Mayoría de linchamientos queda en la impunidad
A pesar de la crueldad y frialdad con la que muchas personas perdieron la vida en manos de una turba en los diferentes municipios del trópico, en ninguno de los casos la investigación prosperó hasta dar con los autores e instigadores de los asesinatos.
Al respecto, el investigador y sociólogo, Fernando Salazar, lamentó que desde que Evo Morales asumió el Gobierno, ninguna persona fue procesada y mucho menos encarcelada por un linchamiento en el trópico, al ser el lugar donde radica su mayor fuerza política.
“Los linchamientos no son exclusivos del Chapare, pero los móviles sí exclusivos porque el trópico de Cochabamba es el eje de la vanguardia política de los militantes del partido de Gobierno, donde los dirigentes tienen mucho poder incluso sobre las autoridades oficiales, son intocables”, afirmó el sociólogo.
En los 41 casos registrados en Bolivia por la Defensoría del Pueblo en 2014, por ejemplo, reconoce que “sólo unos pocos casos son investigados y procesados por la justicia ordinaria o indígena y la mayoría de ellos permanece en la impunidad”.
En Cochabamba, este año se registraron dos linchamientos, el primero ocurrió en la zona de K’ara K’ara en la ciudad, cuando los pobladores confundieron a Adalid Encinas con un ladrón y lo mataron a golpes. De este caso, la justicia envió con detención preventiva a tres dirigentes del lugar que habrían incitado a la gente a maltratarlo hasta acabar con su vida.
El segundo caso se registró en el municipio de Entre Ríos el pasado lunes.
Existen tres órdenes de aprehensión, pero ninguna fue ejecutada por miedo a que la población de la zona se levante porque ya en ocasiones distintas destruyeron las instalaciones policiales para sacar a los presuntos ladrones y lincharlos en la población.
De hecho, el viernes, pobladores de Entre Ríos bloquearon por al menos tres horas la carretera al occidente del país y después de un cabildo se constituyeron en defensores y protectores de los dirigentes ante cualquier aprehensión de los mismos.
Ante esta situación, en la columna “El Pecado Mortal del Linchamiento” escrita por el periodista Mauricio Aira, indicó que el Gobierno está ante el reto de dar con los autores del linchamiento y sancionarlos. “Cuánto puede valer una moto usada, frente a la vida de un joven de 20 años, esperanza cierta para sus padres, hermanos, compañeros”, reclama.
Entretanto, una persona que vive desde hace 16 años en Ivirgarzama en el trópico de Cochabamba indicó que, en los últimos cuatro a cinco años, conoció de hasta 10 linchamientos, pero muchos de ellos no salieron a la luz pública y mucho menos se dio con los responsables.
“Porque el Gobierno del MAS está en el poder y Evo Morales salió presidente de aquí, los dirigentes creen que pueden hacer lo que les dé la gana”, confesó temeroso, porque en muchas ocasiones tuvo que huir de los dirigentes para no ser agredido por no comulgar con algunas actitudes suyas.
La investigación del linchamiento de Raúl Sandoval (20) se declaró en reserva por 10 días desde el pasado miércoles con el objetivo de no entorpecer las investigaciones con la actitud de protección de los comunarios hacia los dirigentes que se presume participaron en el hecho.
SEGÚN EL INFORME DE 2015
Defensoría del Pueblo pide tipificar delito
El informe de la Defensoría del Pueblo sobre “El Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia y Resultados de la Gestión Defensorial 2015” identificó hasta el 31 de octubre de ese año 32 casos de linchamiento e intentos de linchamientos, de los que cinco terminaron en muertes, 27 resultaron heridos, 15 sufrieron golpes y ocho fueron protegidos en las celdas policiales.
Del total de los casos, el departamento con más hechos fue Santa Cruz con 14 asesinatos; además de nueve en La Paz; cinco en Cochabamba, y dos en Potosí.
“Muchos de los casos no han sido esclarecidos y los hechos quedan en la impunidad. Uno de los problemas tiene que ver con que en Bolivia este delito no está tipificado, por lo tanto, no existen cifras oficiales, lo que invisibiliza el tema”, afirma el documento.
Asimismo, el informe alerta que, pese a la gravedad del delito, en el Estado boliviano “no se ha asumido ninguna medida para enfrentarlo, generándose una especie de complicidad social, alimentada por la impunidad”.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo planteó en su último informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se tipifique el delito y se tomen medidas urgentes para prevenirlo y sancionarlo. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna normativa que aborde el tema para dar con los responsables de los linchamientos en el país y departamento.
Las cifras de linchamiento en 2014 fueron de 41 casos en los que 15 personas resultaron heridas y 13 murieron en manos de turbas.
En el documento emitido hace dos años por la Defensoría del Pueblo se identifican como causas de este crimen cometido por vecinos y pobladores a la ausencia de organismos de seguridad, el crecimiento de la delincuencia, la intolerancia, la desconfianza en el sistema judicial y otros como las más comunes.
OPINIONES
MARCELO COX, DEF. DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo condena todos los actos de decisión colectiva por los cuales asumen la decisión sobre el derecho a la vida que debe precautelarse por todas las instituciones y seres humanos. En todos los linchamientos, las masas exacerbadas asumen decisiones que no son debidamente conducidas por sus autoridades naturales del lugar. Bajo ningún pretexto se justifica un Estado de anomia. La Policía debe investigar con el Ministerio Público y sancionar con un juzgado. (Entrevista: 15/11/2016).
ELVIN BAPTISTA, COM. DPTL.
La población ha actuado como policía, fiscal, juez y verdugo. No puede ser que en el siglo XXI estemos actuando de esa manera. La persecución penal va a ser bastante dura contra esta gente (…) En este momento, yo no puedo ordenar que se detenga a alguien, qué creen que pasaría si ordeno eso, seguramente va haber una convulsión en el trópico. Seguramente vamos a hacer la persecución penal y policial en el momento que se crea oportuno, en el momento que se vea necesario. (Entrevista: 15/11/2016).
VIVIAN SCHWARZ, CIUDADANÍA
La impunidad en los casos de linchamiento hace que la gente crea que no va existir ninguna consecuencia por participar en este tipo de actividades y, francamente, como no hay nadie en la cárcel, probablemente la gente cree que tiene razón. Lo que tiene que quedar claro es que es un crimen sin importar si lo hace una persona o más, y todos los que están parados mirando son cómplices. Me parece una barbaridad que se convierta en un espectáculo público en el estadio y que convoquen a tanta gente a mirar. Es un extremo de falta de autoridad. (Entrevista: 15/11/2016)
JULIETA MONTAÑO, OF. PARA LA MUJER
Entre la reacción del linchamiento en Reyes y Entre Ríos hay una diferencia muy grande. Lo ocurrido en Reyes ha sido una cosa tan espontánea por el hecho de que vieron el cadáver de una niña violada. En cambio, en Entre Ríos estamos viendo que es parte de una decisión política que ha adoptado la población del lugar, es decir, un desprecio a todo lo que es el sistema de justicia, la vida. Preocupa que el linchamiento sea una decisión de una comunidad y el reflejo de ese poder que van adquiriendo estos grupos vinculados con la hoja de coca. (Entrevista: 16/11/2016).



























