Defienden el Playón de Marquina con medidas extremas
El directorio del Comité Cívico de Quillacollo ,en coordinación con dirigentes de los cuatro distritos, determinó llevar adelante medidas extremas exigiendo a los magistrados del Tribunal Agroambiental (TA) de Sucre que se pronuncien sobre el derecho propietario de las 97 hectáreas de terreno que comprende el Playón de Marquina.
“Hemos cumplido tres días de huelga de hambre, tres compañeros se han suturado los labios y hemos realizado bloqueos esporádicos”, informó ayer el presidente del ente cívico, Iván Herrera.
Comentó que una comitiva de 25 personas permanece en vigilia en puertas del tribunal para que se proceda al sorteo de un relator el 26 de febrero. A partir de esa fecha, la instancia tiene 40 días para emitir un nuevo fallo.
Herrera dijo que determinaron un cuarto intermedio en algunas movilizaciones, porque se logró a través del Comando Departamental de Chuquisaca una reunión con María Teresa Garrón, presidente del tribunal.
Relató que la comitiva de representantes vecinales llegó a capital del país el 11 de este mes y aclaró que el traslado, la alimentación y otros gastos corren por cuenta de cada uno de los participantes.
El alcalde suplente Antonio Montaño adelantó que la próxima semana junto al pleno del Concejo Municipal se apersonará ante las instancias judiciales correspondientes para solicitar celeridad en el proceso.
“Vamos estar presentes en el sorteo. Estamos seguros que la sentencia aclarará este asunto, después de 16 meses de espera”, remarcó.
Por otro lado, el concejal René Fernández (Demócrata) presentará en los próximos días un proyecto de ley municipal para que el Alcalde pueda tomar posesión de los terrenos en el Playón.
CONSTRUCCIONES ILEGALES
El concejal René Fernández (Demócratas) denunció que en predios del Playón de Marquina se construyeron al menos tres viviendas sin autorización de la Alcaldía, por lo que solicitará un informe de las acciones que realiza Urbanismo para frenar estas irregularidades.
Aseveró que el Alcalde debe instruir la demolición de las edificaciones. Recordó que la primera alerta de loteamientos en la zona data de abril de 2018. “En octubre de 2017 Quillacollo mediante una acción popular consiguió una sentencia constitucional que ordena al Tribunal Agroambiental volver a emitir sentencia respetando el derecho a la vida de los quillacolleños”, puntualizó.
