Repensar la Justicia
Cada vez que un inocente sale de la cárcel tras haber estado detenido injustamente se evidencia que la justicia boliviana está fracasando.
La reciente liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, que gobernó el país como consecuencia de la crisis de 2019 y afrontó la convulsión social y luego la pandemia de Covid-19, luego de casi cinco años es una razón más para cuestionarse acerca de la independencia de los administradores de justicia.
La expresidenta fue apresada el 13 de marzo de 2021 luego de un intenso operativo en Trinidad, su tierra natal, en el marco del denominado caso “golpe de Estado”.
A partir de entonces se desencadenaron varios procesos orientados a hallar justicia para los 21 fallecidos en los enfrentamientos con la fuerza pública en Senkata y Sacaba, durante la convulsión poselectoral de 2019.
Áñez afirma, con seguridad, que sus actos en la presidencia fueron de buena fe y que por ello emitió decretos, junto con todo su gabinete, como el 4078, para pacificar el país y eximió de responsabilidades penales a los efectivos de las FFAA que actuaron en las protestas impulsadas por los sectores afines al MAS, que rechazaban el Gobierno que se estableció después de noviembre de 2019 luego de la renuncia de Morales, García y las autoridades legislativas que estaban en el orden de sucesión del presidente.
La detención de Áñez, hace casi cinco años, marcó el inicio de una severa represalia judicial a quienes fueron parte del Gobierno transitorio. La acción judicial llegó incluso a dictar una sentencia de 10 años de cárcel para la expresidenta.
La anulación del proceso que condujo a esa condena, por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, desnuda las fallas cometidas por fiscales y jueces, en funciones hasta inicios de este año, cuyas decisiones, al parecer, estuvieron motivadas por intereses extrajudiciales ajenas al correcto apego a la Constitución, las leyes, y al debido proceso.
Resulta penoso que los administradores de justicia decidan del destino de las personas procesadas de acuerdo con el momento político que se vive en el país.
El caso de Áñez y otros similares evidencian las razones por las que la administración de justicia es una de las instituciones más desprestigiadas y con menos credibilidad del país.
Por ello, aunque hoy nos atingen problemas urgentes como la crisis económica, es esencial y necesario que se trabaje en una reforma del sistema judicial. Bolivia y los bolivianos necesitamos una justicia que aplique los principios de igualdad de igualdad de todos ante la ley y de la independencia del poder político.
Así, la iniciativa del Órgano Judicial, que convocó al Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, el viernes 14 de este mes en Sucre, se perfila como el inicio de un proceso tan necesario como urgente.
