Algo sobre el Fondioc
Las declaraciones realizadas hace algunos días por Nemesia Achacollo ante el periódico El Deber de Santa Cruz. Cruz, filmadas por algún aficionado y por consiguiente propaladas por televisión, han causado gran impacto en la opinión pública por la crudeza con que han sido denunciadas algunas actitudes, que si bien no eran desconocidas del todo por la población, no contaban aún con el nivel de plena certeza que las citadas declaraciones ahora les confieren.
El análisis y reflexiones que sobre este asunto nos permitimos exponer son los siguientes:
Como defensa inicial ante los gravísimos cargos presentados contra la mencionada Achacollo, ésta alegó muy suelta de cuerpo, que en su condición de Presidenta del Directorio del Fondioc no hizo sino fir-mar las resoluciones de créditos presentados por la mayoría de los integrantes de este cuerpo, suscribiendo con igual ligereza la autorización del desembolso de los mismos a cuenta de personas particula-res, sin cumplimiento previo de ninguno de los requisitos previstos por ley.
Ante la rechifla general del país a esa burda excusa, la exministra apeló a sostener que “la mayoría de los miembros del Directorio impuso tanto la aprobación de los créditos como el desembolso de los mismos a cuentas particulares”, sin tomar en cuenta para nada la opinión contraria del Presidente.
Igualmente fallida esta infantil justificación, la exministra sostuvo esta vez que la mayoría de miembros del Directorio se negó a reconocer su autoridad como Presidenta, “en razón de no haber sido desig-nada por ella, resolviendo en consecuencia actuar por cuenta propia”. De esta “decisión”, Nemesia tomó pié para considerarse relevada de toda responsabilidad respecto al Fondo.
Este nuevo disparate corrió la misma suerte que los anteriores, ante la creciente indignación y alarma de la opinión, al vislumbrar el claro perfilamiento de un gigantesco negociado con recursos del Fondioc, perpetrado entre el Directorio (incluida Nemesia) y el grupo de “privilegiados” confabulados con aquellos para saquear la entidad en la forma que hemos señalado.
El manto de impunidad que hasta entonces había cobijado tan eficazmente a Achacollo, pareció rasgarse el momento que fue citada a prestar declaración como testigo, sobre todo cuando concluida la au-diencia, el Juez dispuso su Detención Preventiva motivada en los muchos y claros indicios de culpabilidad paradójicamente puestos en evidencia por la propia declarante.
En este estado de situación, la exministra hizo declaraciones ante El Deber de Santa Cruz, reproduciendo textualmente lo expuesto por los miembros en mayoría del Directorio del Fondo, quienes abierta-mente y sin tapujos de ninguna clase habían proclamado: “Que el dinero les pertenecía y que podían comérselo si así lo decidían, sin tener que rendir cuenta a nadie, pues era su plata.”
Esta quizás muy extensa pero inevitable relación de los antecedentes de este vergonzoso asunto, deja a la vista uno más de los numerosos casos de corrupción impunemente perpetrados en estos 10 últi-mos años. A la elevada suma dilapidada, se agrega la pasmosa impavidez de los directivos del Fondo y de los beneficiarios de las arbitrariedades cometidas, al expresar, sin el menor rubor, que la alegre dis-posición del dinero del Fondo, no era sino un acto de utilización de fondos moral y legalmente lícito, por cuanto se trataba “de su plata” pudiendo hacer con ella cuanto les viniera en gana.
Es sobre este extraordinario grado de convicción de los directores y beneficiarios del Fondo Campesino, que deseamos centrar nuestro análisis y reflexiones, debido a que en ninguno de los muchos casos de abuso de poder político para apropiarse de recursos del Estado vistos en los últimos tiempos, se ha manifestado con tanta impudicia e impavidez que los autores de un saqueo semejante, muy lejos de negar su autoría (como lo han hecho todos), estén persuadidos de su perfecto derecho a obrar del modo señalado, rechazando airadamente que su acción pueda calificarse como delito.
Nada de esto es casual, ni tampoco se origina en una “atávica concupiscencia de la raza indígena” (que el oficialismo se empeña en presentar como criterio explicativo unánime de la oposición acerca de los hechos que comentamos). Lo sucedido en el Fondo es consecuencia natural del constante aliento y estímulo ejercitado desde la más alta jerarquía del MAS sobre los sectores campesinos del país, al apro-bar y proteger toda arbitrariedad, ilegalidad y/o abuso que puedan cometer, invocando como razón de esta tolerancia a los 550 años de opresión, explotación y discriminación sufridos por la clase indígena.
La conducta de Achacollo en el contexto moral, personal, histórico, político y social, ha sido duramente descrita y calificada en la estremecedora carta que María Galindo le dirige a nombre de Bartolina Sisa, poniendo en acusado relieve la trascendencia negativa para toda la clase campesina desencadenada por la incalificable conducta de todos quienes tuvieron algo que ver con la conducción del Fondioc.
En el terreno legal, si Achacollo dice la verdad cuando afirma que por una u otra razón su Directorio desconoció su autoridad y prescindió por completo de ella en todo lo referente a los créditos, tal compor-tamiento --si efectivamente se produjo-- no la exime de culpa, pues su deber como Presidenta la obligaba a promover un debate a fondo sobre estos temas, para luego --si la mayoría se mantenía firme-- hacer constar en Acta su disidencia a la Resolución y su protesta contra la mayoría, como único medio legal de salvar su responsabilidad por los perjuicios que podían resultar de resoluciones con las que no estuvo de acuerdo. También procedía denunciar públicamente lo ocurrido y/o presentar renuncia al cargo.
Sea por debilidad (muy dudoso) o por ignorancia (mucho más probable) pero sobre todo por la certeza acerca de la benevolencia oficial a todas sus actuaciones, Nemesia no hizo nada de lo que le corres-pondía hacer en esas circunstancias, siendo esta omisión la causa de su comprometida situación legal actual.
Una observación que se impone para evitar en el futuro la repetición de casos como Fondioc, es que el Gobierno se abstenga de designar en cargos de tanta responsabilidad, a personas que no demues-tren calificación académica y profesional del más alto nivel, debiendo por el contrario, dejar de lado a quienes por toda credencial exhiban evidencia de su ciega adhesión al régimen.
Estamos conscientes de lo cuesta arriba que será para este Gobierno, intentar poner en práctica nuestra recomendación.
El autor es abogado.
Columnas de LUIS DE LA REZA S.



















