La Ley 157 y la tierra
A seis meses de asumir el gobierno, el presidente Rodrigo Paz promulgó ayer en un acto em la Feria Agropecuaria Internacional de Santa Cruz (Agropecruz) la Ley No. 157, aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para potenciar la producción agrícola a través del acceso al crédito rural.
La nueva ley autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana mediante un proceso administrativo y en el plazo de 10 días.
El presidente defendió la ley afirmando que se trata de facilitar el “crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir”.
Del otro lado, hay quienes alertan de los riesgos que conlleva esta normativa. La Fundación Tierra, por ejemplo, advirtió desde antes de que la ley sea sancionada que su verdadera motivación es ampliar el mercado de tierras y sobre el tema puntual del crédito afirmó que “la conversión a mediana no crea crédito por sí misma, ni modifica la vocación y el potencial productivo del suelo”.
La Defensoría del Pueblo se pronunció desde la presentación del proyecto en la Asamblea Plurinacional y observó la falta de socialización con las organizaciones campesinas e indígenas.
La Ley 157 es la primera del gobierno de Rodrigo Paz relacionada con la tierra en un país donde este tema ha sido un factor central en su desarrollo histórico con dos hitos importantes, el principal la Reforma Agraria en Bolivia en 1953 en Ucureña (Cochabamba), que eliminó el latifundio y el régimen de servidumbre o pongueaje y estableció que “la tierra es de quien la trabaja”. Uno de sus efectos fue la redistribución de la tierra.
Posteriormente, se tuvo la Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (conocida como Ley INRA), de 1996, que crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que administra la distribución de tierras, el saneamiento a través de un procedimiento técnico y jurídico y verifica el cumplimiento de la función económica social.
Al tratarse de una nueva normativa es importante que las instituciones a cargo de las políticas de producción establezcan las ventajas, o posibles desventajas, de su aplicación en las zonas productoras del valle alto de Cochabamba, el trópico y la región andina.
La Ley 157 no puede ser el único resurso que el Estado genere para la tierra si su verdadero interés es el progreso de los productores, porque una norma o un predio por sí solo no garantiza el acceso al crédito rural debido a que el sistema financiero evalúa varios aspectos, como el riesgo y la garantía, para aprobar la entrega de recursos.
El impulso a la producción requiere de más apoyo y no solo la bancarización como políticas públicas de apoyo, seguros agrarios en caso de desastres naturales, riego, asistencia técnica, caminos, mercados y precios justos.
