Advierten fuga de inversión externa con impuesto indefinido a la riqueza
La aplicación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) de manera indefinida y no solamente por dos años, representa un desincentivo a los capitales nacionales y extranjeros que pretenden invertir en el país, los cuales buscarán alternativas en países como Paraguay, Uruguay o Panamá.
Esta es una de las apreciaciones de los economistas José Alberti y Alejandro Arana en relación a la modificación realizada por la Cámara de Senadores a la ley que crea el IGF para que el tributo sea de aplicación indefinida y no solamente para las gestiones 2020 y 2021 como estaba inicialmente previsto.
Según Alberti, la modificación deja en evidencia que el Estado carece de recursos, por lo que impone un impuesto que tendrá más resultados negativos que positivos. Explica que los 105 millones de bolivianos que se prevé recaudar no tiene un impacto trascendente en el erario nacional. Sin embargo, la fuga de inversiones nacionales y extranjeras impactará de sobremanera.
“En los primeros años probablemente esta proporción (de recaudación) vaya bajando porque la gente va empezar a sacar su capital afuera y se va a ir a países como Paraguay, Uruguay o Panamá donde la inversión y los capitales financieros son tratados de mejor manera”, dijo Alberti.
El especialista sostiene que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido ahuyentada en los últimos 15 años, prueba de ello es que muchas empresas diversificaron sus portafolios de inversiones sacando capitales a Paraguay y Uruguay.
Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), entre enero y junio de 2020, la IED registró una cifra negativa de 189,9 millones de dólares, la más baja desde 2013.
Por su parte, el analista económico Alejandro Arana coincide en que la aplicación indefinida del impuesto a la riqueza desincentivará la inversión privada nacional y extranjera, aunque señala que no es una sorpresa que el Gobierno cree un impuesto temporal para después aplicarlo de modo indefinido.
“Cualquier inversionista extranjero va a pensarlo mucho antes de venir y acumular patrimonio a nombre de las empresas; van a venir y van a preferir alquilar”, señaló Arana.
Explicó que el desincentivo surge porque en el país se paga una serie de gravámenes por los ingresos obtenidos como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), pero los emprendimientos deben pagar uno adicional a partir de esta ley.
El IGF establece una alícuota del 1,4 por ciento para las personas que posean entre 30 y 40 millones de bolivianos; 1,9 por ciento para los que tienen entre 40 y 50 millones y 2,4 por ciento para los que superan los 50 millones.
Buscan “tapar” falta de políticas
El economista José Alberti considera que el Gobierno nacional utiliza el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) como una cortina de humo para “tapar” la falta de medidas inmediatas orientadas a la reactivación económica del país a más de 45 días de haber tomado el mando del país.
“Hasta el momento no se presenta a la población, a los diferentes actores de la sociedad civil, un plan agresivo serio e inmediato de reactivación económica; vienen lanzando cosas que no tienen el impacto para salvarnos de una recesión”, dijo Alberti.