Prevaricación oficializada

La imparcialidad de la justicia contra los poderes de este mundo, Estado, religión y bancos, es una necesidad para frenar el poder injusto y, consecuentemente, el desarrollo de las fuerzas antisociales

Siguiendo a la obra de Pikety sobre el desarrollo del capitalismo en lo que va de este siglo XXI, tenemos presente que es necesario tomar las medidas pertinentes, tanto en lo económico y financiero en general, como en lo político. Al respecto, Bernie Sanders, el actual precandidato del partido demócrata en Estados Unidos, ha declarado que descuidar las cuestiones políticas acarrea males sociales.

Estamos conformes con esta posición y esperanzados por eso de que guerra avisada no mata moros, en el sentido de que estando sobre aviso, se procurará mantener una política tendiente a evitar la acumulación de la riqueza en los estratos privilegiados de la sociedad, lo que merma paulatinamente los ingresos de la mayoría de la población. Cabe aclarar que no se trata de mermar el potencia del capitalismo; eso no, porque también esto es contrario al desarrollo económico. De lo que se trata es de no desequilibrar el balance social. No se debe acumular capital entre los privilegiados empobreciendo a la mayoría. Debe acumularse incrementando la riqueza social, produciendo o ahorrando más, pero sin empobrecer.

Contradiciendo lo malentendido de un precepto de David Ricardo, considerado una ley de bronce o de hierro por el marxismo, el buen desarrollo del capitalismo no debe implicar el empobrecimiento de las mayorías. Por el contrario, la prosperidad mayoritaria da felicidad y seguridad a la sociedad; por lo mismo, da fuerza al capitalismo.

Conformes con este planteamiento, cabe observar que, sin embargo, hay fuerzas que coadyuvan a la concentración de riqueza en sectores privilegiados. Si no se las combate ideológicamente, pues la reacción monopólica, antisocialista, anticapitalista y antieconómica, termina imponiéndose.

La inculcación de la injusticia es un factor. Veamos en nuestra sociedad. Tenemos el caso de que con los Gobiernos anteriores al del MAS, con partidos que se han preciado de ser de derecha, se exigía a los jueces nominados el compromiso de no dictar sentencias contrarias los intereses del Estado. Dicho de otro modo, debían comprometerse a prevaricar y con eso a contradecir los intereses de los particulares, en lo que tuviesen de razón y derecho. No crea el lector que digo macanas; eso ha sido y sigue siendo así. Si un juez dicta sentencia contra el Estado, lo tendrá en su contra. Por lo mismo, un juez no puede dictar contra la Iglesia Católica, porque va contra su conciencia, por injusta que sea su resolución y enferma su conciencia. Esto es literal. Jesús consideraría que quien prevarica comete una especie de robo; pero los cristianos son seguidores putativos de Jesús. Estado y religión se complementan como trilogía con la banca. El Estado recurre a amenazas en la promoción de los jueces e incluso con juicios contra ellos, sin importar la justicia. La Iglesia Católica considera que aplasta con su sola presencia, reminiscencia de la inquisición y de sus males antiguos. No sé bien qué poder tienen los bancos, pero por ahí anda la cosa.

En síntesis, la imparcialidad de la justicia contra los poderes de este mundo, Estado, religión y bancos, es una necesidad para frenar el poder injusto y, consecuentemente, el desarrollo de las fuerzas antisociales. Pero ahí no termina la lista de los males que coadyuvan en la reacción antisocial, así que se quedarán para otro artículo.

El autor es escritor.