¿Nos espera octubre del 2003 o noviembre del 2019?

Los que proponen un referéndum revocatorio, del tipo que sea, para salir de la profunda crisis de gobernabilidad en la que se encuentra el país, se olvidaron de consultar con los bloqueadores.

No se trata de su legalidad. En situaciones similares en el pasado, cuando el sistema democrático de gobierno estaba a punto de ser quebrado, para poder salvarlo no se dio lugar a que prime la letra de la Constitución y el ordenamiento legal pertinente en cuanto a la sucesión presidencial más allá de cualquier posible objeción legal, más bien estas fueron interpretadas en sentido de que su primera función es asegurar la vigencia de la democracia.

Se dio en 1979 con la presidencia interina del entonces presidente del senado Walter Guevara Arze ante la imposibilidad de dirimir entre los dos primeros candidatos a la presidencia en una elección en el Congreso. Se dio con la renuncia de Hernán Siles Suazo un año antes de la terminación de su mandato en 1985 ante el fracaso de su Gobierno de parar la hiperinflación. El más reciente ejemplo de una situación semejante fue la ascensión al gobierno de Jeanine Áñez.

Por tanto, un referéndum revocatorio no debe ser desestimado de plano, no si la alternativa es un baño de sangre, no si la alternativa es perder la democracia. El problema de fondo con esa propuesta es que las fuerzas que bloquean tendrían que estar de acuerdo en levantar sus bloqueos e ir al referéndum revocatorio.

¿Por qué habrían de hacerlo? No les interesa mantener la institucionalidad democrática. No les interesa una salida que tenga el aval de un voto mayoritario, que podría ser una solución, por más que no se ajuste a la letra de la Constitución, que bien podrían perder. Entre tanto el tiempo apremia.

Ante la creciente fuerza de las movilizaciones, el aumento en el número de bloqueos, la desesperación de la gente, especialmente en La Paz y El Alto, y el tremendo desgaste del Gobierno, los insurrectos pueden vislumbrar un resultado que hasta hace dos meses atrás parecía poco menos que imposible: la renuncia de Rodrigo Paz.

Por la misma razón, una solución negociada es improbable a estas alturas ¿Por qué habrían de hacerlo los insurrectos cuando parece que tienen al Gobierno contra la pared? A estas alturas, para los dirigentes de la insurrección ir al dialogo solo significaría haber asumido la derrota, porque significaría necesariamente desistir de su demanda de que renuncie Paz.

Al mismo tiempo, la situación actual (03/06/2026) de bloqueos que estrangulan a las ciudades de La Paz y El Alto y paralizan al aparato productivo nacional, causando enormes pérdidas, no puede continuar.

Por tanto, tal como están dadas las cosas es inminente una resolución al impasse que se vive, que sin embargo resulta ser apenas un prólogo como veremos luego.

Una posibilidad es que Paz decida renunciar sin intentar levantar los bloqueos para evitar lo que probablemente daría lugar a significativas pérdidas de vidas. La otra posibilidad es que decida declarar estado de excepción para levantar los bloqueos y asuma las consecuencias.

Es difícil pensar que Rodrigo Paz, después de haber ganado contundentemente elecciones hace apenas siete meses, renuncie cuando tiene las facultades constitucionales –aunque hay constitucionalistas que disputan esa capacidad sin que haya una ley de por medio– para declarar un estado de excepción. ¿Qué pasaría en caso de que lo declare?

Asumiendo que a raíz de un estado de excepción y el consecuente desbloqueo se dé una pérdida de vidas en la escala en que se dio en octubre de 2003 y en noviembre de 2019, se podría dar uno de dos escenarios. El primero, como en octubre de 2003 con el Gobierno de Sánchez de Lozada y la derrota del neoliberalismo, se daría el derrocamiento de un Gobierno que no llega a ser neoliberal pero que su derrocamiento de todos modos sería una derrota también para esa corriente ideológica, y, posiblemente repitiendo la historia, la asunción al poder de lo nacional popular en alguna nueva encarnación sucesoria del MAS.

Sabemos que ocurrió después de la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada: casi 20 años de gobiernos del MAS. Sin embargo, no es probable que un régimen populista de izquierda en las actuales circunstancias, tanto internas como externas, pueda replicar ese tiempo en el poder.

En lo interno, la asunción del MAS al poder coincidió con el auge del gas y las materias primas y los ingresos extraordinarios que eso significó; sin ese increíble golpe de suerte otra hubiera sido la historia. En cambio, al presente el país se encuentra quebrado.

En lo externo, un Gobierno anti EEUU, especialmente de un país débil y vulnerable como Bolivia, difícilmente sería viable dada la política exterior de ese país que cree que las grandes potencias tienen esferas de influencia y que, en su esfera de influencia, el hemisferio occidental, no deben existir regímenes contestatarios.

La otra opción es que, como en noviembre de 2019 en el Gobierno de Jeanine Áñez, las fuerzas de lo nacional popular no puedan derrotar al Gobierno de Paz por la fuerza y más bien tengan que replegarse en toda la línea, hasta la próxima oportunidad que se le presente, la cual tal vez no sea en mucho tiempo más dado que en apenas siete meses el Gobierno de Paz ha sufrido un excesivo desgaste.

El autor es economista