables. Por su parte, el déficit cualitativo refleja que 1.547.227 hogares sufrían privaciones cualitativas relacionadas con la vivienda misma y con su entorno habitacional; y 1.176.738 hogares presentaban precariedad de servicios, cocina, y hacinamiento. Evidenciando de esta manera que el déficit cuali-cuantitativo, no constituye solamente la inaccesibilidad a la vivienda en su condición material, sino que reside también en la imposibilidad de acceder a suelo urbano y, por lo tanto, el impedimento de vivir el derecho a la ciudad.

Los indicadores resaltan la privación de urbanización especialmente para sectores socialmente sensibles que sobreviven de la informalidad, y que localizan sus viviendas en la marginalidad, recalcando tanto la falta de integración con el resto del tejido urbano, como la deficiencia en la provisión de servicios urbanos básicos. Estas condiciones que incrementan el déficit cualitativo demuestran la complejidad de una realidad difícilmente atendida, y que necesita solución inmediata para mejorar los índices de cohesión social.

Más allá de que el fenómeno de la metropolización reclama por sí mismo una intervención coordinada entre el Estado, los agentes económicos y la sociedad civil para resolver los déficits habitacionales, los problemas señalados exigen mayor participación de las organizaciones sociales.

El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag–UMSS, mkquiroga@gmail.com