Los desafíos de la urbanización
Las políticas públicas tienden a devolverle al Gobierno central atribuciones y potestades que corresponden a los gobiernos municipales y departamentales
Durante la semana que concluye, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha publicado su séptimo informe titulado “El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización”, que aborda la situación del país y sus desafíos.
De todos los datos contenidos en el estudio, se destaca el hecho de que el 46% de la población del país se concentra en las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Eso confirma que durante los últimos años se ha acelerado el ritmo al que Bolivia va dejando atrás su condición de país más rural que urbano, proceso que, como es natural se produce aparejado de nuevos desafíos, nuevos problemas y dificultades.
En palabras del representante del PNUD, “la nueva Bolivia trae consigo un crecimiento de sus estratos medios, es predominantemente urbana y sus habitantes hoy son mayoritariamente personas en edad de trabajar, aspectos que constituyen una oportunidad para el desarrollo”.
Esas nuevas oportunidades, por otra parte, como lo hace notar el informe, llegan aparejadas de nuevos desafíos. Obligan, entre otras cosas, a poner en un lugar privilegiado de la agenda pública las demandas de ese contingente de personas que a diario se suman a la vida urbana. Entre ellas se destacan la necesidad de nuevas fuentes de trabajo, los servicios de salud, seguridad ciudadana, luz, agua potable, transporte público, entre otros.
En lo que a la necesidad de crear fuentes de trabajo se refiere, el informe del PNUD advierte que si bien durante los últimos 20 años ha crecido el ingreso laboral, no ha ocurrido lo mismo con la calidad del empleo que sigue siendo mayormente informal.
La cobertura de salud, por su parte, ha tenido grandes avances pero a un ritmo muy inferior al crecimiento de la demanda. Y lo mismo puede decirse en términos generales de otros requerimientos propios de la vida urbana como son la seguridad ciudadana, los servicios básicos y otros como transporte y recojo de basura.
A partir de esos datos, el PNUD complementa su informe con una serie de recomendaciones. “Se precisa una institucionalidad metropolitana a partir de la Ley Marco de Autonomías, que da potestad para que regiones de más de 500 mil habitantes puedan crear áreas metropolitanas. Hay problemas, como de servicios, que deben resolverse horizontalmente en las regiones”, afirma, y plantea que la mejor fórmula para afrontar exitosamente el desafío consiste en fortalecer “una institucionalidad metropolitana” que a partir de un pleno ejercicio de las autonomías municipales y de las áreas metropolitanas afronte “horizontalmente” la tarea de proveer los servicios requeridos.
Como es fácil constatar a la luz de las experiencias acumuladas durante los últimos años, el diagnóstico del PNUD es de lo más certero. Y aunque no es novedoso, pues ya desde hace dos décadas, cuando se puso en vigencia la Ley de Participación Popular se intenta dirigir en ese sentido los esfuerzos estatales, adquiere especial importancia en las circunstancias actuales, pues las políticas públicas tienden a recorrer el camino inverso devolviéndole al Gobierno central atribuciones y potestades que corresponden a los gobiernos autónomos municipales y departamentales.
