A cinco meses del colapso del puente recién toman pruebas
“Esta obra ya está completamente colapsada y por lo tanto debe procederse a la demolición. Nunca en la historia de Cochabamba había ocurrido algo así”, decía el alcalde José María Leyes al día siguiente del hundimiento del puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia, el 23 de octubre de 2015.
Pero, la realidad fue distinta, porque no se elaboró un informe técnico en el plazo de 72 horas y tampoco se conformó una comisión de investigación. El Concejo Municipal tampoco dio curso a una declaratoria de emergencia.
Han pasado más de cinco meses desde el colapso del puente y los anuncios de demolición no transcendieron el ámbito mediático. Mucho antes de que la Alcaldía presentara la denuncia en la Fiscalía ya lo había hecho el exasambleísta departamental, Henry Paredes.
La Alcaldía presentó recién el 17 de noviembre una denuncia en la Fiscalía en contra del exalcalde Edwin Castellanos Mendoza; el exoficial mayor de Desarrollo Económico, Osvaldo Delgadillo Gonzales; el supervisor y diseñador de la obra, Nelson Alberto Vega Aguirre; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Oliver Rodríguez Mercado; y el representante de la empresa constructora Álvarez, Víctor Hugo Álvarez Iriarte. Empero, no incluyó al fiscal de Obra del municipio, Óscar Cortez, ahora jefe de Laboratorio de Obras Públicas.
La Alcaldía, los procesados y la empresa Álvarez se acusan mutuamente de perjudicar el proceso para que tarde más de lo esperado. Sergio Rodríguez expresó que el municipio “obstaculiza la investigación”. Pero, el secretario general de la Alcaldía, Ricardo Pol, considera que la constructora y el Ministerio Público utilizaron “artilugios” para dilatar las investigaciones.
Entre los aspectos que demoran la averiguación están la tardanza del municipio en entregar todos los documentos del caso a la Fiscalía. También se cuestionó la contaminación de las pruebas por haber enviado las tomadas por los peritos al Laboratorio de Obras Públicas de la Alcaldía.
Un abogado con experiencia en administración pública también observó que ni la Fiscalía ni la Alcaldía hayan solicitado a los pocos días del colapso el anticipo de prueba. Explicó que es como tener un cadáver expuesto cinco meses en la morgue sin hacer la autopsia.
Entre los documentos que no se enviaron desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016 al Ministerio Público están: los informes parciales y cierre del contrato; actas de recepción de los productos finales del contrato; el contrato modificatorio; certificados de control de calidad; informes de aprobación de la supervisión y fiscalización.
Pol aseguró que recabar la información fue un trabajo arduo. “Tenemos documentos en diversas reparticiones que se encuentran en diferentes zonas de la ciudad. Además, hemos tenido que enviar documentación a los denunciados, concejales, diputados y cuantos nos pedían. Hemos entregado por lo menos 20.000 hojas”, aseveró.
Por su parte, la Alcaldía objeta que aún no se formalizara la denuncia, lo que permitiría solicitar las medidas cautelares.
El exalcalde Edwin Castellanos señaló que la demora en el proceso se debe a la politización del mismo. Asimismo, el representante legal de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte, dijo que no está conforme con el desarrollo del caso. Sin embargo, realizan todas las observaciones necesarias para que las cosas se hagan de la forma más transparente posible y correcta.
El viernes el Juzgado Anticorrupción dio 15 días a los peritos de la Fiscalía para que realicen el anticipo de prueba después que el primero fue anulado, porque la Fiscalía no comunicó que en diciembre se realizó un peritaje. El miércoles se realizará la toma de muestras del puente.
Apuntalamiento y pericias
Pese a los anuncios de demoler lo antes posible el puente colapsado, las acciones han sido limitadas desde que el pasado 22 de octubre por la noche la estructura se hundió.
La plataforma colapsó al promediar las 20:00, por lo sucedido se cerró el puente gemelo sobre la avenida Panamericana. El 13 de noviembre del 2015 se decidió apuntalar el puente, que hasta el momento estaba sobre un colchón de tierra y había cedido alrededor de 7 centímetros.
El 17 de noviembre de 2015, la Alcaldía presentó la denuncia formal contra el exalcalde Edwin Castellanos, la empresa Álvarez y tres exfuncionarios, en la Fiscalía.
El 18 de diciembre de 2015 la comisión de fiscales y peritos ingresó a realizar una inspección ocular del puente colapsado, a dos meses del hundimiento.
El informe del perito se suspendió en diversas ocasiones. Primero debía estar en enero y luego a mediados de febrero, marzo y finalmente para el 1 de abril. Pero, aún no hay nada.
El 25 de marzo se aprobó el anticipo de prueba, pero fue anulado el 8 de abril. El 15 de abril se autorizaron nuevas pericias.
A cinco meses del colapso del puente recién toman pruebas
RETARDACIÓN
El proceso tiene un atraso considerable. Aún está en la fase preliminar y no debía durar más de 100 días, manifestaron los procesados. En este tiempo se deben tomar las muestras lo antes posible para elaborar los informes que permitan ampliar la investigación a más personas.
Luego, se debe proceder a presentar la querella formal para que se comience la preparación para el juicio oral. Todo avanza lentamente según la apreciación de las diferentes partes involucradas en el proceso.
El representante legal de la empresa Álvarez indicó que aspectos como la presentación de la querella o la ampliación de la investigación le correspondía a la Alcaldía y que es una interrogante saber por qué no se han hecho. Por su parte, el secretario general de la Alcaldía, Ricardo Pol, indicó que las acciones le corresponden al Ministerio Público.
Un abogado con conocimiento en administración pública corroboró lo mencionado por Iriarte. Agregó, que este aspecto también dilata la investigación y evita que se asuman actos con fluidez.
Iriarte considera que también hay retraso por la poca colaboración por parte la Alcaldía al no presentar la documentación de manera oportuna. De igual modo podía solicitar el anticipo de prueba meses atrás. “Se podía hacer, pero por algún motivo no se solicitó”, aseveró el abogado.
Pero, el municipio argumenta que la empresa y otros acudieron a “artilugios” para dilatar el proceso que aún no ha llegado a la fase de medidas cautelares.
OPINIONES Y CUESTIONAMIENTO AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
RICARDO POL, SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA
“Creemos que se protege a alguien”
Esperábamos que el proceso avance lo más rápido posible, pero la empresa Álvarez utilizó varios artilugios legales para que se rechacen pruebas. Además, la juez ha dejado pasar mucho tiempo para definir los peritos y tomar juramento para que luego termine anulando obrados del anticipo de prueba.
Creemos que se está protegiendo a algunas personas. Por nuestra parte, no estamos protegiendo a nadie, quien tenga que caer que caiga.
Dicen que las muestras se llevaron al Laboratorio de Obras Públicas, yo digo que lo demuestren y no sólo hablen. Cuestionamos la actitud dilatoria de los fiscales y la juez en el proceso.
SERGIO RODRÍGUEZ, EXFUNCIONARIO Y CONCEJAL
“Obstaculizar está penado por ley”
Obstaculizar la investigación está penado por ley. En la Alcaldía hay dos personas que están obstaculizando: el asesor general Sergio Coca y el exfiscal de Obra y actual jefe de Laboratorio de Obras Públicas, Óscar Cortez.
Para empezar la documentación solicitada no llegó de manera oportuna. Luego, el trabajo de los peritos fue obstaculizado por Coca, pues no debió acompañar esta labor.
A sabiendas que no lo debía hacer estuvo ahí. No es un recién egresado, entonces, parecería que lo hizo a propósito. Por ello, se debería ampliar la causa también a los que obstaculizan la investigación del proceso.
JORGE IRIARTE, ABOGADO EMPRESA CONSTRUCTORA ÁLVAREZ
“Hay cosas que se podría haber hecho”
Yo creo que lo peor ya ha pasado. Lo más difícil era acopiar documentación. Creo que hubo lentitud en la colaboración de la Alcaldía al entregar la documentación, que hasta hoy no ha terminado.
¿Por qué no han pedido en diciembre el anticipo de prueba?, ¿por qué no han licitado la demolición en diciembre para poder comenzarla en enero? Esas son preguntas que la gente se debe contestar. Hay cosas que se podían haber hecho, pero no se hicieron.
Otro aspecto que demora la investigación es que no se ha ampliado. Tenemos nombres de 10 ingenieros que han participado y no se los convoca. Lo mismo ocurre con el fiscal de obra y otros.
