Juzgado posterga una semana juicio de Manfred por la represa Quecoma
La continuación del juicio oral en contra del alcalde Manfred Reyes Villa por la represa Quecoma se postergó ayer hasta el 7 de noviembre por un tema de salud de la jueza que atiende el proceso, informó el secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz.
“Fuimos notificados el jueves con una resolución por parte del juzgado y cayó como anillo al dedo por la reunión del censo a nivel nacional que se desarrolló con diferentes autoridades”, explicó.
Muñoz remarcó que se trata de un proceso político y que los testigos que se presentan en el caso Quecoma no tienen conocimiento sobre la represa, responden a una instrucción, de memoria y tienen incongruencias.
El juicio debía reinstalarse, pero se suspendió por temas de salud de la jueza que ejerce como presidenta del Tribunal de Sentencia No. 3. Ayer, también sucedió lo mismo y Reyes Villa participó del diálogo por el censo convocado por el Gobierno nacional.
La represa Quecoma se entregó en 2010 cuando Manfred Reyes Villa era prefecto y demandó una inversión de 7,7 millones de bolivianos. Sin embargo, los comunarios denunciaron filtraciones, por lo que se inició un proceso en contra de la exautoridad.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Boris Fiorilo, aseveró que las pruebas presentadas por los denunciantes carecen de veracidad y sustento. Remarcó que el caso es político, ya que la empresa que la construyó no forma parte del proceso cuando es la directa responsable. “Eso nos llama poderosamente la atención”, cuestionó.
El alcalde enfrenta 20 procesos legales, 15 impulsados por la Gobernación de Cochabamba y cinco por otras instancias.
Sobre la represa Quecoma, ubicada en Sacabamba, el alcalde dijo el lunes que la obra está funcionando y que tras su entrega, incluso, se hicieron ampliaciones.
Los legisladores del MAS realizaron inspecciones a la represa de Quecoma para verificar las filtraciones de la presa y estiman que unos 180 agricultores fueron afectados. La Fiscalía acusó al exprefecto por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
