Consorcio Misicuni se enfrentará a juicio oral en marzo
COCHABAMBA |
Después de tres años de haberse iniciado el proceso judicial contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contrato, conformación sociedades ficticias, falsedad material y daño económico, ya tiene fecha para el juicio oral. El asesor legal de la empresa Misicuni, Arturo Arnez, informó que la audiencia se llevará el 20 de marzo.
Sin embargo, tanto el representante del CHM, Martín Rovira, como los representantes de las cinco empresas internacionales, Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez y Raúl Maggioni, son juzgados en calidad de rebeldía, debido a que aún no se conoce su paradero.
Hace cuatro años el CHM fue apartado de la construcción de la represa por problemas contractuales, posteriormente, el 2014, la Contraloría General del Estado estableció un daño económico de 22,3 millones de bolivianos y presentó una denuncia contra el consorcio. El mismo año la Empresa Misicuni se sumó a este proceso como parte querellante. Por su parte, la Fiscalía del Estado presentó la acusación el 7 de julio de 2016 al Tribunal Séptimo de Sentencia.
Según el presidente de la Empresa Misicuni Jorge Alvarado, el monto del daño económico al Estado ascendería a "por lo menos" 33 millones bolivianos por otros daños establecidos posteriormente, como la deuda a ferreterías e importadoras, por 2 millones. Sin embargo, Arnéz no quiso especificar los montos de deauda ni el alcance de los bienes incautados que se realizó desde el inicio del proceso..
El Proyecto Múltiple Misicuni debía finalizar en primera instancia el 2012, sin embargo al adjudicarse a la empresa china Camce, el plazo fenecía en septiembre del 2016. Hoy, Alvarado afirmó que la conclusión del proyecto podría ampliarse debido a las nuevas licitaciones.
Sentencia
El asesor legal de la empresa Misicuni informó que a finales del año pasado se concretó la sentencia ejecutoriada contra Edgar Montaño Nava, notario de la ciudad de La Paz, por la emisión de un poder falsificado para el planteamiento de recursos jerárquicos y revocatorios dentro del caso del Consorcio Misicuni. Montaño se sometió a un procedimiento de juicio abreviado, y actualmente cuenta con una condena de tres años por uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica.
